Judiciales

Gatillo fácil|Se agrava la situación de los policías imputados por el homicidio de Joaquín Paredes

Avanza la investigación por la muerte de Joaquín Paredes (15) quien recibió un tiro por la espalda, el 25 de octubre de 2020. La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, ordenó nuevas imputaciones para los cinco policías  por el hecho que conmovió a la comunidad de Paso Viejo.  Claudio Orosz, explica el estado de la causa.

Por Redacción PrensaRed • 18/09/2021 08:00 • Tiempo estimado de lectura: 5 minutos

El asesinato ocurrió el 25 de octubre de 2020. Los incesantes pedidos de la querella encabezada por Claudio Orosz (abogado de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación), en representación de los padres de Joaquín, comienzan a obtener resultados. La búsqueda de la verdad y la No Impunidad para el personal de las fuerzas de seguridad es el norte que guía a la familia y al letrado para enfrentar la violencia estatal.

En diálogo con el diario cooperativo Bambacoop, el abogado explicó que cuando se  inició la causa el secretario de derechos humanos de la Nación, Horacio Petragalla Corti, les ordenó que se pusieran en contacto con la familia que “requirió, obviamente, el patrocinio letrado; ante la evidencia de que nos estamos metiendo con la Policía de la provincia de Córdoba, que es la policía de Schiaretti, la asesina, la misma que con De la Sota exhibía en jaula a los chicos de los pueblos y de los barrios humildes de la ciudad de Córdoba, en las esquinas, para que la prensa fuera a ver cómo combatían la inseguridad”.

En ese sentido agregó que la inseguridad siguió no solo porque muchos de los ladrones sean profesionales o tengan acuerdos con la propia policía, “sino porque los principales ladrones son los que gobiernan, pero más allá de eso, nos constituimos” (…) “pero conociendo que Schiaretti iba a proteger a su policía, también nos constituimos como abogados querellantes particulares de la familia”, señaló.

Querellantes

Explicó que a  diferencia de lo que sucedió con el crimen de Cecilia Basaldúa, donde parecía no haber personal policial implicado la Secretaría fue aceptada como parte querellante. En cambio en esta causa donde había policías implicados no fue aceptada como querellante.

En esa dirección destacó que “la táctica dio sus resultados porque los abogados de la secretaria son los abogados de los querellantes particulares”. Obviamente, afirma, que “a partir del relato que hace la propia policía investigándose a sí misma, llega al lugar del hecho muchas horas antes que la fiscal, por lo tanto alterando la escena del crimen, levantando una serie de rastros que demostraban cómo había sucedido el hecho”.

Acerca de  la primera imputación de la fiscal dijo que creía sinceramente que “actuó de buena fe”. Que había sido engañada por el personal policial “que encubrió a los cinco policías, los dejó lavarse las manos antes que se hicieran los dermotest, les permitió cambiarse los uniformes para que no hubieran rastros de pólvora, les realizó exámenes médicos y extracción de sangre para saber si había drogas y alcohol en sangre, muchísimas horas después del hecho”.

En ese orden subrayó que “varios testimonios indican que esa noche habían estado tomando”. Así,  imputó a un solo efectivo como autor material de cuya arma salió la bala que había matado a Joaquín. A los demás lo hizo por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

El abogado afirmó que pudieron desmontar esa versión falaz mediante el aporte de pruebas que “iban demostrando que el hecho no se había producido cómo decía la policía, ni como afirmaba la fiscal en su inicial imputación” además demostraron que de acuerdo a la pericia realizada por la policía judicial sobre las armas hubieron “centenas de disparos”. Entonces solicitaron una inspección ocular en el lugar del hecho y encontraron “postas de goma en los árboles” cuando altos jefes policiales declararon que “que eso era imposible”.

Quedó  demostrado que esas postas de goma fueron lanzadas cuando los uniformados reprimían a la pueblada que “repudiaba el asesinato de un niño” y el de otro de 14 a quien le apuntan directamente y a la gente desde metros. Detalló que “tiraban a la altura de la cara y del cuerpo a la gente, a los árboles, demostrando la actitud asesina que tenían en el marco de la represión”. Y no solo eso quisieron  “hacer creer que solo uno disparó un arma cuándo quedó comprobado que los cinco dispararon”.

Esta investigación y los testimonios lograron el cambio de carátula.  Mayķel Mercedes López, Ronald Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luján y Jorge Luis Gómez fueron imputados por la fiscal Fabiana Pochettino como supuestos coautores del delito de homicidio calificado (autores),  y homicidio agravado por el uso de arma, en concurso ideal; y supuestos coautores de homicidio calificado y homicidio agravado en grado de tentativa

El repudio de los Organismos de Derechos humanos

En su momento la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos y la Comisión de familiares contra la Violencia Institucional repudiaron la decisión de liberar a Iván Alexis Luna.  Expresaban que “Un nuevo acto de impunidad del Poder Judicial, al haber liberado a un tercer involucrado en el asesinato ocurrido en Paso Viejo contra Joaquín Paredes, en octubre del 2020”, cuando su domicilio está  a menos de 5km del lugar donde ocurrió el crimen.

En el documento que se dio a conocer durante el fin de semana, advierten que “ya fueron liberados Ronal Fernández, en marzo, y en abril Jorge Gómez, todos acusados solo de abuso de autoridad. Maikel Mercedes López, acusado de homicidio y Enzo Alvarado siguen en prisión por dictamen de la fiscal Fabiana Pochetino”.

“Repudiamos y hacemos responsable a la Cámara del Crimen de Villa Dolores, con los jueces Raúl Castro, Santiago Camogli y Carlos Escudero, de lo que esto pueda ocasionar física, mental y emocionalmente a quienes al día de hoy sentimos que a Joaquín lo vuelven a matar”, denunciaron.

Además, señalaron que “no es solamente Joaquín”, al enumerar que en Córdoba “la policía arrebató la vida de Lucas Funes y Yamil Malizzia en Rio Tercero, Franco Amaya en Carlos Paz, Álvaro Zarandón en Laboulaye, Blas Correas y José Ávila en la ciudad de Córdoba, y Agustín Barrios y Lautaro Guzmán de Jesús María”.

*Fuente: Bambacoop, diario cooperativo de Carlos Paz. Foto: La Voz.