Córdoba obrera
Dos mujeres campesinas con amenaza de desalojo
Bety y Esther Sánchez nacieron y se criaron en su campo de Las Cañadas, departamento de Cruz del Eje. Hace más de cien años que su familia habita el lugar. En un juicio lleno de irregularidades, el empresario salteño Carlos Roque Gómez avanzó sobre el desalojo de las mujeres sin contar con títulos ni posesión.
Por Redacción La Tinta • 11/08/2021 08:00 • Tiempo estimado de lectura: 5 minutos
Es agosto. Entre corpachada y agradecimientos, llegó una foto urgente. Son Bety Sánchez y su mamá Esther pidiendo ayuda para frenar el desalojo de su propia tierra, en la que vive su familia hace más de cien años.
Hace apenas cuatro días, celebramos la resistencia al desalojo de Agustina Tolosa, en la zona de Salsipuedes, que, gracias a la lucha colectiva, el Municipio le cederá un terreno y una vivienda para continuar con su vida campesina. Todavía nos estremece el corazón la situación de Ramona Orellana Bustamante, que se marchó en medio de un reiterado conflicto por sus tierras. Desde hace meses, cada algunas semanas, circularon noticias de resistencias campesinas ante el ataque contra tierras ancestrales.
Hace unos diez años, Carlos Roque Gómez comenzó a reclamar la posesión de las tierras donde viven Esther y Bety, en el paraje Las Cañadas, departamento Cruz del Eje, pedanía La Candelaria. “Para nosotras, es un juicio mal hecho porque nunca tomó posesión ese hombre, nunca vivió acá”, comenta Bety Sánchez en conversación con La tinta.
Su mamá Esther tiene 73 años y nació en esas tierras, muchos años después de que su bisabuela llegara allí. Cuando quedó sola en la casa, empezaron las amenazas y la violencia del empresario salteño Roque Gómez, “un señor que no tiene ni un boleto de compra-venta”, explica.
El 30 de marzo de este año, finalizó el juicio testimonial condenando a Bety por usurpación, con una pena de un año y medio de prisión en suspenso. “La justicia determinó que somos usurpadoras, siendo que tenemos las partidas de nacimiento mía, de mis hermanos y de mi madre. Tenemos testimonios del jefe comunal de Las Cañadas y de diez vecinos que dicen que siempre vivimos acá”, señala.
El testimonio clave para la condena fue el de un supuesto cuidador de esas tierras, quien planteó que, cuando llegó al lugar, encontró cadenas rotas del portón y que había gente en la casa. Sin embargo, el policía que fue a dar cuenta de la usurpación señaló que no percibió ni roturas de cadenas ni de portón ni de la puerta y que, por cómo estaba la casa, parecía que esta gente vivía hace un tiempo en ese lugar.
Marisa Breit es técnica en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Conoció a las mujeres en la última etapa del litigio y comenzó a acompañarla con las herramientas de la Dirección de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, que trabaja en conflictos de tierra. “Hay algo dentro de la justicia que ha determinado que estas mujeres se tenían que ir de ese lugar, a pesar de que los vecinos, el Jefe comunal y la policía dijeron que no hubo usurpación; sin embargo, la palabra de este supuesto cuidador del lugar fue más importante”, señaló.
El grupo de abogades asesores de la Dirección de Arraigo Territorial detectaron que, en la sentencia, no nombran a Esther, “la invalidaron en todo el juicio diciendo que no está apta para llevar adelante un litigio, pero no es así, lo único que tiene Esther es que es analfabeta, ella firma con su dígito pulgar, pero se puede expresar y manejar sola tranquilamente”, afirma Marisa. De todos modos, Esther no contó con tutela judicial, una falta grave en el procedimiento, por lo que no está condenada.
“Ellos piden el lote 63, dicen que está a su nombre, pero no hay lotes a nombre de esas personas. Mis bisabuelos nos dijeron que las tierras son ancestrales y que íbamos a seguir nosotras, pero para sacarme la duda, mesuré el campo y ahí vimos que mi madre y yo vivimos en el lote 64, entonces, es un juicio mal hecho”, dice Bety.
Marisa mapeó el territorio a través del sistema satelital y cruzó los datos de la ubicación donde viven Bety y Esther con el sistema catastral existente. “Ahí veo que, efectivamente, ellas no viven en el lote en litigio, sino que viven en el 62 y 64. Entonces se establece un elemento de prueba sumamente importante”, explica.
“A mí ya me sacaron de la casa, porque, si no, el juez determinaba que me llevaban presa. Yo dejé asentado que no dormiré ahí, pero que a la tarde voy a estar porque tengo mi madre que es una persona grande y están mis animales, es mi casa”, dice Bety. La situación judicial afecta fuertemente su economía. Las mujeres crían gallinas, chanchos, ovejas, cabras, conejos, caballos, vacas. Ante la incertidumbre, desarmaron la huerta porque, para tener agua, deben hacer una obra de perforación.
“No es una problemática puntual, se da a lo largo y a lo ancho de todo el país, es un problema serio porque la mayoría de las comunidades campesinas no tienen un papel que demuestra que son sus tierras, sino que han vivido ahí ancestralmente”, expresa Marisa y señala que hay entre diez y doce conflictos de tierra activos en este momento en la provincia de Córdoba.
“Es algo muy feo, no pensé vivir nunca esto. Yo lo veía en la tele y decíamos ‘pobre gente’, y hoy estamos del otro lado, somos dos mujeres solas y se aprovechan”, concluye Bety.
Fuente: La tinta / Imagen de portada: La Nueva Mañana.
