Medios
¿Es posible regular las redes sociales? Spoiler alert: sí, el mundo lo está haciendo
Australia, Francia, España, Brasil y Argentina debaten o ya han impulsado iniciativas para legislar sobre las redes sociales y las plataformas digitales. Un recorrido alrededor del mundo para comprender las distintas legislaciones.
Por Redacción Grito del Sur • 14/07/2023 09:49 • Tiempo estimado de lectura: 5 minutos
La creciente relevancia de la vida en el ecosistema digital nos invita a repensar los modos de relación y producción del “capitalismo de plataformas” (maravilloso término adjudicado a Nick Srnicek), tal como lo hizo Marx en su momento, con el capitalismo industrial. Y en este contexto la Red de Medios Digitales inició una investigación sobre los mecanismos de funcionamiento, debates, negociación y regulación para las plataformas en el mundo, que pretenden equilibrar la asimetría latente en los modelos de negocio de estos gigantes digitales.
Por un lado, se encuentran las medidas que hacen énfasis en la información y en los productores de noticias. Tal es el caso de Australia, que en 2021 presentó la Ley de Enmienda de las Leyes del Tesoro, en donde estableció un código de conducta obligatorio (Código de Negociación Obligatoria de Plataformas Digitales y Medios de Noticias) que habilita la negociación entre las empresas de noticias australianas y las plataformas digitales.
Esto significa que empresas como Google y Meta deberán ser transparentes e informar sobre qué contenidos de cada medio de comunicación se han usado y otorgar una remuneración justa a las mismas. Para que esto suceda, como medio de comunicación es requisito tener unos ingresos anuales de al menos 150.000 dólares australianos y producir noticias sobre temas de interés público, lo cual reduce el acceso a la ley exclusivamente a los grandes medios.
Sin embargo, esto invita a los buscadores y algoritmos (con el fin de reducir costos) a ofrecer resultados más amplios, fomentando una circulación de información más simétrica en términos de competitividad y posibilidad de visibilidad y crecimiento a los medios más pequeños. La medida fue sometida a evaluación un año después de su implementación, los resultados fueron positivos y, sin dudas, es una de las regulaciones más atractivas del momento.
Otro caso interesante es el de la Autoridad de la Competencia de Francia que en 2020 como reguladora instó a Google a pagarle a las agencias de prensa y medios de comunicación por la reutilización de sus noticias en los espacios de Google News y Google Search. La plataforma rechazó esta condición y fue penalizada con una multa de 500 mil dólares.
Algo similar sucedió en España en 2014 a partir de la Ley de Propiedad Intelectual en donde los editores podían exigir un pago a las plataformas por la puesta en circulación de sus contenidos. Ante esta medida, Google News decidió retirarse de ese país hasta el año 2022, cuando volvió a ingresar gracias a una nueva reforma de la ley, que al día de hoy permite a las empresas informativas y agencias de noticias negociar de manera independiente una remuneración y arbitrar por mecanismos que garanticen los derechos del usuario.
Sin ir más lejos, nuestro vecino Brasil -a través de La Ley de Noticias Falsas (PL 2630) del 2020- está debatiendo regulaciones para las grandes tecnológicas. En el texto de la norma se plantean a las plataformas acciones para mitigar la difusión de contenidos terroristas, racistas, que constituyan violencia de género y otros tipos de violencia que amenacen al Estado democrático.
Finalmente, incluyen entre las últimas medidas a la remuneración de contenidos periodísticos o protegidos por derechos de autor. En febrero del 2023, Lula escribió una carta al director general de la UNESCO, en donde expresaba el anhelo de trabajar para reducir la brecha digital, la soberanía en la economía de los datos y la promoción de la autonomía de países en desarrollo en esta área.
Por último, están aquellas regulaciones con el foco en los productos audiovisuales y en nuestro país no es dato menor que Netflix se haya inscripto en el Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual del INCAA, tributando según la Ley de Cine. El proceso implicó una intimación por parte de la Defensoría del Consumidor de la Provincia de Buenos Aires para que la empresa se ajustara a la legislación argentina, lo que hizo que finalmente el gigante audiovisual debiera declarar domicilio y comenzar a tributar en nuestro país.
De igual modo, en Argentina existe un proyecto de ley de Fomento Audiovisual Federal (presentado por los diputados Pablo Carro y Florencia Lampreabe) que promueve el desarrollo de la actividad audiovisual, de manera integral, a partir de la promoción de la producción, la difusión y la comercialización de servicios y contenidos audiovisuales en todo el territorio nacional. Presenta cuestiones como la inclusión de un mínimo del 25% de contenidos audiovisuales nacionales en los catálogos digitales e impuestos del 5% del ingreso bruto en el país a las plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime, entre otras. Asimismo, plantea la creación de entes reguladores y administradores de los fondos recaudados. Se asemeja a España con la Ley General de Comunicación Audiovisual N°13 del año 2022. Ambas buscan proteger la industria audiovisual nacional.
Según Shoshana Zuboff, socióloga y escritora estadounidense, estamos en la tercera década de la era digital y hasta el momento se construyeron imperios monopólicos gracias a la falta de movilización y legislación por parte de los ciudadanos democráticos. Zuboff insiste e invita a la creación de derechos, leyes e instituciones acordes a las necesidades de estos tiempos. En general creemos que la tecnología es algo que nos excede, y allí la dejamos, que crezca avasallante en nuestras sociedades sin ningún tipo de intervención. Pero nada es definitivo: hasta aquí se ha presentado un breve recorrido por el camino posible y correcto del hábitat digital.
