Judiciales
Tras el escándalo Vicentin, ahora Molinos Cañuelas fue declarada en concurso preventivo
Por Fabián García (EnRedacción) • 24/09/2021 09:00 • Tiempo estimado de lectura: 10 minutos
El conglomerado industrial exportador Vicentin está en concurso de acreedores por una deuda de US$ 1.350 millones con el Banco Nación, otros bancos y productores agrícolas. Otro grupo industrial, especializado en la elaboración de harinas, aceites, galletitas, panificados y pastas secas, Molinos Cañuelas, fue declarado en concurso preventivo de acreedores este miércoles.
Después del escándalo de Vicentin, en concurso de acreedores por una deuda de US$ 1.350 millones con el Banco Nación, otros bancos y productores agrícolas, le llegó el turno a Molinos Cañuelas, que fue declarada en concurso preventivo de acreedores este miércoles 22 de septiembre, lo mismo que la Compañía Argentina de Granos (CAGSA). Según la propia empresa, Molinos Cañuelas habría tomado financiación de distintas fuentes por casi 1.100 millones de dólares (94 mil millones de pesos al 30/11/2020), a lo que debe sumarse una deuda no especificada a noviembre de 2020 de CAGSA -en noviembre de 2015 era de casi 200 millones de dólares a bancos y productores-.
La decisión fue tomada por el Juzgado en lo Civil, Comercial y de Familia de 6° Nominación de Río Cuarto, con la firma de la jueza Mariana Martínez. La resolución declara la apertura de los concursos preventivos de la Compañía Argentina de Granos S.A. (CAGSA), con domicilio José Manuel Estrada 620, de la ciudad de Río Cuarto, y de su garante, Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A.
Ambas empresas seguirán operando y el proceso se abre para ordenar las deudas que contrajeron y tratar, de ese modo, de evitar la quiebra.
Al igual que Vicentin, Molinos Cañuelas y CAGSA, recibieron numerosos créditos de bancos oficiales, como el Nación, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, y privados, nacionales e internacionales.
CAGSA era la encargada de adquirir y acopiar granos, la elaboración de subproductos de soja, su comercialización internacional y la prestación de servicios a los productores. Según detalla el expediente, llegó a tener 96 filiales, 15 mil productores como clientes y a exportar 8 millones de toneladas.
Luego de diciembre de 2016, buena parte de esas actividades fueron absorbidas por Molinos Cañuelas, pero en la presentación a la Justicia no se detalla el monto de los pasivos que quedaron en manos de CAGSA y cuáles pasaron a la compradora.
Dice la resolución que Molinos Cañuelas se quedó con las actividades de CAGSA (venta de suministros y servicios de valor agregado a productores agropecuarios; la comercialización, almacenaje, secado y acondicionamiento de granos; y servicios logísticos) y la “transacción no comprendió las transferencias de los distintos componentes del capital de trabajo (inventarios, cuentas por pagar y cuentas por cobrar), los cuales permanecieron formando parte del activo de la Compañía, al igual que una parte de la deuda financiera. CAGSA mantuvo ciertos activos y pasivos, que tenían un plan de cancelación posterior con el plan de negocios de la operación residual, que era el negocio de siembra asociada”.
Molinos Cañuelas es uno de los holdings más importantes del país. Cuenta con 10 molinos, cuatro plantas industriales, plantas de acopio y oficinas en Córdoba, Buenos Aires, San Luis, Salta, Chaco, Santa Fe y La Pampa, y filiales en Uruguay y Brasil. Sus operaciones se extienden a Uruguay, Paraguay y Chile.
Emplea a aproximadamente a 3000 personas de manera directa y genera unos 8000 puestos de trabajo indirectos.
Vende en el retail (comercio) aceites vegetales, harinas y galletitas, y sus principales marcas son 9 de Oro, Pureza, Cañuelas, Múltiple y San Agustín.
Explica el expediente que tanto Molinos Cañuelas como CAGSA “han efectuado un intento de reperfilamiento de las deudas financieras de ambas sociedades mediante una negociación con sus acreedores financieros, han formado comités al efecto, pero, a pesar del esfuerzo de las partes, el impacto de la crisis ha sido tan grande que, combinado con el peso de la deuda financiera (sobre todo la denominada en dólares afectada por las múltiples devaluaciones de la moneda local), han minado la posibilidad de que dichas negociaciones lleguen a buen puerto. A ello se suman las intimaciones de pago recibidas de ciertos acreedores financieros y las medidas cautelares que pesan sobre ambas sociedades a pedido de los mismos –entre ellas embargos preventivos e inhibiciones generales de bienes-, lo que conlleva inevitablemente al inicio del presente proceso”.
Al efectuar una cronología de las razones de la situación que llevó a CAGSA a una cesación de pagos, indica la presentación judicial que “los desfasajes (de la operatoria con granos y servicios) debían ser cubiertos con endeudamiento bancario, instrumentado en préstamos en dólares estadounidenses y consecuentemente, expuestos a la tormenta cambiaria. En efecto, en el año 2016 el peso Argentino sufrió una devaluación del 65%, pasando de $ 9.42 por dólar al inicio del ejercicio contable (octubre 2015) a $ 15.50 por dólar en el cierre del mismo (septiembre 2016). Del mismo modo el valor de la soja (principal commodity que comercializaba la Sociedad) tuvo un incremento del 85% pasando de valer $ 2.165 por tonelada al inicio a $ 4.000 por tonelada al cierre”.
Plantea luego que “los efectos de la devaluación de 2015 impactaron negativamente en la deuda financiera de la Sociedad CAGSA (USD 138 millones) y en los pasivos comerciales ligados al precio de los granos (USD 52 millones), evidenciando el descalce de activos en pesos (créditos por ventas, créditos impositivos) y pasivos en dólares. A los acontecimientos descriptos, se sumó para el mismo ejercicio una baja en el precio internacional del petróleo (con incidencia directa en la disminución en el valor de los insumos -fertilizantes- que comercializaba la Compañía), sufriendo una caída exponencial del valor del stock de insumos fertilizantes que por temas operativos de logística y distribución eran muy altos (USD 31 millones), lo que derivó en una disminución del 46% en el valor del stock de la Compañía. En consecuencia, y para que V.S. se dé una idea de las magnitudes y el impacto de éstas circunstancias en la Compañía, en el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2016 la Empresa registró una pérdida extraordinaria de $ 3.009 millones de pesos y una pérdida por diferencia de cambio de $ 2.559 millones de pesos (por efecto de la devaluación mencionada) lo que llevó a una pérdida total de $ 5.623 millones de pesos”. El 30 de noviembre de 2016 cada dólar se cotizaba a 16,11 pesos para la venta, por lo tanto, esa cifra era de 349,03 millones de USD.
Respecto de la crítica situación de Molinos Cañuelas, dice el escrito judicial que se llegó a este escenario por un mix en el que se asocian decisiones empresarias impactadas por un cambio negativo de escenario local e internacional. En total, se habría endeudado con bancos locales e internacionales por un valor de casi 1.100 millones de dólares a partir de 2015.
Señala el texto, que el holding de la familia Navilli se expandió con financiación en dólares para comprar activos de Cargill y una planta de producción de alimentos congelados entre 2014 y 2016, entre otras operaciones, pero una serie de sucesos económicos a partir de 2017, la llevaron a la situación actual.
Esos episodios macroeconómicos y financieros, que indica la empresa, son los siguientes:.
-La primera devaluación del gobierno de Mauricio Macri en 2017, a los que se sumó la inestabilidad del mercado cambiario a partir de allí;
-El fracaso de su intento de financiarse en el mercado internacional a partir de estas condiciones internas y la crisis global de 2018 -enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos-;
-Las restricciones generales de acceso a mercados financieros que tiene el país;
-La recesión desde 2017 en adelante;
-Los efectos de la pandemia sobre la economía a partir de 2020;
-Los precios máximos de algunos productos, impuestos por el gobierno nacional, que según la compañía, “impidieron trasladar a éstos el significativo y constante incremento de los costos de materia prima y servicios, especialmente, los precios del trigo y el girasol”.
Molinos Cañuelas y CAGSA se mantuvieron activas luego de mediados de 2019, con “el acompañamiento del Banco Supervielle para el aporte de dinero fresco a la Compañía mediante el otorgamiento de una línea de financiamiento para capital de trabajo, instrumentada en tanto en una línea de factoring como en una línea de warrants, línea que, ha permitido a la Sociedad continuar sus operaciones”.
Sin embargo, Molinos Cañuelas tiene denuncias de vacimiento, fuga y lavado de activos, según públicó el sitio El Destape a mediados de 2020. De acuerdo a ese trabajo periodístico, sus accionistas habrían llevado a cabo maniobras similares a las de Vicentin e incluso operaron juntas en algunas actividades.
QUÉ DISPUSO LA JUEZA
Mientras que ahora, en Río Cuarto, la magistrada dispuso “la inhibición general de las sociedades concursadas y la suspensión del trámite de los procesos contenciosos judiciales de contenido patrimonial contra dichas empresas, por causa o título anterior a su presentación, entre otras medidas”. En ese sentido, existen en curso, al menos dos presentaciones judiciales de los bancos Itaú e HSBC que afectaron la disponibilidad de fondos de Molinos Cañuelas y terminaron ahogando su funcionamiento.
A su vez, prohibió salir del país a los integrantes de los órganos de administración y representación social de la sociedad concursada, Aldo Adriano Navilli, Carlos Adriano Navilli, Ricardo Alberto Navilli, y Marcos Aníbal Villemur.
Molinos Cañuelas figura como garante de deudas contraídas por la Compañía Argentina de Granos (CAGSA) con los Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Piano S.A. y Los Alerces S.A.C.I.A., créditos a los que CAGSA ni Molinos Cañuelas pueden hacer frente.
En relación con la competencia del tribunal para entender en ambos concursos, la jueza Martínez explicó que quienes garanticen las obligaciones de un concursado pueden solicitar que su propio concurso preventivo se tramite en forma conjunta. Añadió que así se busca asegurar una “univocidad de apreciación intelectual de ambos procesos”, que si bien separados, están relacionados.
Por el alto impacto social que la situación financiera de ambas empresas puede causar, la magistrada incluyó en la resolución unas palabras dirigidas a la comunidad: “El concurso preventivo se abre porque se comprobó objetivamente el estado de cesación de pagos de la empresa; es decir, que no puede hacer frente a sus obligaciones exigibles. Durante este proceso, se tratará de encontrar soluciones junto con los acreedores para evitar la quiebra”, expresó.
Asimismo, la jueza puntualizó, entre otras cosas, que el principal objetivo del juicio es “proteger el interés de los acreedores y mantener el funcionamiento de la empresa; lo que indudablemente ayudará a conservar las fuentes de trabajo”.
El tribunal aclaró que, en su carácter de director del proceso, habilitó canales de comunicación de fácil acceso para acreedores, personal de la empresa y toda la comunidad. Las personas interesadas podrán comunicarse al correo electrónico: oficinaconcursosjuz6-rc@justiciacordoba.gob.ar; o bien al teléfono (0358) 4677800, internos 68367 y 68368, entre las 8 y las 14 horas.
Fuente: enredaccion.com.ar
