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Desalojo, desinformación y mentiras

La falta de tierra para viviendas populares fue ocultada por la violenta expulsión de miles de familias del predio de Guernica.

Las familias que ocupaban el predio de Guernica, en Buenos Aires, fueron desalojadas por orden judicial.

El sábado 31 de octubre, el gobernador Axel Kicillof,  anunció un plan para la creación de nuevos barrios, viviendas y acondicionamiento de lotes con servicios para la construcción, con una inversión aproximada a los doscientos millones de pesos, con el objetivo de resolver el problema habitacional en la provincia de Buenos Aires. Se trata del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que se extenderá hasta el 2023 y que  incluye 50 mil viviendas y más de 91 mil lotes con servicios destinados a la construcción de casas en todo el territorio provincial.

 “Hoy ponemos en marcha un proceso de solución a un problema que lleva décadas. El problema habitacional no se va a solucionar en los próximos meses, pero hay que empezar a hacerlo en forma paulatina, porque el acceso a la vivienda es una parte constitutiva y permanente de la historia de la provincia”, explicó Kicillof en el acto en el que se presentó la iniciativa advirtiendo  que la necesidad de viviendas en la provincia de Buenos Aires “no significa que se pueda avanzar sobre los derechos de los demás porque tomar tierras no es la solución”.

Este anuncio fue formulado cuando los restos de la quema provocada por el desalojo aún humeaban en Guernica. Ya habían pasado más de dos meses desde que –el 20 de julio- una cantidad de familias estimada extraoficialmente en unas 2.500 habían ocupado un terreno de unas 200 hectáreas cuya tenencia es reclamada por tres supuestos propietarios: el productor agropecuario Guido Giani (dueño de 300 hectáreas que no fueron ocupadas en su totalidad), una familia que cría animales en sus terrenos encabezada por Vilma Enríquez y una firma que tiene previsto instalar allí una laguna sobre terrenos que son inundables (ya que están cruzados por dos arroyos) y canchas para la práctica de deportes de los habitantes del countrie San Cirano, que desarrolla la firma Campos del Bellaco en tierras aledañas.

Por orden del juez de Cañuelas, Martín Rizo,  el viernes 30 de octubre la toma fue desalojada contando para ello con la asistencia de la policía bonaerense. El magistrado, que había accedido anteriormente a otorgar un par de postergaciones, dado que el gobierno de Buenos Aires estaba realizando acciones para acercar soluciones a los que permanecían en los predios ocupados, se negó a otorgar un nuevo plazo.

Represión y acusaciones falsas

Las cruentas imágenes del desalojo forzoso no tardaron en reproducirse velozmente en los medios y en las redes sociales. Kicillof, acusó entonces a organizaciones de izquierda de impedir que se llegara a acuerdos con los ocupantes. Explicó que al momento del desalojo se habían ido la mayoría de ellos por las negociaciones que impulsó su gobierno y cuestionó a las organizaciones de izquierda a las que acusó de que “nunca dejaron entrar a la toma a los funcionarios del gobierno” para asistir a las familias. Las organizaciones que apoyaban la toma desde fuera y de adentro mismo del predio –en especial el Polo Obrero- comenzaron a difundir entonces noticias en las que se acusaba a Kicillof de “asesino” y aseguraban que en el medio de la violencia policial habían muerto dos mujeres: una de ellas –que estaba embarazada- quemada dentro de su casilla y otra asfixiada por los gases. Ninguna de estas versiones pudo ser corroborada e, incluso, no fueron pocos los testigos que afirmaron que fueron las propias organizaciones las que incendiaron las precarias viviendas, habida cuenta de las imágenes que muestran cómo –cuando ingresaron las fuerzas represivas- ya podía advertirse humo dentro del predio.

El gobierno de Buenos Aires insiste en que fue prioritario buscar una salida para evitar el desalojo forzoso que finalmente se produjo. “Nos causó dolor que se haya llegado a esa instancia que tanto hicimos para evitar. Desde el comienzo se trabajó para brindar soluciones estructurales a todas las personas que estaban en Guernica, sin embargo nos encontramos por parte de algunas de las organizaciones con la decisión de obstaculizar cualquier acuerdo”, señalan en la página web institucional. Frente a la consigna levantada por las organizaciones y ocupantes, de lograr “tierra por tierra”, la provincia se comprometió a otorgarla en un tiempo “razonable”, medida que se concretaría en el marco del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, anunciado lamentablemente cuando las casillas ya habían sino arrasadas por las topadoras.

Medidas que nadie comunicó

Una comisión interministerial del Ejecutivo Provincial había acercado una propuesta para la desocupación voluntaria que tenía alta aceptación a mediados de octubre, alcanzando a casi el 20% de las familias, en el marco de un plan aprobado oportunamente por el juez Rizzo.

La primera fase del plan de contingencia se concretó con la realización del censo a los ocupantes del predio, cuyos resultados se presentaron el 21 de septiembre; y una segunda fase -basada en la elaboración de un registro para dar respuesta adecuada a cada situación particular- debería plasmarse en un acta compromiso, por la cual el Ministerio de Desarrollo se comprometía a dar una respuesta a la necesidad urgente y a la resolución definitiva en un tiempo posterior.

Entre las distintas acciones, se registraron y comenzaron a abordarse situaciones de violencia de género: 116 casos correspondientes a la toma y 19 casos de mujeres de Guernica. De los 116 casos registrados en la toma, se constató que 107 mujeres tienen hijas e hijos, resultando ser 356 las niñas y niños, de los cuales 135 se encontraban en la toma. El total de menores de edad llegaba a 182. Se trabajó en la atención integral de estos casos para la adopción de medidas cautelares, apoyo psicológico, asistencia social y derivaciones de temas relacionados con niñez.

Paralelamente con esto, se avanzó también con propuestas según los reclamos de la mesa conformada por las organizaciones de la toma: subsidios para alquileres, ampliación y refacciones de viviendas de origen, refugio para personas en situación de calle, refuerzo en el presupuesto del área social del Municipio Presidente Perón (cuya cabecera es Guernica) y un predio para la reubicación hasta la solución de fondo: 3 mil lotes con servicios para el distrito, una parte de los cuales se destinarán a las familias de la toma.

Asimismo, se estableció la constitución de 6 dispositivos de emergencia, estos son 3 dispositivos cerrados –la Casa de la Niñez, el Club de la Juventud y el Comedor La Esperanza- y tres dispositivos abiertos. En la Casa de la Niñez fueron alojadas siete familias con niños, en el Club de la Juventud 30 hombres solos y en el comedor La Esperanza se montó una carpa estructural, con carpas y duchas, para recibir a otras familias. Según informaron las distintas áreas de gobierno, muchas de las familias que no estaban en la calle retornaron a los hogares que habían abandonado. Todos los detalles de los dispositivos transitorios de Guernica se encuentran resumidos en un documento, disponible en https://drive.google.com/file/d/1NsscK44FNwdavlfEu KaWTydd9JJ8WOW/view?usp=sharing