Córdoba, la Docta
Sobre la elevación a juicio de la toma del Pabellón Argentina de la UNC
Por Redacción ACN • 03/05/2021 08:00 • Tiempo estimado de lectura: 4 minutos
El juez que procesó a los estudiantes, Miguel Hugo Vaca Narvaja, tras el pedido del fiscal Maximiliano Hairabedián, elevó a juicio la causa. Los acusa de «usurpación por despojo», un delito excarcelable. Un amplio arco político y social se pronunció en rechazo a la «criminalización de la protesta social».
Se trata de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que en 2018 protagonizaron protestas por “mejoras en la educación pública y en adhesión a reclamos salariales de los docentes”.
A fines de agosto de 2018 se produjo la toma del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, medida que se prolongó por 31 días.
El juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, resolvió el 26 de junio de 2019 el procesamiento penal de 27 acusados por la medida de fuerza. Se fundó en una solicitud de quien por entonces revistaba como fiscal, Graciela López de Filoñuk. En esa resolución llamó la atención la prueba evaluada: el requerimiento cita los testimonios de dos biólogos en declaraciones a un medio de prensa, La Voz del Interior. Como prueba sonó endeble, pero el proceso continuó.
Por otro lado, también llamó la atención que las acciones de protesta de 2018 eran generalizadas, con tomas de varias facultades. Aunque las imputaciones se ciñeron solamente al grupo de estudiantes que ocupó el Pabellón Argentina.
El delito por el cual se los acusa es «usurpación por despojo» y no implica prisión preventiva, la pena máxima es de tres años.
Pero el dato que reavivó por estos días el debate sobre el “derecho a la protesta”, fue que el 22 de abril pasado la Justicia Federal de Córdoba elevó a juicio la causa. El juez que llevó adelante la instrucción, Miguel Hugo Vaca Narvaja, tomó la decisión, tras desestimar los pedidos de sobreseimiento y según lo solicitado por el fiscal federal Maximiliano Hairabedián. Es el mismo juez que procesó a estos 27 estudiantes en 2019. Podría haber desestimado el pedido del fiscal, excepcionalmente, si consideraba que restaban pruebas o si atendía la oposición de las defensas, por ejemplo.
Desde las defensas se sostiene “que no hay delito” y que lo que está en consideración es “el ejercicio de un legítimo derecho”.
La discusión durante todo este proceso giró en torno al Código Penal para avanzar en la acusación de los estudiantes. El no tratarse los actos que se juzgarán dentro del derecho constitucional –sugieren desde las defensas- importa, ni más ni menos, desconocer que la Constitución Nacional –más los pactos y declaraciones internacionales que la integran- es de jerarquía superior al Código Penal. El derecho a la protesta, como forma de libertad de expresión, está contemplado en la Carta Magna en los artículos 14 y 32.
El juicio todavía no tiene fecha de inicio.
Lecturas políticas: rechazo al proceso y movilización
Tras conocerse el último paso en esta causa, la elevación a juicio, hubo distintos pronunciamientos advirtiendo que se estaba frente a un claro ejemplo de “criminalización de la protesta social”. Coincidieron organizaciones sociales, sindicatos, consejos directivos de facultades. Circula un petitorio que ya sumó numerosas firmas de dirigentes y organizaciones, donde se denuncian irregularidades en la causa y se la califica “de carácter netamente político”.
En una reunión por vía remota, el viernes pasado, donde se coordinaba la movilización que se propone para el próximo 13 de mayo, estudiantes de distintas agrupaciones –algunos de ellos incluidos entre los procesados- sentaron su posición.
Candela Guzmán, estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, sostuvo que “la acusación no se sostiene, carece de pruebas; plantea como que nos queríamos quedar para siempre, que buscábamos la usurpación cuando de lo que se trataba era de un plan de lucha”.
Victoria Daghero se refirió a “la falta de antecedentes sobre el atropello a derechos, criminalizando el derecho a la protesta, en esta etapa democrática”. Y enfatizó: “27 vergüenzas más, 27 libertades menos”.
Entre todo el arco político y social que ya se ha pronunciado hay un denominador común: la advertencia sobre los derechos vulnerados en toda esta instrucción y ni qué hablar si se produce una condena. Se insiste con que el derecho a la manifestación, a la protesta, no pueden vulnerarse. Sencillamente porque su ejercicio conjuga otros derechos: libertad de expresión, libertad de libre asociación y libertad de reunión. Todos pilares de un sistema democrático, explícitamente garantizados en la Constitución Nacional.
Hasta ahí, todo es coincidencia. El punto está en que algunos posicionamientos de quienes promueven la movilización del 13 van más allá y vinculan al actual Gobierno nacional en sus cuestionamientos. No solo en las decisiones de la Justicia Federal de Córdoba, sino como ejecutor de un plan en materia educativa que tiene continuidad con las políticas de ajuste de la gestión anterior, la de Mauricio Macri. Y aquí las coincidencias ya no son unánimes.
