Ambiente y sustentabilidad
Casa Bamba: violación de derechos comunitarios
Un equipo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba presentó un informe sobre la crítica situación de Casa Bamba. La empresa minera Mogote Cortado, de Roberto Camarasa, cerró el único camino público de ingreso a la comuna hace más de tres años, afectando la vida de les habitantes.
Por Redacción La Tinta • 15/06/2022 00:05 • Tiempo estimado de lectura: 6 minutos
Casa Bamba está ubicada en la ruta E-55 que une Córdoba con el dique San Roque. Es “Zona Roja” según la clasificación de la Ley provincial de Ordenamiento Territorial (Ley de Bosques), es decir, zona de máxima protección y reserva arqueológica. El río, las sierras, el caserío y las vías del tren conforman el paisaje en el que viven unas 18 familias y del cual muchas personas disfrutaban cada verano.
El 19 de febrero de 2019, apareció un portón y un guardia impidiendo el ingreso y egreso de cualquier persona, también de les pobladores del lugar. Desde entonces, el único camino de entrada es por las vías del tren. El avasallamiento de la minera Mogote afecta el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la circulación, poniendo en riesgo la vida de les habitantes de Casa Bamba.
Mediante la organización vecinal, la causa se judicializó y se realizaron distintas medidas de fuerza para ser escuchades ante la inacción del gobierno. Desde el Equipo Interfacultades Extensionista: Territorio Casa Bamba (UNC), elaboraron el informe interdisciplinario “Casa Bamba: Vulneración de derechos y patrimonio histórico-cultural y natural en peligro”, a partir de un relevamiento socioterritorial. En el mismo, se visibiliza la grave situación que está viviendo la comunidad y exigen medidas urgentes. Fue presentado a la Justicia y puesto a disposición del gobierno y la sociedad en general.
El informe
El cierre del acceso a Casa Bamba impactó fuertemente sobre la vida cotidiana de les habitantes del lugar, quienes “enumeran la afectación de una serie de derechos, como el acceso a la circulación, obstaculización de servicios básicos como el ingreso de proveedores de alimentos, de ambulancias, bomberos, remis y proveedor de gas envasado, así como daños económicos por la obstaculización del acceso de turistas al paraje”, refieren en el informe.
En cuanto a los servicios de salud, el centro de atención primaria dista a 5,7 km del poblado. Ante necesidades de mayor complejidad, acuden al Hospital Materno Infantil Dr. Illia de La Calera, a 9 km de distancia. El relevamiento muestra, además, que un 31,5% de la población padece una enfermedad crónica y/o una discapacidad, por lo que garantizar el acceso es primordial. El derecho a la educación también se ve afectado. La escuela de nivel primario del sistema público más cercana queda a 2 km, sobre la ruta provincial E -55, y la secundaria, a 4,7 km en El Diquecito.
Les pobladores reconocen y valoran el ecosistema natural en el que habitan, así como el patrimonio material y la memoria colectiva “que testimonian una historia profunda y continua de presencia humana en el lugar, que se remonta a los pueblos prehispánicos”, señalan.
“La comunidad de Casa Bamba tiene un profundo arraigo en ese territorio, siendo activa portadora de las memorias del lugar e identificándose con los pobladores ancestrales nativos (fundamentalmente de los pueblos comechingones y camiare) -narra el informe-. Es un lugar elegido por las personas que lo habitan por su belleza paisajística natural, por su flora, su fauna, su río, arroyos y vertientes, por el disfrute de la tranquilidad, el silencio y los sonidos de la naturaleza”.
Para quienes habitan el territorio, hay “un antes y un después” desde el cierre del camino. La situación anterior se describe como de mayor libertad y tranquilidad, con libre circulación de les habitantes y de quienes visitaban. El cierre del camino es asociado “con una situación de encierro, de tristeza, de impotencia y de privación de la libertad, utilizando la metáfora de ‘cárcel’ o ‘ghetto’ para describir su estado actual -narra el informe-. Algunes afirman haberse enfermado y sufrir estrés debido a esta situación”. Repudian tener que pasar por un control y dar explicaciones al guardia para acceder a sus viviendas, y denuncian la arbitrariedad con que se otorga el acceso a algunas personas y se niega a otras.
Expresan que están expuestes a mayor inseguridad, asociada a los robos al caminar por la vía, la imposibilidad del acceso de la policía y el control de sus movimientos por parte de la empresa. Por otro lado, el acceso al turismo permanece completamente cerrado, impactando negativamente en las economías de las familias de Casa Bamba, que vendían productos alimenticios manufacturados a les visitantes.
Caminar por las vías del tren fue la estrategia para salir y entrar al paraje, que describen como “un sacrificio, horripilante, complicado, muy peligroso, lo peor”. Entre los peligros, se mencionan: picadura de víboras encerradas entre los rieles, accidentes por atropello del tren -ya que no hay espacio para caminar hacia los costados-, robos y derrumbes por estar la vía pegada a la montaña.
La comunidad identifica dos tipos de amenazas en la zona del paraje. Por un lado, las socio-naturales, como incendios forestales, crecientes y aludes. Por otro lado, las crecidas del río Suquía, generadas por la apertura de las válvulas del embalse San Roque. Se trata de “crecientes/inundaciones políticas” sin aviso, no relacionadas directamente al régimen de lluvias, sino por decisiones que son desconocidas por les vecines y, por lo tanto, que no pueden anticipar. La vulnerabilidad ante estas amenazas se incrementó notablemente a partir de la instalación del portón, al no existir vías rápidas de evacuación ni de acceso de autobombas, ambulancias o patrulleros, aseguran en el informe.
“Poner fin a la violación de derechos comunitarios en Casa Bamba es potestad del Estado, por lo que demandamos su urgente acción”, reza el informe, exigiendo abrir el camino de forma urgente, garantizando la libre circulación por el mismo y declarándolo de utilidad y uso público. Reclaman la seguridad y el respeto de los derechos de les pobladores y garantizar alertas tempranas y asistencia ante incendios e inundaciones. Finalmente, exigen la aprobación y puesta en vigencia de la reglamentación participativa de la Reserva, garantizando “medidas, recursos humanos y materiales para proteger, conservar, restaurar/remediar y poner en valor el patrimonio natural e histórico-cultural que conforma la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba”.
Fuente: Redacción La tinta / Imagen de portada: Walter Silva.
