Violencia Institucional
Llega a su final el juicio por “gatillo fácil” sobre Joaquín Paredes
En el día de la fecha, se está llevando a cabo la última audiencia en el juicio que juzga el asesinato de Joaquín Paredes a manos de la Policía. Luego de que la fiscal agravara las imputaciones y pidiera -al igual que la querella- condena a perpetua, el jurado técnico y popular decide la sentencia final. Enfant dialogó con Maria, tía del joven, sobre un proceso judicial cargado de irregularidades donde imperaron lógicas represivas que se extienden más allá de las 112 balas policiales.
Por Redacción Enfant Terrible. RMD • 16/08/2023 00:00 • Tiempo estimado de lectura: 3 minutos
Hoy, la Cámara Criminal y Correccional integrada por los jueces Ángel Francisco Andreu, Ricardo Arístides Py, Javier Rojo y el jurado popular de los Tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, dictarán sentencia sobre los seis oficiales imputados por la represión policial que asesinó a Joaquín Paredes e hirió a otros jóvenes en octubre de 2020, en la localidad de Paso Viejo.
Debido a la carga probatoria, conformada por los testimonios que se presentaron durante más de dos semanas en las distintas audiencias como por el reporte de los peritos técnicos, la fiscal Fabiana Pochettino pidió la semana pasada el agravamiento de las imputaciones y el cambio de caratula sobre los acusados tras entender que la descripción de los hechos que llegaron al juicio eran diferentes a los hechos que debían juzgarse.
En este sentido, los oficiales Maikel López e Iván Luna arriban a la parte final del juicio en calidad de homicidio calificado y tentativa de homicidio en concurso real. Mientras que Ronald Aliendro, José Gómez y Enzo Alvarado serán juzgados como partícipes necesarios y coautores del homicidio. Por su parte, Sosa Gallardo, está imputado por amenazas calificadas.
Además, en el día de ayer, la fiscal y la querella pidieron la cadena perpetua para los otros cinco oficiales acusados de delitos graves.
El poder judicial: ese monstruo grande
Llegar a un juicio por “gatillo fácil” es una lucha ardua que las familias víctimas de la represión estatal deben afrontar con el necesario pero insuficiente acompañamiento de otras familias (también víctimas) y en algunos casos de determinados sectores sociales y políticos. A sabiendas de que la mayoría de los pibes no consiguen un juicio justo, las esperanzas de los y las familiares de encontrar justicia y reparación para sus hijos, es permanente.
Durante todo el proceso, es decir, desde el asesinato hasta la posibilidad remota de que el hecho sea juzgado, el Estado está presente con un accionar sistemático en todos los casos:
La Policía sigue hostigando a los familiares de la víctima con el objetivo de acallar sus reclamos y reprimir sus deseos de justicia, el Poder Judicial tiende a no recibir las peticiones de los defensores de los pibes asesinados, pues los criminaliza y discrimina corriéndolos del lugar de “víctimas” para señalarlos como “victimarios”, y -en la mayoría de los casos-, también obstruye los procesos de investigación, niega la posibilidad de acceder al expediente, y/o cierra las causas beneficiando a quienes cometieron crímenes de Estado.
El proceso judicial que hoy finaliza definirá las responsabilidades policiales, ignorando las políticas. Una vez más, al igual que en los juicios similares llevados a cabo durante este año (Damián Pérez, Isaías Luna, Blas Correa), el poder judicial volvió a exhibir los sentidos adultocentristas, racistas y clasistas que imperan en la mayoría de los jueces y fiscales que trabajan en las causas de “gatillo fácil”.
FUENTE: Enfant Terrible. Nota completa.
