Aborto legal
IVE: fuerte crítica al fiscal general de la provincia de Córdoba
La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba repudia enérgicamente la intromisión del fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, en relación a la aplicación de la Ley Nacional N° 27610, en la Provincia de Córdoba. Afirman su plena vigencia “por más disgusto que le cause a algunos varones retrógrados, que atrasan, imponen y vulneran el derecho a decidir.”
Por Redacción PrensaRed • 22/08/2021 08:00 • Tiempo estimado de lectura: 4 minutos
La mencionada Ley 27.610 regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y la atención postaborto. Las disposiciones de la norma son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina. Por lo tanto tiene plena vigencia en la provincia de Córdoba y habilita a que “todas las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, por más disgusto que le cause a algunos varones retrógrados, que atrasan, imponen y vulneran el derecho a decidir”, expresa el comunicado emitido por la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.
Vale destacar que la organización reacciona ante el dictamen no vinculante que lleva la firma del fiscal General Juan Manuel Delgado, y de su adjunto Pablo Bustos Fierro, quienes piden que se suspenda la aplicación de la IVE en Córdoba; reconociéndole al legislador y titular de la ONG Portal de Belén, Aurelio García Elorrio, la representación colectiva de “los niños por nacer” y “los niños no deseados”. Tal resolución produjo el repudio de varios sectores como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto-Córdoba y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias penales y sociales (INECIP) entre otros.
“¿Cómo no repudiar el avasallamiento de un poder del sistema republicano sobre otro? ¿Cómo no defender (nos) de tal afrenta al producto de debates y fundamentaciones serias donde cada postura tuvo su espacio para construir democráticamente? ¿Cómo callar ante tal desprecio por el funcionamiento de un sistema que logramos reconquistar y que nos costó tantas muertes y desapariciones?”, interpela críticamente la organización defensora de los derechos humanos.
En esa línea cuestiona y denuncia al Cordobesismo por no respetar “la necesaria independencia de los tres poderes del Estado” cuando se trata de derechos conquistados “con participación ciudadana y debates serios y respetuosos, mediados por nuestras/os representantes en las cámaras del Congreso de la Nación”. Enfatiza que “el Poder Ejecutivo DEBE programar su real ejercicio por parte del pueblo y el Poder Judicial DEBE controlar que se cumpla” y aclara que “no está entre sus funciones poner en tela de juicio una ley nacional vigente y gestada con todas las garantías constitucionales.”
Cabe destacar –agrega el comunicado- que el funcionario “fue recusado oportunamente por las organizaciones participantes y que a 5 meses de ello aún el Poder Judicial no se ha expedido al respecto. Poder Judicial que “filtró” la información a la prensa sin que las partes fueran oficialmente informadas”, sostiene, el parte de prensa.
Texto completo
“La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba repudia enérgicamente la grave intromisión del poder judicial en el trabajo y dictamen del poder legislativo.
“¿Cómo no repudiar el avasallamiento de un poder del sistema republicano sobre otro? ¿Cómo no defender (nos) de tal afrenta al producto de debates y fundamentaciones serias donde cada postura tuvo su espacio para construir democráticamente? ¿Cómo callar ante tal desprecio por el funcionamiento de un sistema que logramos reconquistar y que nos costó tantas muertes y desapariciones?
“Es en este marco de análisis que fijamos posición sobre la opinión del fiscal general en contra de la aplicación de la Ley Nacional N° 27610 en la Provincia de Córdoba. Fiscal que, al momento de asumir su cargo público, adelantó posición sobre este tema y de este modo quedó inhabilitado para actuar en el mismo. Fiscal que fue recusado oportunamente por las organizaciones participantes y que a 5 meses de ello aún el Poder Judicial no se ha expedido al respecto. Poder Judicial que “filtró” la información a la prensa sin que las partes fueran oficialmente informadas.
“Es esta forma del cordobesismo que repudiamos; este desprecio ofensivo por la necesaria independencia de los tres poderes del Estado y repetiremos hasta el cansancio que los derechos se conquistan con participación ciudadana y debates serios y respetuosos, mediados por nuestras/os representantes en las cámaras del Congreso de la Nación; el Poder Ejecutivo DEBE programar su real ejercicio por parte del pueblo y el Poder Judicial DEBE controlar que se cumpla; no está entre sus funciones poner en tela de juicio una ley nacional vigente y gestada con todas las garantías constitucionales.
La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tiene plena vigencia en Córdoba: todas las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, por más disgusto que le cause a algunos varones retrógrados, que atrasan, imponen y vulneran el derecho a decidir.”
