Sociedad
Con fuertes críticas a la investigación, se cumple un año del crimen de Cecilia Basaldúa
El padre de la mujer, abusada sexualmente y asesinada hace un año en Capilla del Monte, cuestionó la investigación realizada por la fiscalía porque «buscar proteger a los responsables».
En una movilización que se realizó el sábado en Capilla del Monte, Daniel Basaldúa agradeció el involucramiento de la población y solicitó «a la gente de Capilla del Monte que se involucre más. Porque los asesinos de Cecilia están caminando acá entre ustedes, de eso estoy seguro”. Basaldúa participó de la marcha que partió del Jardín de la Memoria en Plaza San Martín y se trasladó a las puertas de la comisaría de la ciudad serrana.
La movilización estuvo organizada por el Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte, y el colectivo feminista Abya Yala, que cuestionaron a «la justicia patriarcal sin mirada de perspectiva de género en su más acabada expresión».
Al tomar la palabra, Basaldúa cuestionó la investigación realizada por la fiscalía porque «buscar proteger a los responsables y a dos policías que estarían involucrados» y pidió que se determine quiénes fueron las últimas personas que estuvieron con su hija, a las que vincula con una posible «red de trata o de drogas”.
En Plaza de Mayo
Ayer, en tanto, el reclamo se trasladó de Córdoba a las puertas de la Casa Rosada. “A un año de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de Cecilia nos encontramos en Plaza de Mayo para exigir verdad y Justicia por Cecilia Gisella Basaldua. No vamos a parar hasta que quienes son culpables estén en la cárcel”, señaló la convocatoria.
Cecilia Basaldúa desapareció el 5 de abril en Capilla del Monte. La mujer de 35 años, oriunda de Buenos Aires, había arribado a esa localidad antes de la cuarentena con el objetivo de escribir un libro que reflejara sus viajes por Latinoamérica. Luego de 20 días de rastrillajes, su cuerpo fue hallado en un sector rural de difícil acceso cerca de un basural y con signos de violencia física.
La fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, dio por cerrada la investigación por el femicidio y pidió la elevación de la causa a juicio, lo que fue duramente cuestionado por la querella, que denunció “encubrimiento” y elevó un recurso de oposición. La causa tiene como único acusado al albañil Lucas Bustos, quien vivía cerca de donde encontraron el cuerpo de Cecilia. El joven de 23 años se encuentra detenido desde fines de abril de 2020, acusado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa”. El cierre de la etapa de instrucción se produjo luego de que la fiscal indagara en calidad de testigo a Mario Gabriel Mainardi, el principal sospechoso para la familia de Basaldúa, pues se trata de la persona que alojaba a Cecilia en Capilla del Monte y quien la vio por última vez antes de que desapareciera aquel 5 de abril.
«No se investigaron circunstancias muy importantes. Nuestra sospecha es que no se busca el esclarecimiento. Se desvió la investigación para proteger a los responsables. No se investigó a las últimas personas que estuvieron con mi hija. Tampoco se conoce dónde estuvo y con quiénes» entre el 5 de abril de 2020, cuando desapareció, hasta el 25 del mismo mes cuando fue encontrada asesinada, manifestó el padre de la víctima.
«Prácticamente todos nuestros pedidos y nuestros aportes han sido desestimados. No se investigó la posibilidad de red de trata o de drogas detrás de crimen, tampoco se profundizó sobre una de las últimas personas que estuvo con ella», apuntando en ese sentido a un hombre rosarino de 47 años que alojó a Cecilia en su casa de Capilla del Monte hasta que desapareció (Mario Gabriel Mainardi).
En idénticos términos se expidió la abogada Daniela Pavón, querellante en representación de la familia Basaldúa, al calificar de «desastrosa» la instrucción de la causa: «A un año estamos en el mismo punto del inicio de la investigación». «Hoy no hay pruebas que conduzcan al esclarecimiento, ni pruebas que involucren a Lucas Bustos», sostuvo la letrada. Con esa mirada, planteó su «oposición» a la elevación a juicio de la causa, que aún debe resolver el Juzgado de Control de Cosquín, y sin bien la única parte legitimada para hacerlo es la defensa del imputado, la querella recurrió a atacar de «inconstitucionalidad» al artículo 357 que determina esa restricción procesal.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, también querellante en la causa, recibió el pasado 9 de abril a los padres de Cecilia y en esa oportunidad también se pronunció en contra de cerrar la investigación.
