Desarrollo Social
El mega DNU y la soberanía alimentaria, asuntos separados
La soberanía alimentaria es “el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población.
Por Redacción La Tinta • 29/12/2023 00:37 • Tiempo estimado de lectura: 7 minutos
Tras la comunicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional la semana pasada, cada sector analizó el extensísimo documento y revisó cómo afectará la medida con la especificidad de cada área.
La soberanía alimentaria es “el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población.
Este derecho que buscamos garantizar desde diferentes perspectivas se encuentra estrechamente relacionado con las normas aprobadas por el Congreso de la Nación y derogadas el pasado miércoles por un DNU presidencial”, dijeron desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA (CaLiSA FAUBA).
¿Cuáles son, entonces, esas normativas derogadas o desreguladas?
Desde las redes de CaLiSa FAUBA, desglosaron y explicaron una por una:
-Derogación de la Ley de Góndolas (Ley 27.545)
Esta ley tiene por objetivo promover una mayor oferta de productos en las grandes cadenas de supermercados y busca posibilitar que las pymes, cooperativas y también emprendimientos de la agricultura familiar y de la economía popular tengan acceso equitativo al espacio en las góndolas. Hoy en día, en nuestro país, aproximadamente 20 empresas controlan el 80% de la producción y la comercialización de alimentos (CEPA).
-Derogación de la Ley de Abastecimiento (Ley 20.680)
Es una herramienta importante que tiene el Estado para evitar especulaciones en la cadena de producción de necesidades básicas orientadas al bienestar general de la población. A su vez, permite al Estado nacional sancionar a empresas que suban el valor de los productos de manera injustificada.
-Derogación del Observatorio de Precios (Ley 26.992)
Se trata de un organismo que, de acuerdo a su propia definición, «tiene el objetivo de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación».
-Derogación de la Ley de Compre Nacional (Ley 25.551)
Otorga preferencias para las compras públicas a productos de fabricación nacional y exige mecanismos de compensación local cuando los bienes o servicios son importados. Las compras públicas son una herramienta fundamental para traccionar el desarrollo local.
-Desregulación de la exportación e importación
Presente como eje central del anuncio, la derogación de diversas normas tiene como objetivo favorecer la exportación de la producción, poniendo en riesgo el abastecimiento interno, no sólo por la cantidad exportada, sino porque ahora los precios estarán fijados por el poder adquisitivo del mercado internacional, que es mucho más alto que el de las y los argentinos.
-Derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737)
Establece un régimen restrictivo para la compra de tierras rurales por extranjeros. Se da en un contexto de profunda concentración de la tierra, la renta y riqueza en nuestro país.
-Derogación de la Ley de Manejo del Fuego (Ley 28.815)
Prohíbe las modificaciones del uso y destino que las tierras poseían con anterioridad a un incendio e impide realizar cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio. A partir de ahora, el fuego puede volver a ser una herramienta especulativa de los emprendimientos inmobiliarios que avancen sobre la producción del periurbano.
Hablamos con Guillermo Folguera, biólogo y filósofo, investigador CONICET y profesor de la UBA, quien afirma que “analizar la combinación entre los proyectos de ley y el contenido del DNU presentado por el presidente significa, evidentemente, encontrarse con gran parte de las sospechas e información que ya teníamos. Significa reconocer propuestas que en sus múltiples aspectos no buscan más que profundizar la mercantilización de los cuerpos y los territorios, y aumentando la inequidad social”.
El especialista hace hincapié en que es muy claro que hay al menos tres extractivismos que van a encontrar su rápida expansión: el extractivismo inmobiliario, el agrario -los agronegocios- y el minero. “En el caso del inmobiliario, hay diferentes aristas. Evidentemente, tiene que ver con la Ley de Alquileres y las modificaciones en juego. Pero también la propia modificación del control vinculado con los efectos de los incendios y los usos en los territorios aparece fuertemente marcado como uno de los elementos a considerar y que no haría más que expandir los negocios inmobiliarios de nuestro país. En segunda instancia, tiene que ver con la expansión de los agronegocios, tanto con relación al manejo del fuego (en el cual se sabe que muchísimos de los incendios provocados han sido para usar esas tierras para negocios agrícolas y ganaderos) como con el proceso de expansión de la extranjerización, sacando los pocos controles que hay. Y en tercer lugar, obviamente, el extractivismo minero que, a partir de estas modificaciones, cobraría todavía mayor opacidad y mayor expansión, siempre dejando mayor pobreza, mayor contaminación y, en el caso, por ejemplo, del litio, directamente efectos marcados sobre la pérdida de agua en un lugar de muy pocas precipitaciones. Además, se esperan modificaciones en la Ley de Glaciares para avanzar sobre territorios que hoy estarían prohibidos”, se explaya Folguera.
Para el filósofo y biólogo, es un retroceso brutal en la lucha socioambiental con fuerte injerencia en los procesos de mercantilización, en el aumento de la desigualdad social, de la degradación en las condiciones de vida de la comunidad y de la naturaleza, y con efectos directos sobre la calidad, la cantidad y la diversidad de los alimentos que llegarán a los platos de nuestro pueblo. Y agrega una gran salvedad: “Los problemas directamente vinculados con los extractivismos no empezaron hace 15 días. Lamentablemente, es un proceso que se arrastra hace mucho tiempo, inclusive vinculado a 500 años atrás… Ese despojo que lo hemos visto en el Tercer Malón de la Paz y todo el proceso de Jujuy, fuertemente atravesado por la xenofobia, discriminación y el patriarcado, fuertemente acelerado en las últimas décadas a partir de diferentes modelos, en particular con los transgénicos o la megaminería. Esto no ha empezado hace 15 días, ha empezado hace un montón de años y necesita ser revertido. Por eso es que debemos organizarnos las comunidades, por eso debemos reconocer nuestra propia agenda, por eso el horizonte tiene que ser basta de injusticia social y basta de injusticia ambiental. El proyecto de Milei no hace más que profundizar esto”.
“Un sistema de producción, distribución, comercialización y consumo de los alimentos ajustado a las necesidades alimentarias del país necesita políticas públicas activas. La ausencia del Estado en la planificación, regulación y control de este sistema tan vinculado con la salud y la vida es una falta de sensibilidad para con la realidad que afronta el país. No podemos dejar que la calidad de vida de nuestras familias, amigxs, compañerxs, compatriotas esté solamente sujeta al máximo beneficio de intereses privados. En este contexto, si no estamos peor, es gracias a las redes colectivas que supimos construir y a un piso de política estatal que la derogación de estas normas se ocupa de destruir. Ante todo, los alimentos tienen que estar al servicio de nuestro pueblo y es el Estado el que debe garantizar que llegue a las mesas de las argentinas y argentinos. Por un futuro sano, justo y soberano, invitamos a nuestros representantes a rechazar estas modificaciones y a abrir el diálogo con los sectores que trabajamos por la soberanía alimentaria argentina”, declararon desde CaLiSa FAUBA.
FUENTE: Redacción La tinta / Imagen de portada: Nico Freda.
