Derechos Humanos
Repudian el pedido de elevación a juicio del fiscal De Aragón contra dirigentes sindicales y sociales
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba objeta el pedido de elevación a juicio porque los argumentos en que se basa fueron obtenidos mediante espionaje ilegal previo. Los dirigentes acusados habían participado de una protesta callejera.
Por Redacción PrensaRed • 07/11/2023 10:53 • Tiempo estimado de lectura: 3 minutos
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba conformada por diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales estudiantiles y barriales, rechaza la solicitud planteada por el fiscal Ernesto de Aragón contra seis dirigentes sindicales y sociales de la Provincia de Córdoba.
El organismo defensor de los derechos humanos condena la decisión del funcionario que pretende sentar en el banquillo a seis dirigentes sindicales y sociales acusados de “delitos por desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción del transporte o servicios públicos en concurso material”. Se trata del secretario General de ATE, Federico Giuliani; los dirigentes del Polo Obrero y Libres del Sur, Emanuel Berardo, Soledad Cristina Díaz García, Marisa Viviana Cariddi, Agustín Nazar y Roxana Alejandra Carezano.
Sorprende y alarma -dice el comunicado- que este funcionario público utilice argumentos basados en “una serie de tareas de espionaje previas que involucran la violación de la Ley de Seguridad Interior”.
Precisa, además, que dichas acciones, incluyen la producción de un informe realizado por la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones, que “monitorea los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados”.
Agrega el texto que han incorporado al expediente “informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO)”, que analizan los antecedentes de la movilización realizada el día 5 de abril de 2023. Publicaciones de medios de comunicación y la estructura de “las organizaciones y gremios a los que pertenecen los imputados”. Denuncian que también han realizado “secuestros y pericias de los teléfonos celulares de los dirigentes sin la participación de peritos de parte”.
Afirma el posicionamiento que “Este tipo de acciones, que criminalizan la protesta social y atentan contra la libertad de expresión, son inaceptables en un Estado de Derecho”. Se trata de “prácticas ilegales de espionaje” que cuentan con la complicidad de la jefa de la Policía de Córdoba, comisaria general Liliana Zárate Belletti, que admitió “la realización de tareas de inteligencia y la infiltración de agentes en manifestaciones, prácticas que recuerdan los tiempos más oscuros de nuestra historia”.
Finalmente el organismo exige que el Ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, y al fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, “pongan fin de inmediato a estas actividades ilegales y abusivas”.
Asimismo, se solidarizan con los dirigentes imputados y los ciudadanos afectados por esta “operación política y judicial que busca reprimir y penalizar a quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse por sus derechos sociales y constitucionales”.
Asimismo, reafirman “el compromiso con el Nunca Más” y rechazan la criminalización de la protesta social.
FUENTE: Agencia Prensared. Fuente: Prensa Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Imagen ilustrativa Cels.
