Derechos Humanos
Juárez Celman: a 3 años del desalojo, la asistencia provincial nunca llegó
Por Redacción El Resaltador • 02/06/2021 08:00 • Tiempo estimado de lectura: 3 minutos
Hace 3 años que las familias desalojadas de Parque Esperanza, en Juárez Celman, esperan que la Provincia cumpla con lo que prometió cuando hizo la entrega de lotes: el desarrollo de la infraestructura barrial y el acompañamiento económico.
En la madrugada de 1 de junio de 2018, en el día más frío del año, la Policía de Córdoba llegó con topadoras para desalojar a casi 100 familias del barrio comunitario Parque Esperanza. El sitio está ubicado en Estación Juárez Celman, a 20 kilómetros de la capital cordobesa, sobre la ruta nacional 9 norte.
Todo comenzó con el engaño sufrido por algunos de los vecinos, a quienes se los hizo salir de las viviendas junto a sus familias para un supuesto relevamiento. De esta manera y con una fuerte presencia policial armada de escudos y palos que impidió la salida y entrada de los habitantes del barrio, voltearon con topadoras las precarias viviendas y las quemaron.
Un mes más tarde del hecho, el Gobierno provincial comenzó un acuerdo con los vecinos y vecinas para ubicar a las familias y que puedan reconstruir sus propias viviendas. Mientras esperaban la asistencia de la Provincia, se ubicaron en una capilla de Barrio Norte, sin agua, sin luz y sin infraestructura suficiente para enfrentar climas hostiles.
Los lotes llegaron, fueron 33 para 44 familias en Juan Pablo II. Junto a la entrega, hubo promesas por parte de las autoridades para brindar una infraestructura barrial, acceso a los servicios básicos y acceso a créditos para la construcción.
“Como si fuera una historia cantada, ¿sabe qué paso? la Provincia no cumplió ninguno de sus acuerdos. La mayoría de las familias se fueron a vivir sin nada, por temor a que esos lotes se ocuparan, dado que esta aledaño a barrios que también viven en condición de hacinamiento. Otras familias aún están en casa de sus parientes y dos familias quedaban en la capilla”, contaron desde la organización vecinal.
Ahora, a 3 años de aquel desalojo, devuelven aquel espacio que ocupaban de la iglesia. El fiscal Raúl Garzón es quien “controla” la situación para que ninguna otra familia entre a la capilla. En este marco, la agrupación de vecinos y vecinas le reclamó que también “investigue si (el Gobierno) cumplió con lo acordado en las actas de entrega de lotes”.
“Solicitamos al fiscal que envíe a sus ayudantes o personal competente a verificar en la situación en que se encuentran las familias actualmente viviendo y exija al gobierno el cumplimiento de estas promesas, dado que en la situación actual en la que se vive, las familias están en una doble vulnerabilidad”, manifestaron.
Y agregaron: agradecemos a todas las organizaciones, movimientos sociales, actores políticos, familias y vecinxs que nos estuvieron y están apoyando en esta lucha. Y seguimos sosteniendo que no descansaremos hasta que la VIVIENDA DIGNA SEA UN DERECHO Y NO UN DISCURSO DE CAMPAÑA ELECTORAL”.
