Sociedad
Nos están matando
Por María José Quiroga • 21/02/2021 00:01 • Tiempo estimado de lectura: 9 minutos
Ocho femicidios en Córdoba en los primeros 50 días de 2021. Más de una mujer asesinada por semana en la provincia frente al atronador silencio de las autoridades.
Gabriela Lencina: Tenía 43 años y siete hijos, murió en el Instituto del Quemado el 3 de enero de 2021 a raíz de las graves lesiones que sufrió tras ser atacada por su pareja, Cristian Sebastián Videla (40).
Ivana Soledad Juárez: Tenía 32 años y portaba un botón antipánico. Fue atacada por Francisco José Tello y murió en su departamento de barrio Centroamérica el 18 de enero de 2021.
Nilda Peano: Tenía 57 años y dos hijos y murió en su casa de Villa Dolores al ser atacada por su marido, Luis Aguirre, quien luego se suicidó el 20 de enero de 2021.
Melisa Moyano: Tenía 40 años y una hija. Fue atacada en su casa de Jesús María por su ex pareja Luis Pérez. Murió el 31 de enero de 2021.
Liliana Stefanatto: Tenía 54 años fue asesinada el 1 de febrero de 2021, en Villa María, por Ignacio Aldeco, quien ya había estado detenido hace unos años por golpearla. Era madre de dos hijos, uno de ellos muerto en un accidente recientemente.
Emilse Gajes: Tenía 25 años y un hijo de uno. Murió el 18 de febrero de 2021. La familia se presentó como querellante y acusa por el femicidio a su pareja, Fabricio Acuña, ex alumno de la Escuela de Policía que había estado detenido por denuncias previas de violencia contra Emilse.
Miriam Beatriz Farías: Tenía 45 años y murió el 18 de febrero de 2021 en el Instituto del Quemado a causa de las heridas causadas por su pareja Jorge Juárez (49), un suboficial de la Policía Federal. Fue atacada en su casa de Saldán. Era madre de dos hijos.
Ivana Módica: Tenía 47 años y fue atacada por su pareja, un piloto de la Fuerza Aérea llamado Javier Galván. Estuvo más de una semana desaparecida y su cuerpo fue encontrado el 19 de febrero de 2021 en La Falda, adonde se había mudado en diciembre. Tenía una hija.
Ocho breves historias de vida que parecen casi una letanía repetida. Una letanía inacabable que resuena en las calles cordobesas en esta tarde de sábado. Resonancia que se torna ensordecedora en medio del atronador silencio de las autoridades de esta provincia. ¡Nos están matando!, gritan las voces luego de repetir como un mantra los nombres de cada una de las ocho mujeres asesinadas en los primeros 50 días de este año. Sólo aquí, en esta provincia. La convocatoria a la marcha Ni Una Menos que recorrió ayer las calles en Córdoba y de La Falda pide la renuncia de la ministra del Ministerio de la Mujer, Claudia Martínez, y “mayor presupuesto para políticas públicas que enfrenten la violencia machista”.
“La Emergencia en materia de violencia de género debe ir más allá de la declaración. Es indispensable un presupuesto específico para poner en marcha y/o profundizar políticas concretas de prevención y acompañamiento, así como iniciativas reales contra la desigualdad. Cinco femicidios en un año que recién comienza resulta espeluznante. Y si el tema no ocupa un lugar central en la agenda política no hay ninguna posibilidad de parar este flagelo”, advirtió casi proféticamente la periodista Gabriela Weller en una columna publicada en Cba24N al día siguiente de la apertura de sesiones por parte del gobernador Juan Schiaretti. El acto fue el 1 de febrero y el gobernador no dijo nada de las cinco mujeres asesinadas. Pasaron 20 días, las mujeres ya son ocho. El gobernador sigue sin decir nada. Y el flagelo no para…
Femicidas de uniforme
En el marco de la pandemia patriarcal por la que atraviesa la Argentina, ya hubo 45 femicidios en lo que va de 2021. “Uno de cada cinco, cometido por miembros de las fuerzas de seguridad”, advierte el movimiento Ni Una Menos. En Córdoba “de ocho, tres” según las profesiones de los últimos asesinos. Según cifras de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde 1992 a la fecha hubo 392 femicidios causados por integrantes de las fuerzas policiales. En 2016, se contabilizaron en todo el país unos 23 femicidios cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, lo cual representó un 7,5% de los crímenes en dicha modalidad.
En estos momentos, los casos de Úrsula Bahillo, Mirna Palma e Ivana Módica no hacen más que confirmar esta afirmación. “Una medida que venimos planteando es prohibir el uso del arma reglamentaria en horas fuera de servicio. Así bajarían exponencialmente los casos de gatillo fácil y también los femicidios”, dicen los integrantes de Correpi.
¿Qué hacer?
“¿Qué sería, pues, lo que habría que hacer? Se me ocurre que en primer lugar sería necesario reunir toda la información de que se disponga hasta el presente en distintos organismos oficiales y evaluar su utilidad para efectos preventivos. Como segundo paso, sería necesario un acuerdo del Poder Judicial de la Nación y los Poderes Judiciales provinciales para llevar adelante la investigación sobre los datos duros, facilitando en todo el país el acceso a los expedientes por parte de los investigadores”, sugería ya en 2017 el ex integrante de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni.
Esto, ¿se está haciendo? Al parecer, al menos en Córdoba, estamos lejos de eso. Las organizaciones de mujeres señalan “la falta de coordinación” entre los distintos estamentos del Estado que deberían ocuparse de estos casos y advierten sobre la enorme dispersión de los datos. “En el Polo de la Mujer se basan sobre las estadísticas que publican los medios”, advierten. Y algunos van incluso más allá. “Las autoridades cordobesas no profundizan el trabajo en la prevención de femicidios porque se manejan al ritmo de las encuestas, y en las mediciones de opinión pública el tema parece no preocupar a nadie: la pandemia, la situación económica o la obra pública están al tope de las preocupaciones. ¿Los femicidios o la violencia de género?, no sabe no contesta”.
La protesta
Una muestra de la relación entre protesta feminista y justicia es que, en el 2015, el 52 por ciento de los femicidios ya tenían sentencia judicial. Pero después del enorme movimiento social producido por la marcha de Ni Una Menos, el 3 de junio del 2015, se logró una mayor tasa de condenas. En 2016 el 82 por ciento de los femicidios contaron con una sentencia en un efecto claro post Ni Una Menos. En cambio, en 2017 las sentencias bajaron al 44 por ciento de los casos y en 2018 aún más al 16 por ciento. La impunidad bajó cuando la presión social en las calles se hizo sentir y volvió a subir cuando los medios dejaron de atender con el mismo celo el reclamo de justicia para los asesinatos de mujeres por ser mujeres, según datos de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres. Estas cifras muestran que si el feminismo baja los brazos las mujeres corren más peligro y son más desamparadas por el Poder Judicial. No obstante, algunos medios se amparan en el pretendido “efecto contagio” (como con los suicidios) para retacear información sobre los casos que ocurren sin solución de continuidad.
Prioridades
La semana que pasó, más de 300 mujeres y disidencias de la cultura, el espectáculo, los medios, organizaciones feministas, del campo popular y de la academia difundieron una carta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que piden, como sociedad civil, “que la violencia por razones de género sea un tema prioritario del Gobierno y de las administraciones provinciales y municipales”, pero “sobre todo, del sistema de justicia que ha demostrado desentenderse del problema, descreer de la palabra de las víctimas, minimizar sus denuncias, desatender sus pedidos desesperados de ayuda y protección”.
La nota también plantea que la violencia machista es un problema estructural en el país que se agudizó con las restricciones por la pandemia. Tras una serie de consideraciones generales, en las que además de esbozar la alarmante situación respecto de la violencia de género insisten en pedir que haya una articulación estatal para abordar este flagelo, el colectivo plantea propuestas, entre las que se destacan las siguientes:
– Declarar la emergencia nacional por violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género, y que se otorguen presupuestos extraordinarios, adecuados, para las áreas involucradas
– Coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial –juzgados y fiscalías-, las fuerzas de seguridad, y los municipios para abordar cada caso. Y que frente a una denuncia se cumpla con la obligación de determinar si el mismo agresor ya tuvo denuncias anteriores en el marco de un contexto de violencia de género, más allá del estado procesal de sus causas
– Capacitación sistemática en la temática para los y las operadores que intervengan en la atención de los casos.
– Puesta en funcionamiento un sistema de alerta temprana donde se reúnan todas las denuncias
– Complementar el sistema de botones de pánico con tobilleras para el denunciado, que permitan determinar su acercamiento a la víctima, o métodos de control que sean efectivos, los 7 días de la semana, las 24 horas
– Efectivo cumplimiento de la ley 26.150- Ley de Educación sexual integral- ESI- en todas las instituciones educativas del país de manera urgente, sin dilación, ni reservas, de ningún tipo por parte de las distintas competencias de las jurisdicciones
Si algunas de estas medidas se hubieran puesto en práctica seguramente se hubiera podido evitar, al menos, uno de los ocho femicidios ocurridos en Córdoba en sólo 50 días.
“Nos están matando” gritan las mujeres en la calle. ¿Qué más tenemos que hacer para pedir ayuda?
