Derechos Humanos
Carolina Prado: una jueza frente a los delitos de lesa humanidad
Por Pate Palero • 24/03/2021 12:10 • Tiempo estimado de lectura: 16 minutos
Fue la responsable de leer la sentencia de la Causa Diedrichs-Herrera, el12° juicio de lesa humanidad que se tramitó en Córdoba.
“- Jaime, ¿cómo se hace para leer un veredicto ‘a lo Díaz Gavier’?
– No, doctora. Usted tiene su estilo”.
Para nadie pasó desapercibido que la voz de la última sentencia, no tenía el tono de las causas Menéndez I y II, Comando Radioeléctrico, Megacausa La Perla, entre otros. El anterior presidente del Tribunal, Jaime Díaz Gavier, marcó impronta propia con una voz digna de arrabal tan afín a su peinado a la gomina. Carolina Prado, en cambio, parece salida de una cajita musical. Sus modos suaves, en el cuerpo leve, acompañan un trato que nunca deja de ser respetuoso y formal, a la vez que se mantiene juvenil y cercano. Para ella, asumir la responsabilidad de presidir el Tribunal de la Causa Diedrichs-Herrera[1] fue un desafío importante. “En primer lugar por el respeto y la admiración que tengo por mi colega Jaime Díaz Gavier, que fue la figura que viene llevando adelante estos juicios en la provincia de Córdoba. Tuve temor de defraudar las expectativas del propio tribunal al que yo representaba”. Un poco en broma, un poco en serio, no dudó en pedirle consejos a la hora de leer la sentencia.
– ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que tuvo que sortear? ¿Cómo interviene la cuestión de género en esta causa?El Tribunal Federal Oral Nº 1 de Córdoba cuenta con una amplia experiencia en este tipo de causas, pero en esta oportunidad debió lidiarse con la cuestión sanitaria del confinamiento. Felizmente, con la buena predisposición y colaboración de todas las partes concernidas (fiscalía, querellas y defensas) pudimos arribar a una modalidad mixta (virtual y semipresencial) que nos permitió desarrollar las audiencias sin demasiados sobresaltos. En cuanto al género, ciertamente que jugó la circunstancia del sello y la trayectoria de un tribunal integrado -hasta mi llegada- exclusivamente por hombres. ¡Creo que, al comenzar el juicio, esa idea me dio algunas vueltas en la cabeza! Me tocaba, de algún modo, cambiar esa imagen, general, de un tribunal masculino en materia de delitos de lesa humanidad.
El juicio estaba previsto para abril de 2020. La disposición de aislamiento requirió un despliegue especial de creatividad para que la causa se iniciara. “La celebración del juicio era prioritaria para el Tribunal, pero teníamos dificultades concretas. Los imputados además de ser muchos, eran grupo de riesgo, de edad avanzada. Por otra parte, más allá de la publicidad de los actos de gobierno, estas son instancias en las que siempre había mucha participación social, por la larga espera de las víctimas y familiares, por la singularidad histórica de los juicios, por su repercusión social y el fuerte contenido y la envergadura de los delitos que se debaten. Llevamos a cabo encuentros con todas las partes para pensar cómo suplir la presencialidad. Con protocolos, con todos los medios técnicos al alcance y con mucha colaboración de auxiliares, se logró la sentencia en febrero de 2021”.
– Por primera vez los juicios fueron transmitidos abiertamente. ¿Cuáles considera que fueron (o serán) los impactos sociales de esta medida en la comunidad?
– Precisamente, la modalidad virtual dio lugar a la transmisión en vivo de las audiencias, a través de la creación de un canal propio en la plataforma de YouTube. Con ello se dio cumplimiento de manera novedosa al carácter público del proceso y, por lo demás, permitió la conexión en vivo desde cualquier localización, con el único límite de la disponibilidad de señal de Internet. Como otros aspectos derivados del confinamiento, es probable que esta modalidad halle continuidad más allá de la pandemia.
Las cuestiones de género se sumaron al particular contexto en el que se desarrolló el juicio. “Más allá de que son personas mayores, con ciertas limitaciones físicas, y que este juicio se desarrolló luego de condenas ya impuestas, cuando tuve que dirigirme a ellos sentí esa pulseada que naturalmente se da más allá del formato virtual. Hay una cuestión de ejercicio de autoridad que se juega ahí, cuando se entabla la relación y ciertamente, en la vorágine por concretar la audiencia, no lo había considerado”.
Las dificultades de la virtualidad, las conexiones precarias, el contexto en el que encuentran algunos de los imputados, entre otras condiciones hicieron que algunas audiencias abundaran en una serie de clásicos post-Covid: “¿Me escuchan?”, “Por favor, abra su micrófono”, “Se me cortó, ¿puede repetir?”, “Apague la cámara para tener mejor conexión”, “Se congeló”, entre otros. En cada intervención, Carolina Prado desplegó permanentes gestos de cuidado, respeto, paciencia que para algunos/as podía vincularse con rasgos de la construcción de género. “Yo debía desarrollar la audiencia con la observancia de todas las garantías constitucionales. Ese es mi deber como magistrada, así como nada me condiciona al momento de dictar sentencia. Si bien se atienden las cuestiones personales que se tienen en cuenta para mensurar una pena, en el desarrollo de la audiencia garantizamos el cuidado que requiere cada uno de los involucrados”.
– ¿Cuál considera que es el aporte que estas causas pueden hacer a las nuevas generaciones, en un contexto tan distante al que dio lugar a los hechos que se juzgan?
– Mantener vivo el legado de las luchas por una sociedad más justa, más equitativa, más democrática, con derechos ampliados y sostenidos en el tiempo, es un verdadero desafío colectivo, en el que toda la ciudadanía y sus instituciones deben implicarse. La memoria histórica es un reaseguro para la realización de aquel modelo de sociedad, y la educación en esta dirección es su principal herramienta.
Muy buen día, su Señoría
“Buenos días. Se da comienzo a la presente audiencia correspondiente a la causa caratulada Diedrichs Luis Gustavo y otros por supuestos autores de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado y su causa acumulada …”.
Desde el Canal de Youtube del Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba, comenzaba a emitirse la imagen de la sala de audiencias. Algunos meses antes el equipo que se desempeña en el noveno piso del edificio federal había expresado preocupación ante algunas dificultades que ponían en riesgo la realización del juicio. Con similar tono y firmeza, esa misma voz había hecho una afirmación con validez de ultimátum: “El 9 de setiembre vamos a estar sentados en la Sala de Audiencias”. Ni una pandemia mundial era justificativo para convencer a la jueza de posponer una causa que esperaba justicia desde hacía más de 30 años.
La perseverancia fue cultivada desde su lugar de hija mayor de una familia que no era oriunda de Córdoba, con una mamá aguerrida que enviudó tempranamente y debió afianzarse con sacrificio. Ella la educó en la convicción de “dar siempre lo mejor”: buena alumna en la escuela y escolta en la facultad, trabajadora temprana en un estudio jurídico de renombre.
– ¿Qué podría decirnos sobre usted? ¿Cómo hablaría de sí misma?
– Un aspecto con el que se me ocurre ahora que podría definirme a mí misma, dicho esto sin ningún narcisismo, es mi capacidad de trabajo y de compromiso con mi labor. Probablemente es la cualidad que más me ayuda a la hora de disimular mis carencias y atenuar mis limitaciones.
“Narcisismo” no es un atributo que hayamos registrado asociado a su nombre. Fuentes tribunalicias autodenominadas como “la SIDE del bien”, afirman que en los pasillos la describen con adjetivos como: «cálida», «buena persona», «divina”, etcétera. Con poca experiencia en despachos de altos funcionarios, la corresponsal por su parte no puede evitar tomar nota del clima cordial con que la reciben y la familiaridad con la que E. sirve el café “especial para la mañana”.
– ¿Cómo recuerda el momento en el que decidió asociar su futuro a las leyes, a la justicia?
– Entiendo que es bastante común, para quienes deben decidir una carrera profesional a los 17 años, que sea un momento de incertidumbre y confusión. Mi caso no fue diferente, y dudé entre la carrera de Letras y la de Derecho. A veces suelo decirme, jocosamente, que tal vez me equivoqué; pero ya no tiene remedio. Imagino que debe ser bastante menor el porcentaje de jóvenes que cuentan con un 100% de certeza en tal encrucijada.
La pregunta por la vocación persiste aún en la magistrada, tras una vida dedicada al estudio, la docencia y el ejercicio del Derecho. Recién egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, aplicó a una plaza para realizar un máster sobre “Sistema Penal y problemáticas sociales”, dirigido por Roberto Bergalli e Iñaqui Rivera Beiras en la Universidad de Barcelona. Accedió a esa instancia de postgrado, con un grupo reducido de estudiantes de diferentes orígenes que abordaban temáticas como cárceles, drogadicción, medios de prensa y género, entre otros. Posteriormente, en la misma Universidad le ofrecen doctorarse en Derecho Penitenciario.
Hoy es docente de Derecho Penal en primer año de la Facultad de Derecho (UNC), frente a esos jóvenes de 17 años que están estrenando algo que se supone podría ser su misma “vocación”. Pese a tantos años de formación, y tantos de experiencia profesional, confiesa seguir cuestionándose regularmente sobre: ¿qué podría ofrecerles?, ¿qué puedo darles?, y nos preguntamos hasta qué punto ese cuestionamiento no responde a la autoexigencia tan propia de las mujeres que acceden con esfuerzo lugares de poder.
– ¿En qué planos de su vida personal advierte que influyeron los mandatos de género?
– Mi formación en el ámbito familiar fue muy clara al respecto: hermanos y hermanas con las mismas responsabilidades, cargas y derechos. Mirando atrás, seguramente esta experiencia nos confirió herramientas válidas y una perspectiva consciente para movernos en otros ámbitos, el escolar, el social, etcétera. Desde temprano pudimos hacer nuestras elecciones, exentos de los condicionamientos y mandatos propios de una sociedad tan conservadora y patriarcal como la nuestra. En este sentido, en mi familia, fuimos en cierto modo unos privilegiados.
La primera dosis de perspectiva de género como formación teórica le fue inoculada en sus estudios de posgrado catalanes. Allí fue alumna de Encarna Bodelón, en la cátedra Derecho Penal y Género.
De regreso a Argentina fue parte del momento fundacional de la Oficina de la Mujer impulsada por la doctora Carmen Argibay. El nombre de aquella señora mayor, con aspecto de abuelita buena, que se autodefinía como “atea militante”, aparece antes incluso de comenzar la entrevista. La actual jueza reconocerá el valor de quien introdujo los primeros lineamientos para el abordaje de la violencia de género en el Poder Judicial argentino.
Cuando NiUnaMenos no era siquiera un hashtag y la Ley Micaela no estaba en ningún plan, la doctora Argibay inició, desde la Corte Suprema, un trecho de ese recorrido que habilitará años después a “la revolución de las pibas”. Cuando el machismo extremo se nombraba con eufemismos como crimen pasional, la recién creada Oficina de la Mujer convocó a representantes de todas las provincias. Carolina Prado fue parte de ese silencioso pero tenaz equipo federal, al que concurrió junto a otras dos cordobesas: Analía Reyes y María Cecilia Manzano. Recibieron formación y materiales para trabajar como replicadoras en las diferentes jurisdicciones. “Era algo muy novedoso. Más allá de que hubo decisiones de política institucional que acompañaron, hubo mucha dificultad para implementarlo”. Entre las discusiones que debieron sortear las “replicadoras”, desde su actual despacho en Tribunales Federales, Carolina recuerda, como ejemplo, el horario de las capacitaciones. “Había que hacerlas fuera del horario de oficina, para no distraer el trabajo cotidiano. Luego -con mucho esfuerzo- se declaró la obligatoriedad”.
– ¿En qué medida condicionaron su carrera las estructuras patriarcales de la justicia?
– Por lo general, creo que la carrera de las mujeres -y, en términos generales, nuestras posibilidades de desarrollo en la sociedad- se ha construido y se construye a partir de nuestra capacidad para superar obstáculos, pequeños y grandes, y de fortalecernos en ese ejercicio cotidiano. Es verdad que ha habido muchas generaciones de mujeres por detrás de la nuestra que han hecho posible este avance actual de la mujer; muchas pioneras que nos han ido desbrozando el camino. Pero no todo está hecho, evidentemente, y es preciso seguir haciendo «camino al andar», como escribió Machado. Desde luego que el Poder Judicial no ha sido ajeno al modelo patriarcal, pero este ámbito va renovándose -lentamente, es cierto- y apuntando a una presencia más equitativa y respetuosa de los saberes y capacidades de las muchas mujeres que trabajamos en sus diversos estamentos.
Como muchas, Carolina, naturalizó las dificultades, sin advertir que pudieran estar asociadas a su condición de género. “A mí me encantaba el derecho penal, pero había una idea de que eso no era para mujeres: tratar con presos, ir a las cárceles… profesores y colegas me decían que eso no era para mujeres, me bajaban la persiana”. Estos prejuicios, no fueron obstáculo para que desarrollara una carrera académica de excelencia, obteniendo uno de los promedios más altos de su promoción en la Facultad de Derecho. Posteriormente concursó e ingresó en la Justicia provincial, que tampoco le ahorró discriminaciones. “Me han visto como una persona sensible, delicada. Como si se pusieran en tela de juicio mi capacidad para lidiar con policías, con el servicio penitenciario, con los presos. El derecho penal y la justicia federal siguen siendo ámbitos ‘masculinos’”. Al pasar a la Justicia Federal, la esperaba un tribunal que nunca había sido integrado por una mujer. Un cuerpo con 35 años de funcionamiento, donde hasta entonces no hubo un nombre femenino. “Supe que se generaba un reacomodamiento de fuerzas y sentí que tenía que ganar un espacio y ser inteligente en cómo hacerlo. No sé si un hombre se pregunta eso. Yo creo que no”.
Incluso, en algún concurso con un centenar de postulantes, cuyos 10 primeros lugares fueron logrados por mujeres (la doctora Prado en el número 1), tuvo que escuchar un comentario de “cupo al revés”: “Tenés suerte porque sos mujer y estaba cantado que iban a designar una mujer”.
Nunca más violencia de género
La entrevista tiene lugar en medio de un recrudecimiento de las cifras de violencia de género. Desde el primer momento, Carolina Prado demuestra su preocupación por el tema. “Tenemos que actuar urgente, porque cada inacción es carísima e irremediable. Hay que disponer de recursos, ser creativos. Las restricciones no están siendo suficientes. Si bien hay mayor visibilidad de los casos y las mujeres están denunciando estos hechos, seguimos presenciando finales trágicos, y esto nos produce mucha preocupación. De todas formas, creo que las mujeres debemos confiar en el Estado. Más allá de las ineficiencias, de los errores, de las reacciones tardías. El Estado hoy es lo único que puede salvarnos. Y quienes ocupamos lugares en sus diferentes ámbitos, estamos obligados a estar a la altura de las circunstancias. Es un momento para repensar con rapidez, inteligencia, creatividad y compromiso”.
– ¿Qué diferencias y similitudes puede encontrar en el abordaje de los delitos de lesa humanidad y de la violencia de género como políticas de Estado?
– El lógico desarrollo de la forma democrática y social del Estado de Derecho ha sido, a través de las décadas, el de la ampliación de derechos, y por ello es que se habla de derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero el camino de la democracia está empedrado de dificultades, y todo lo ganado debe ser actualizado y reafirmado permanentemente a través de la participación ciudadana y el compromiso institucional. Encuentro como rasgo común de estas políticas de Estado el hecho de haber sido producto de intensos debates políticos, marchas y contramarchas institucionales, que forman parte ya de lo que ha sido la maduración democrática de nuestro país. Pero, muy en especial, hay que subrayar que ambas son el producto de una lucha que no conoce de claudicaciones, tanto por parte de sus principales protagonistas, como tampoco del acompañamiento de una amplia mayoría de la sociedad.
En el último tiempo los reclamos de muchos movimientos feministas apuntan al Estado. Carolina Prado reconoce la potencia de esa intervención y también su insuficiencia. “El problema lo tiene el Estado. Hay que establecer los puentes y tienen que ser concretos, eficientes y reales. Me consta el trabajo serio del Gobierno de Córdoba, con el Polo de la Mujer, de acompañamiento, de recepción, articulado con el Poder Judicial también. Pero no están siendo suficientes los mecanismos que tenemos. Ninguna autoridad judicial, ejecutiva o legislativa puede distraerse de este tema tan actual y de tanta gravedad”. Sus palabras resuenan en medio de ese edificio gigante, y ella registra el lugar desde el que habla. “Yo pienso en la vulnerabilidad de estas mujeres. La desprotección que deben sentir debe ser mayúscula. Las comprendo. Si yo muchas veces me siento alejada de los mecanismos del Estado, imagino lo que puede pensar una persona como ciudadana común, que no sabe a dónde acudir, a quién llamar”.
– ¿Cree que la judicialización de los conflictos derivados de la desigualdad de género son el único/mejor camino? Más allá del eventual castigo del agresor, ¿qué puede aportar la Justicia?
– Dicho en términos muy amplios, sería deseable que el recurso del derecho penal y del sistema penal en una sociedad fuese su ‘última ratio’, es decir, que otro tipo de instancias previas contribuyeran a la resolución de los conflictos. Está visto que el Poder Judicial, más allá de los efectos derivados de un proceso penal, no cuenta por ahora con suficientes herramientas para encauzar de manera más eficaz el problema de la desigualdad y la violencia de género. Entiendo que se requiere del esfuerzo convergente de las diversas agencias del Estado que, lamentablemente, por el momento parecen ir muy por detrás en esta emergencia, que sigue golpeando día a día.
[1] El 9 de septiembre comenzó el 12 juicio por Delitos de Lesa Humanidad en nuestra provincia, que investiga y juzga el accionar del Terrorismo de Estado. Este proceso judicial tiene 18 imputados y 43 víctimas de las cuales solo 9 sobrevivieron. 34 fueron asesinadas o aún continúan desaparecidas.
