Derechos Humanos
Desigualdad laboral y derecho al cuidado
Por Myriam Mohaded – Prensa Red • 06/03/2021 00:01 • Tiempo estimado de lectura: 11 minutos
Un estudio que indaga acerca de los avances y las deudas que registran los sindicatos y las organizaciones de la economía popular en materia de cuidados.
“Desigualdad laboral y derecho al cuidado. Avances y deudas de las organizaciones del trabajo en la provincia de Córdoba”, es un estudio que indaga acerca de los avances y las deudas que registran los sindicatos y las organizaciones de la economía popular en materia de cuidados, así como los principales intereses, preocupaciones y concepciones respecto del cuidado que orientan su acción. Además, nos invita a pensar en clave desafíos para transformar las desigualdades de género. Dialogamos con Leticia Medina, coordinadora del equipo de investigación.
El empuje del movimiento feminista de los últimos años, el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral y en las organizaciones del trabajo, tanto como la voluntad y esfuerzo de articular nuevas estructuras entre sindicatos y trabajadoras de la economía popular, “no necesariamente tiene como efecto el involucramiento y compromiso de estas organizaciones con el tema de los cuidados”.
En ese marco, la investigación se propuso conocer y valorar los avances −así como las omisiones y deudas− que registran los sindicatos y organizaciones de la economía popular en materia de cuidados, atendiendo a los principales intereses, preocupaciones y concepciones que al respecto orientan la acción de sus estructuras orgánicas.
El estudio surge del equipo de investigación “Sentidos en torno a los cuidados en el universo sindical”, cuya investigación se diseñó en conjunto con la Intersindical de Mujeres de Córdoba y contó con el financiamiento de Fundación Friedrich Ebert – Argentina. El trabajo investiga, analiza y reflexiona acerca del cuidado como derecho, la participación de las mujeres y la necesidad de construcción de una agenda ciudadana y social con perspectiva de género. De la investigación participaron catorce sindicatos, y dos organizaciones de la economía popular en las que se realizaron unas cuarenta y nueve entrevistas.
A través del trabajo se indagan los modos en que se hace presente este tema en un conjunto de organizaciones de trabajadores y trabajadoras de Córdoba nucleadas en la Intersindical de Mujeres, para dar cuenta de las transformaciones en sus estrategias y agendas en el horizonte de avanzar hacia la equidad y la ampliación de derechos en clave de géneros. Dialogamos con doctora en Ciencias Sociales, Leticia Medina, coordinadora de la investigación, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) e integrante de la Comisión Directiva de ADIUC (Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba) .
-El cupo sindical y la existencia de espacios institucionalizados que den cuenta de los reclamos de géneros son algunos de los aspectos que se vienen trabajando hasta ahora en las organizaciones gremiales. ¿Hay algunos otros temas que estén marcando agenda?
La cuestión de la participación de las mujeres en las organizaciones sindicales sigue siendo un tema central, porque si bien hay avances importantes en la institucionalización de espacios de género y en la incorporación de temas de género en las agendas sindicales, todavía la subordinación de las mujeres -y ni hablar de otras identidades de género- en el mundo sindical es una realidad insoslayable.
No obstante, desde hace un tiempo no muy largo la irrupción de los feminismos en todos los ámbitos de la vida social, y también en las organizaciones del trabajo, ha permitido desenfocar esa preocupación casi exclusiva por el protagonismo de las mujeres en las conducciones sindicales. De esa manera, el tema central de la violencia machista viene siendo asumido también en los sindicatos a partir de reconocer a la violencia laboral como un problema que hace a las condiciones de trabajo, que vulnera los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que suele tener de manera bastante generalizada un componente de género.
-¿Cómo influyó el contexto de pandemia?
Más recientemente -y con un énfasis especial en el contexto de la pandemia- se viene instalando la cuestión del cuidado como una dimensión clave de la vida de las familias trabajadoras. ¿Cómo resuelven mujeres y varones los procesos vinculados con la reproducción de la vida familiar, como la higiene y mantenimiento del hogar, la preparación de la comida, el cuidado de niños y niñas, el acompañamiento y cuidado de los adultos mayores? ¿Cómo se garantizan todas esas actividades que son condiciones para que los y las trabajadoras puedan presentarse cada día en sus trabajos y desarrollar sus tareas durante 6, 8 o 10 horas sin interrupciones? Históricamente, nos hemos acostumbrado a que estas preguntas no son de interés público, y que la resolución de estas cuestiones pertenece al ámbito de lo privado. Cada cual lo resuelve como puede, según sus recursos económicos, sus redes, la composición de su hogar. Sin embargo, el reconocimiento del cuidado como derecho a nivel internacional ha permitido plantear algunos debates interesantes a nivel de los estados y de las organizaciones.
Particularmente en los sindicatos, empezamos a preguntarnos de qué manera la escasez de instituciones educativas públicas para la primera infancia, la responsabilidad en el cuidado de los mayores, y -particularmente en pandemia- la intensificación del trabajo en el hogar está afectando el derecho al trabajo. Y en particular, por supuesto, cómo afecta a las mujeres que son las que mayoritariamente están a cargo de todas estas tareas.
-¿Qué implica la organización social del cuidado?
La organización social del cuidado es un concepto que refiere a la forma en que en una sociedad particular se distribuyen y asumen las actividades que garantizan la reproducción de las personas, las instituciones involucradas en esos procesos, los recursos que se ponen en juego, etc.. El cuidado es un asunto social, no individual ni privado. Desde esta concepción, el cuidado se organiza en la interacción entre diversos actores: centralmente, el Estado en sus diversos niveles, el sector privado, las familias y las organizaciones sociales.
Lo que en nuestras sociedades actuales se ha generalizado como modelo de organización del cuidado se sostiene básicamente sobre las familias como pilar fundamental de las actividades vinculadas con el cuidado, mientras que el rol del Estado permanece desdibujado y restringido a una limitada red de instituciones de cuidado de la infancia, que en muchos territorios se caracteriza por la precariedad y la falta de recursos.
En ese sentido, el acceso al cuidado se convierte en un asunto de privilegios y el cuidado se polariza: las familias que pueden pagarlo acceden a servicios privados -instituciones educativas, clubes para deportes y recreación, hogares para los adultos mayores, servicio doméstico remunerado en el hogar-, y aquellas familias de sectores populares que no disponen de recursos económicos deben recurrir a redes de parentesco y comunitarias -comedores, centros de cuidado, apoyos escolares-, o simplemente arreglárselas como puedan. Evidentemente, esto tiene un impacto directo en la posibilidad de inserción laboral de las mujeres, que son las que según los mandatos culturales y la organización familiar “normal” deben ocuparse de estas tareas.
-¿De qué manera afrontan las tareas de cuidado los sectores de la Economía Popular y quienes están agremiados?
Los sistemas de protección social con los que contamos en Argentina, como resultado de procesos históricos de lucha y protagonismo del movimiento de trabajadores y trabajadoras, están fuertemente articulados con la condición laboral. Las asignaciones familiares, los sistemas de licencias que protegen la maternidad y la infancia, e incluso los subsidios que distribuyen tradicionalmente los propios sindicatos, se asientan sobre la condición de trabajador/a en relación de dependencia, y generalmente refuerzan el modelo de familia heteropatriarcal hegemónica durante los años en que se configuró el derecho del trabajo.
Desde hace algunas décadas, algunas políticas públicas -aunque aún mayoritariamente impulsadas por el área de desarrollo social y en muy menor medida de la cartera laboral- vienen identificando la necesidad de intervenir positivamente en las desigualdades de género derivadas de esta familiarización del cuidado, que sigue colocando a las mujeres como responsables principales por la supervivencia y reproducción del conjunto. Asimismo, las políticas de transferencia de ingresos para niños y niñas cuyos progenitores no perciben asignaciones familiares, entre otros programas, equiparan a trabajadores con diferentes condiciones en un país que actualmente registra una tasa de empleo en condiciones de informalidad superior al 35%.
No obstante, las diferencias entre trabajadores/as formales -amparados por convenios colectivos, que negocian salarios de manera periódica, que cuentan con una base de derechos establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo o en las regulaciones de la administración pública- y trabajadores/as organizados en la economía popular siguen siendo abismales. En algunos sectores de actividad, los sindicatos más vanguardistas demandan y consiguen, por ejemplo, licencias parentales de 180 días, que es una herramienta que nos permite a las mujeres no sólo garantizar el cuidado de nuestros niños y niñas durante sus primeros meses de vida, sino también equilibrar la balanza para que dentro del espacio familiar podamos compartir las responsabilidades con los varones. En otros casos, se ha conseguido que los empleadores se hagan cargo económicamente de los costos que supone para el trabajador o trabajadora enviar a sus hijos a instituciones de cuidado privadas.
-También hay otros aspectos singulares en les trabajadores de la economía popular….
Los y las trabajadoras insertas en experiencias de la economía popular no tienen posibilidades de acceder a este tipo de prerrogativas. Sin embargo en esta situación, no todo es carencia: frente a la precariedad de las economías populares y la desprotección de la vida en las comunidades, lo que encontramos es que estas organizaciones vienen asumiendo el cuidado en un sentido quizá mucho más profundo y más interesante que en otros espacios organizativos.
En primer lugar, al identificar que las actividades de sostenimiento comunitario que desarrollan desde hace décadas -en comedores, roperos, merenderos, espacios de cuidado- suponen una cantidad de trabajo que debe ser reconocido y remunerado. Desde esa perspectiva, han logrado que tales actividades se reconozcan como trabajo en los programas y políticas públicas que promueven el empleo e incentivan la economía popular. Segundo, al colocar al cuidado como una rama de actividad -junto con la construcción, la producción textil, la pequeña producción agrícola- de la economía popular. Y tercero, al ampliar y fortalecer una institucionalidad para el cuidado comunitario gestionado por las propias organizaciones, que incluye desde la atención de la primera infancia, el acompañamiento en los procesos de escolaridad, la vestimenta, la alimentación, la asistencia a personas con consumos problemáticos, entre otras acciones.
-¿Qué conclusiones pudieron abordar en cuanto a la feminización de las tareas de cuidado desde en las organizaciones de mujeres que confluyen en la Intersindical de Mujeres de Córdoba?
En primer lugar, pudimos dar cuenta de las desigualdades de género que atraviesan el mundo del trabajo, y de cómo se relacionan con la desigual distribución del cuidado. Pero también encontramos un importante nivel de conciencia en la dirigencia sindical respecto de todo lo que resta por hacer en relación con estos temas. La persistencia de los estereotipos de género, la concepción del cuidado como un asunto individual, la tendencia a tramitar resoluciones informales y particulares para las necesidades de cuidado y, en definitiva, la invisibilización del cuidado como una dimensión central de la vida, aparecen como desafíos para las y los activistas, sobre todo para las trabajadoras con roles de delegadas de base.
-¿Y en cuánto a los instrumentos legales?
Entre otros horizontes de demandas, los sindicatos reconocen la necesidad de actualizar o “modernizar” los instrumentos que regulan las relaciones laborales, tanto la Ley de Contrato de Trabajo como los convenios colectivos, incorporando una perspectiva transversal de género y atendiendo a la dimensión de la vida cotidiana, de modo de mejorar la articulación entre trabajo remunerado y cuidados.
Por otra parte, el deterioro salarial, sumado a la debilidad y limitada cobertura de los servicios públicos de cuidado en algunas comunidades, aparece como un condicionante decisivo en las posibilidades de resolución del cuidado de buena parte de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, otra demanda de las organizaciones es contar con una red institucional más amplia de espacios de cuidado para la primera infancia, así como también atender a otros segmentos y tipos de necesidades, como el esparcimiento y cuidado de los y las adolescentes y personas adultas mayores.
Por último, en el discurso de las activistas está muy presente la necesidad de avanzar en el cuestionamiento de los estereotipos de género, desarmar las estructuras familiares y sociales que refuerzan la distribución de roles. La noción de “corresponsabilidad” empieza a trazar un horizonte que debe guiar las necesarias transformaciones en las regulaciones y en las prácticas del mundo laboral.
El trabajo completo de la investigación se lo puede leer aquí
