Judiciales
Deuda con el FMI: el Estado será querellante
El Procurador del Tesoro Nacional Carlos Zannini recibió ayer la instrucción del Gobierno nacional. El Presidente había definido el endeudamiento como «la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
El Gobierno instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante en representación del Estado en la causa que investiga si existió «administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La decisión fue tomadas a través del Decreto 239/2021 publicado ayer en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.
En el artículo 1° del decreto se «instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública'».
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.
La norma sostiene la necesidad de que el Procurador «coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado».
La decisión presidencial
El endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado -al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso- como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».
En ese marco, el Presidente anunció que impulsará una querella criminal para abrir la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.
En tanto, en el artículo 2° del decreto también se instruye al Procurador «a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal».
Del mismo modo, determina que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) debe analizar «la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios».
Las autoridades también solicitan la «colaboración» del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en sus materias de competencia.
En relación a esta situación, la Comisión Bicameral Parlamentaria de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa acordó hoy invitar al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a funcionarios de la Sindicatura General de la Nación, el Banco Central y la Oficina Anticorrupción para que brinden informes sobre nivel de endeudamiento y negociaciones en curso.
Fuente: Télam
