Ciudadanos

Córdoba no logra frenar la inseguridad

Por Redacción ACN • 04/06/2021 00:01 • Tiempo estimado de lectura: 7 minutos

En un informe publicado recientemente por Grupo Cañada, se plantea la necesidad de revisar las políticas implementadas en Córdoba en materia de seguridad.

Una política criminal integral, reentrenamiento, nuevos planes de capacitación del personal, rediseño del patrullaje y control de las actuaciones policiales urgen en las políticas públicas para frenar el flagelo.

Desde hace más de diez años, la cuestión de la seguridad es protagonista de las políticas públicas en Córdoba.  En este período se produjeron importantes cambios, a nivel organizacional, normativo y a nivel cuantitativo, en cuanto al crecimiento del personal policial.

En un informe publicado recientemente por Grupo Cañada, se plantea la necesidad de revisar las políticas implementadas, de plantear nuevas articulaciones interestatales incluyendo a los espacios académicos y de organizaciones sociales a los fines de poder incidir en la reducción de tasas preocupantes, como la del robo, y de lograr políticas más eficaces en general para la comunidad en su conjunto.

¿Qué dicen los datos?

Según los datos analizados por Valeria Plaza, Magdalena Brocca y Susana Morales, investigadoras de la UNC y parte del Grupo Cañada, existe una tendencia estable del homicidio (que se mantiene por debajo de la media nacional, incrementándose levemente el uso letal de la fuerza analizando las modalidades actuales: desplazamiento de casos del encierro hacia “la calle”, del interior a mayor concentración en capital y de casos de “civil” a casos en servicio policial). Por otro lado, una reducción de la tasa de detención contravencional, pero con profundización del hostigamiento policial y un leve decrecimiento de la tasa de efectivos policiales.

Lo que preocupa son aquellos datos que presentan incrementos, como lo es el delito de robo con un alza sostenida. Este hecho significativo de los atentados contra la propiedad se mantiene por encima de la tasa nacional. Otro punto es la población carcelaria, con preocupantes datos en relación a las y los detenido/as por narcomenudeo y por encima de la media nacional.

“Si el objetivo es reducir el crecimiento de aquellos hechos como el robo, que se mantienen en incremento, se deben implementar otras políticas preventivas y no se puede seguir apelando sólo a la privación de la libertad, ya que esto se presenta por un lado como ineficiente y por otro, resulta muy costoso tanto en términos económicos como en vulneración de derechos humanos” afirma Valeria Plaza y agrega: “En nuestra provincia, en la última década se vienen registrando mayores tasas de encarcelamiento pero eso no influye ni logra que deje de crecer la tasa de los delitos que más encierra (robo). Hay que preguntarse entonces si la propuesta es producir más detenidos o reducir el crecimiento del delito. Si la respuesta es lo segundo, urge cambiar el rumbo”.

Políticas implementadas

Tal como expresa el informe Seguridad e Inseguridad en Córdoba – 2010-2020”, la definición de las políticas de seguridad se caracteriza por vaivenes que van desde intervenciones violentas y focalizadas a apelaciones preventivas y democráticas. Por un lado funcionan cuerpos especiales de patrullaje de grandes áreas con una impronta fuertemente militarizada (CAP, ETER, y las áreas especializadas en narcomenudeo), y por otro, de manera más reciente, la creación del Programa de Policía Barrial y Consejos Barriales. Así, conviven unidades de patrullaje territorial, operativos de intervenciones focalizadas, con iniciativas de gestión comunitaria que intentan redefinir cuál es el problema de la seguridad, quiénes tienen que gestionarlo y cuáles son sus causas, problematizando el acceso a derechos a través del urbanismo social.

En Córdoba se realizaron dos transformaciones legislativas de importancia: en diciembre de 2015, la ley Nº 10.326, denominada Código de Convivencia Ciudadana, que incorpora algunos avances en relación al anterior Código de Faltas (Ley 8.431 y sus modificatorias), aunque no logra subsanar la inconstitucionalidad denunciada por numerosas organizaciones y especialistas, ya que aún mantiene en su redacción figuras vagas y ambiguas que posibilitan la arbitrariedad policial a la hora de decidir la detención. El otro debate legislativo es la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, sancionada en 2005 y modificada en 2017 y en 2020. La primera modificación consolida el marco normativo para las transformaciones de la política de seguridad que ya venía desarrollando el gobierno provincial desde diciembre de 2015: la conformación de la Policía Barrial y los consejos barriales. La segunda modificación de esta ley propone la creación de un Consejo de Política Criminal y Gestión de las Fuerzas de Seguridad, integrado por el Ministerio Público Fiscal y los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos. Esta última modificación normativa estuvo acompañada de la propuesta de creación de un nuevo Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.

¿Cuál es la propuesta de Grupo Cañada?

El espacio conformado por militantes, investigadorxs, docentes y trabajadorxs que tienen la intención de aportar propuestas para el diseño y la gestión de políticas públicas en Córdoba propone como primer eje, profundizar los cambios en la política policial, pero enmarcados en cambios de una política criminal integral. Respecto a la implementación de reformas policiales de fondo, y teniendo en cuenta los recientes anuncios de ampliación de tiempo en la formación de las fuerzas, consideran que se deben revisar los planes de capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento que apunten a la profesionalización y a la utilización de la fuerza letal como último recurso (es decir no sólo un protocolo cuando ya son agentes, sino incorporarlo en la formación para mejorar la destreza teniendo en cuenta los datos de violencia policial letal analizados). “No es sólo una cuestión cuantitativa de horas de formación sino cualitativa, qué temas y ejes se van a incluir y modificar en la formación actual frente a los nuevos y viejos conflictos; cómo se prepara a los efectivos policiales para intervenir en delitos complejos como el narcotráfico, desarrollando y participando junto con el Ministerio Público Fiscal en investigaciones que no se queden sólo con el último eslabón de la cadena de esas economías” afirma la investigadora.

Valeria Plaza, Grupo Cañada (Prensa Grupo Cañada)

Para lograr mayor efectividad en la reducción de los atentados contra la propiedad, plantean la necesidad de rediseñar el patrullaje y resignificar el rol específico de la policía. ¿Cómo abordar de manera integral y no sólo policial y desde una perspectiva securitaria los problemas y conflictos sociales?, para ello proponen repensar la función policial en los contextos actuales, donde se pone en tensión el rol de cuidado que ejercen desde algunos cuerpos policiales (policía barrial) y en situaciones como la pandemia, considerando los roles y las formas de intervención de otras áreas del estado.

Por último, de la investigación surge la necesidad de desarrollar herramientas más eficaces de control de la actuación policial, en tanto el respeto por los derechos humanos debe convertirse en un indicador central de la eficacia policial. Plaza sugiere la producción de información estadística y cualitativa, sistematizada y de acceso público, sobre el funcionamiento policial (lo que incluye pero excede a las estadísticas sobre delitos comunes) y que debe ser supervisada por otros actores estatales y sociales.

“Urge una reforma en la política de seguridad integral, que no esté sólo dirigida a cambios en las fuerzas de seguridad, sino que se plantee cambios en relación con el poder judicial y legislativo. La reconducción política debe ser sobre toda la política criminal y no sólo sobre la política policial. Esta reconducción política debería además fortalecer diálogos con otros actores sociales locales (académicos, sociales y técnicos) para construir metas e indicadores públicos para reducir el crecimiento del delito y las tasas de encarcelamiento” enfatiza Plaza.Para ver el informe completo podés ingresar al siguiente LINK.