Ambiente y sustentabilidad
Diez años tarde: Condena a un alfil del schiarettismo por extractivista
Raúl Costa, ex secretario de Ambiente del primer gobierno de Schiaretti es el primer funcionario público condenado por autorizar desmonte en zonas rojas de bosque nativo. Una victoria de la organización socioambiental que perseveró durante 10 años frente a la inoperancia del Poder Judicial. Enfant dialogó con Juan Carlos Ferrero, de la ONG Amigos del Río San Antonio y con Patricia Quaglia, de la Asamblea Vecinos Unidos de Chavascate.
Por Redacción Enfant Terrible. RMD • 02/05/2023 15:27 • Tiempo estimado de lectura: 7 minutos
Una década demoró el Poder Judicial de Córdoba para juzgar a Raúl Costa por el delito de “abuso de autoridad reiterada”. Esta semana fue hallado culpable de haber autorizado en su calidad de Secretario de Ambiente entre 2007 -2011, el desmonte de bosque nativo, categorizado como zona roja en la localidad de San Antonio de Arredondo, en el Valle de Punilla.
Tres años de prisión condicional (no efectiva), seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el cumplimiento de reglas de conducta y la realización de trabajo comunitario no renumerado en favor del Estado un día a la semana, ha sido la sentencia votada por unanimidad por el jurado popular compuesto por doce personas y tres jueces técnicos. La pena coincidió con el pedido del Ministerio Público representado por el fiscal de Cámara, Gustavo Dalma.
De esta manera, Costa es el primer funcionario público juzgado por autorizar un desmonte en zona roja. Sin embargo, a pesar de que su propio abogado reconociera en la segunda y penúltima audiencia del breve juicio -furcio mediante- que su cliente “alguna ley ha violado por algo está sentado acá”, el delito imputado se concentró solo en el “abuso de autoridad reiterada”, lo que se traduce en una especie de “exceso” en sus atribuciones como funcionario, y no como parte de una política de Estado que se caracteriza por la comisión de los delitos contra el ambiente, estipulados en el Código Penal de la Nación.
Se trata de un hecho político sin precedentes cuyos efectos todavía están por verse. Sucede que Costa está imputado en otra causa donde se lo acusa de haber autorizado un emprendimiento inmobiliario en la cuenca media alta del Río Chavascate, zona roja de la localidad de Candonga, a favor de la empresa Ticupil S.A., según está constatado en la Resolución 1200/10. La causa se encuentra en manos del Fiscal Matías Bornancini, quien supuestamente se ha comprometido a elevarla a juicio próximamente, por lo que Costa podría ser juzgado de nuevo, siendo su próximo destino la prisión efectiva.
Pero los proyectos inmobiliarios legitimados por el ex secretario a favor de la empresa privada GAMA S.A. para la construcción del barrio privado “El Dorado II” y la construcción de la estación transformadora de energía eléctrica “Carlos Paz Sur” dentro de la Reserva Natural Recreativa “Valle del Cóndor”, representan la punta del iceberg. Mientras la Cámara 10º del Crimen de los Tribunales Provinciales II demoraba el juicio, casi un millón de hectáreas fueron arrasadas por el desmonte ilegal, el fuego intencional y el extractivismo minero. En otras palabras, Raúl Costa es el último engranaje de una serie de responsables políticos y empresariales aún impunes detrás de la degradación de nuestros ambientes naturales.
Victoria socioambiental
“Este juicio es fundamental para nosotros, para que los funcionarios empiecen a darse cuenta de que no pueden hacer lo que se les canta en función de sus negociados y los de sus amigos empresarios, sino que hay leyes que amparan al derecho humano de un ambiente sano. Es algo básico que no deberíamos siquiera tener que explicar, pero bueno, evidentemente hay que hacerlo. Este juicio tiene que apurar la elevación al otro juicio que nos afecta a nosotros que es el de Candonga”, expresó a este medio Patricia Quaglia de la organización Vecinos Unidos de Chavascate.
En este mismo sentido, Juan Carlos Ferrero, histórico militante ambiental y reconocido geólogo provincial, quien fue el denunciante en la causa que finalizó ayer, manifestó con expectativa: “A partir de ahora se van a tener que cuidar. Todos los funcionarios van a tener por lo menos un poco de dudas al autorizar ilegalidades en contra de nuestra Pacha. Hoy celebra la Pacha, pudimos reconocerle su derecho al menos en una porción de bosque nativo. Es una victoria del ambientalismo que cada vez se hace escuchar más”.
Tanto Ferrero como Quaglia reconocieron la necesidad política de construir la unidad de las distintas asambleas y organizaciones socioambientales, en un contexto crítico donde el avance de proyectos como la Autovía que atraviesa Punilla y Paravachasca, o la contaminación del agua del lago San Roque, amenazan la vida de las distintas poblaciones vulneradas por el Estado y el mercado.
Secretaría de ecocidas ambientales
Según datos del Gobierno provincial, la Secretaría de Ambiente tiene a su cargo 17 áreas naturales protegidas y dos corredores biogeográficos creados por decreto. Además, entre sus funciones se encuentran:
- Propiciar la educación ambiental y favorecer la participación ciudadana.
- Controlar el cumplimiento de la normativa provincial en materia de ambiente y recursos naturales.
Sin embargo, las organizaciones la señalan como una pieza clave en su carácter de garante sobre el avance extractivista anteriormente descrito. Las mismas denuncian que la Secretaría no ejecuta el debido presupuesto, traba las consultas y participación ciudadana, incumple su propio estatuto y leyes provinciales y nacionales, no designa puestos para guardaparques. Tampoco ha creado el Servicio Provincial de Áreas Naturales.
Según datos de la propia Secretaría, al momento final de la gestión de Costa (2010), en el territorio provincial habían 532.964 hectáreas de bosque cerrado; 1.300.014 hectáreas de bosque abierto; 2.037.989 hectáreas de bosques secundarios y arbustales, y 11.593.711 de hectáreas de superficie usadas por la agricultura y urbanizaciones.
En el año 2016, un nuevo informe dio cuenta de la existencia de 1.986.158 hectáreas de bosque Categoría I y 4.002. 062 de bosque Categoría II (según las clasificaciones de la Ley de Bosques nacional).
Tras la gestión de Raúl Costa, durante el gobierno de Schiaretti y la de su predecesor Germán Pratto, (también acusado por diversos delitos) durante el último gobierno del fallecido José Manuel de la Sota se destruyeron ilegalmente 666.983 hectáreas de bosques en buen estado de conservación.
Luego de la renuncia forzada de Pratto ante el escándalo por sus autorizaciones contrarias a las leyes ambientales vigentes, asumió Javier Britch, quien se desempeñó en la Secretaría hasta el final de la segunda gestión de Schiaretti en la provincia. El funcionario fue uno de los responsables directos en aprobar la, por demás polémica, entonces Autovía de montaña. Además, Britch fue señalado por operar en contra de las asambleas ambientales que se oponían al trazo proyectado por el gobierno.
Actualmente, Juan Carlos Scotto es quien se desempeña como secretario de ambiente del actual gobierno del actual gobernador Schiaretti. También es denunciado socialmente por la omisión de sus funciones ante las miles de hectáreas chupadas por el fuego, para la expansión de la frontera agroganadera, la construcción de los barrios privados y las empresas mineras y constructoras.
Si bien se logró un avance importante con el juicio y condena a Raúl Costa, queda claro que no se trata sólo de funcionarios que cometen “excesos”, sino más bien de una política y un plan deliberado desde hace décadas, del que solo se benefician unos pocos en detrimento de la vida, salud y dignidad de la población.
FUENTE: Enfant Terrible. Por Rodrigo Savoretti.
