Córdoba independiente
La cultura no caduca: Córdoba resiste frente al apagón cultural
Trabajadorxs del cine, la música, el teatro, las bibliotecas populares y los medios comunitarios se organizan para defender los fondos específicos que hoy sostienen la cultura nacional. El plazo vence el 31 de diciembre de 2022. El proyecto de ley que podría revertir la situación será tratado en Diputados las próximas semanas.
Por Redacción La Tinta • 07/05/2022 00:05 • Tiempo estimado de lectura: 11 minutos
Lxs trabajadorxs de la cultura están organizadxs frente a la urgencia y el riesgo de un apagón cultural. Los intereses detrás de la caducidad de los fondos de fomento son claros: sin cultura, no hay raíces ni memoria; sin cultura, no hay creación para la transformación; sin cultura, no hay identidad comunitaria ni pluralidad de modos de habitar el mundo.
Luego del reclamo iniciado desde el sector audiovisual y al que se sumaron luego trabajadorxs de la cultura de todo el país, el proyecto de ley que extiende por 50 años los fondos con asignación específica del sector cultural obtuvo el esperado dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y está en condiciones de ser tratado en Diputados. El reclamo del sector logró posicionar el tema en la agenda pública y el proyecto presentado por Pablo Carro, diputado cordobés por el FdT, sería tratado en las próximas semanas. Si bien en esta instancia se prevé que haya consenso, en Senadores el panorama aún es incierto.
En 2017, se aprobó una reforma tributaria que estipuló que el 31 de diciembre de 2022 caducan los fondos que se asignan de manera directa a los institutos culturales, con los cuales se financian proyectos nacionales de cine, teatro, música, bibliotecas populares y medios comunitarios televisivos y radiofónicos. El artículo 4° de la Ley 27.432 estipula que ese dinero seguirá siendo recaudado, pero irá al Tesoro Nacional para su “uso discrecional” por parte de la Jefatura de Gabinete de turno. Es decir que, en vez de ingresar de manera directa a los organismos culturales para el fomento de producciones -como hace décadas-, engrosarán las Rentas generales del Estado y cada año se decidirá si al sector cultural se destina la misma cantidad de recursos, menos, la mitad o nada. De esta manera, entidades como el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Ente Nacional de las Comunicaciones (ENACOM) ya no contarán con recursos propios para funcionar, sino que dependerán de lo que cada año se les asigne a través de la Ley de Presupuesto.
Lxs trabajadorxs del sector cultural se manifestaron a lo largo y ancho del país a través de comunicados, encuentros y festivales en el espacio público para exigir la modificación de dicho artículo y asegurar la continuidad a largo plazo del financiamiento con el que hace décadas sostienen espacios, puestos de trabajo, proyectos de creación y la soberanía sobre nuestra cultura e identidad, que se ve amenazada si no se garantiza la autarquía.
Desde La tinta, dialogamos y recuperamos las voces de gestorxs cordobesxs de cada sector de la cultura que se encuentra en riesgo por esta situación: la música, el cine, el teatro, las bibliotecas populares y los medios comunitarios. Les preguntamos a dónde se destinan los fondos de fomento -para tomar dimensión de las actividades, espacios y creaciones culturales que posibilitan-. También conversamos sobre la importancia de preservar la soberanía cultural y las posibles consecuencias si este artículo de ley no se modifica.
Córdoba se organiza por el sostenimiento de la cultura
El representante del Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba, Victor Garay, destaca que el INAMU financia sobre todo a los sectores independientes, promoviendo la producción de obra musical de pequeños compositores y autores. “Estos fondos no financian a personas, sino a su producción de obra. Entre las organizaciones de músicxs de todo el país, se decide a dónde destinar esos fondos y se lo hace priorizando a las personas que tienen menos posibilidad de producir por sus propios medios. Estas producciones no están orientadas a un fin comercial, no buscan establecerse en el mainstream generalmente, entonces perder esos fondos implica perder esa posibilidad de producción cultural que genera otro tipo de mensajes y contenidos que no son los que habitualmente la industria de la música promueve”.
Garay sostiene que la importancia de que los institutos de cultura sean autárquicos “es que no depende de la voluntad política de turno cuántos fondos te van a bajar a cada instituto, sino que ya se sabe con qué recursos se cuenta y se puede planificar año a año el uso de esos fondos de la manera que cada sector lo considere”, y agrega: “Desde el Sindicato de Músicos de Córdoba, creemos que esto afecta la soberanía cultural porque, si dejás todo liberado al mercado, se profundiza la desigualdad. Entendemos que, para no generar más desigualdad y para generar espacios de reproducción comunitaria y de circulación identitaria, es necesario sostener esta política. Lo más importante de estos fondos es que permiten sostener espacios culturales donde surgen otros contenidos y actividades, en la línea de lo comunitario y lo popular. Si el mercado decide qué es lo que se puede producir y qué no, movido solo por la ganancia que puede generar el contenido, se limita mucho cuáles son los discursos que pueden circular y quiénes pueden producir”.
Karina Cocha y Luciano Novarese, integrantes de la biblioteca popular Sarmiento de Unquillo y del Foro de Bibliotecas Populares de la Provincia de Córdoba, dicen que la quita de fondos que llegan a través de la CONABIP dejaría a las bibliotecas sin posibilidades de brindar servicios, equiparlas, sostener el funcionamiento de los espacios y remunerar a lxs bibliotecarixs. “La compra de libros nos permite ampliar la oferta y generar actividades de promoción de la lectura en distintos barrios de nuestra ciudad. Que las bibliotecas estén abiertas significa que haya actividades en el barrio, es un sistema articulado donde convergen distintas ramas y oficios: titiriteros, cuentacuentos, narradores, presentaciones de libros”.
“Es una lucha para que la cultura siga siendo democrática, porque se busca romper con eso, hegemonizarla. Estos espacios son los lugares en donde, además de resguardar parte de la cultura del pueblo, se generan nuevos espacios de expresión para todas las comunidades: niñez, familias, adolescentes, jóvenes, viejis… eso es sumamente potente y creemos que es lo que tenemos que defender. La soberanía cultural nos posibilita ser y existir desde cada comunidad y territorio, garantiza la expresión de los pueblos. Y la autonomía económica es fundamental para garantizar esta soberanía”, concluyen.
Por su parte, la vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Laura Carizzoni, explica que el ENACOM financia proyectos de medios comunitarios radiofónicos y audiovisuales a través del Fondo concursable para medios y productoras sin fines de lucro, el FOMECA. “Cada año, se realizan convocatorias de proyectos en distintas líneas de trabajo: para formación, gestión de los medios, equipamiento y producción edilicia, y para realizar producciones de todo tipo, que van desde programas radiales y televisivos diarios, a spot, campañas, micros, etc. Llevar adelante este tipo de proyectos requiere afrontar costos y trabajo, entonces, para que se puedan desarrollar de manera sostenida en el tiempo, es necesario contar con previsibilidad y con fondos económicos”.
Laura advierte que si bien estos fondos estuvieron trabados mucho tiempo en la gestión anterior, hoy hay un fin específico para lo recaudado y el ENACOM tiene el deber de ejecutar esos fondos todos los años. “Los colectivos de la cultura y los medios comunitarios estamos en alerta y en movilización para revertir esta situación, que depende del Congreso de la Nación. Nos preocupa mucho la posible pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos del campo de la comunicación comunitaria y la pérdida de los derechos a la cultura y a la comunicación para las poblaciones. Se trata del derecho de los pueblos a acceder a los bienes culturales y a la información realizada desde la pluralidad de voces. Y también el derecho a producir este tipo de contenidos desde la realidad grande y diversa de nuestro territorio, que refleje diversidad de voces, tonadas, paisajes, geografías, relatos, costumbres. También que se pueda acceder de una manera factible para cualquier persona, por ejemplo, que no tengas que estar en un gran centro urbano para ver una obra de teatro, leer un libro o acceder a una radio. Todo eso es lo que está en riesgo”.
En cuanto al sector del cine y audiovisual, y más allá de las falencias en la última gestión del INCAA expresadas con firmeza por el colectivo de trabajadorxs, el fomento posibilita el desarrollo de algunas de las múltiples etapas que implica realizar una producción audiovisual, además del sostenimiento de salas de exhibición, festivales y muestras.
Nathalie López, productora audiovisual e integrante de Diverses Audiovisuales Córdoba (DIVAC), puntualiza que “es una amenaza a los derechos culturales, no solamente por la pérdida de puestos laborales, sino también porque limita el fomento del desarrollo audiovisual en general y excluye la diversidad y pluralidad de voces dentro del cine. Si bien todavía hace falta laburar mucho en el área de género, los discursos y las obras desarrolladas son gestadas por realizadorxs independientes. El cine independiente es el que más produce en nuestro país y la quita del fondo de fomento implicaría un grave corte a ese desarrollo, que se focalizaría dentro de las empresas o productoras de capitales privados que tienen más acceso económico y la posibilidad de invertir que no tiene un realizador independiente”.
“Estaríamos acortando la pluralidad de discursos y la cantidad de voces que pueden llegar a contar historias desde distintas perspectivas, más allá de las que ofrecen los medios hegemónicos, las grandes productoras y las plataformas. Se trata de la imposibilidad de transformar discursos y de un recorte visual, un recorte de realidad que se va a imponer y que ya bastante tenemos. Además de lo que significaría para les trabajadores culturales en su posibilidad de crear y subsistir laboralmente, implicaría que la sociedad en general pierda su derecho a la cultura: la sociedad en general se vería afectada por la imposibilidad de poder elegir qué consumir, porque, en definitiva, de eso se trata la soberanía cultural: de que vos puedas elegir qué consumís”, puntualiza la productora.
En el caso del sector teatral, el Instituto Nacional del Teatro es el organismo que distribuye lo recaudado a través de fomentos a la producción de obra, formación e investigación, así como al sostenimiento de salas y festivales, entre otros. En la Jornada federal “Cultura, soberanía y trabajo argentino”, realizada la semana pasada en Radio Nacional Córdoba, la referente teatral y gestora de la sala AlmaZenna Teatro, Artemia Barrionuevo, sostuvo: “La caducidad de los fondos haría que volvamos a una etapa en donde salíamos con nuestra valijita a ver cómo íbamos a hacer para subsistir. Nuestro sector cultural no es asalariado, no estamos legalizados, todos somos monotributistas, o sea que no hay una relación de dependencia directa con el Estado. Basta ver los mapas teatrales del país para ver cómo ha crecido nuestra actividad -nuestros espacios culturales, nuestras salas, nuestros grupos de teatro, las producciones- desde el inicio de la Ley Nacional del Teatro, que la hicimos todos los teatristas con la idea de que el crecimiento del teatro fortalecería esa identidad cultural que tanto necesitamos”.
En el encuentro, también expresó que hay dos modelos: el del consumo cultural y el de las producciones barriales. El primero corresponde a “modelos neoliberales que hacen que el mercado sea el que regula qué vemos, qué hacemos, qué comemos, dónde vamos; y frente a eso, está el arte y la cultura para un buen vivir. Ese contacto con el barrio es muy importante porque hace que todos puedan acceder a la cultura, especialmente quienes menos pueden pagar una entrada o venir a los grandes centros urbanos. Gozar de las actividades culturales no es superfluo: es lo que nos alimenta el alma y el espíritu crítico y de análisis, que nos da una posibilidad de lectura de nuestros procesos sociales. Eso es lo que está en juego con la caducidad de estos fondos”.
Nota: Por Julieta Pollo para La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
