Derechos Humanos
La Mesa de Trabajo por los DDHH se posicionó contra la criminalización de la protesta
Tras una movilización popular realizada en abril, el fiscal Ernesto de Aragón elevó a juicio a cinco dirigentes sociales de Córdoba. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos emitió un comunicado de repudio.
Por Redacción El Resaltador • 07/11/2023 10:31 • Tiempo estimado de lectura: 3 minutos
El pasado 5 de abril de 2023 se llevó a cabo una jornada de lucha con 128 marchas en todo el país, en reclamo por los «18 millones de pobres y millones de indigentes».
Córdoba no fue la excepción y también realizó una movilización, convocada por la Unidad Piquetera junto al Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, CUBA, la Asociación de Trabajadores del Estado, el Frente de organizaciones en Lucha (FOL), Libres del Sur, Movimiento de los Pueblos, Federación de Organizaciones de Base (FOB) y MST Teresa Vive, entre otras.
Tras la marcha, el fiscal de Instrucción Distrito 4 Turno 1, Ernesto de Aragón, pidió la elevación a juicio de Federico Giuliani (Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba), Emanuel Berardo (Dirigente nacional del Polo Obrero), Soledad Cristina Díaz García (Dirigente nacional del Polo Obrero), Marisa Viviana Cariddi (dirigente de Libres del Sur), Agustín Nazar (referente del Movimiento Teresa Vive) y Roxana Alejandra Carezano.
Los dirigentes mencionados están acusados de «delitos de desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción del transporte o servicios públicos en concurso material».
En este marco, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba expuso su «enérgico repudio» a este proceso judicial.
«Es alarmante que el fiscal Aragón haya basado sus acusaciones en una serie de tareas de espionaje previas que involucran la violación de la Ley de Seguridad Interior. Estas acciones incluyen la confección de un informe por parte de la Dirección General de Investigaciones Criminales (DAIC), División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones, que monitorea «los movimientos de las redes sociales de los movimientos sociales involucrados», señalaron en un comunicado.
Sumado a lo anterior, la Mesa de DDHH resaltó que al expediente se agregaron «los informes circunstanciados elaborados por la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial (DIO), que analizan los antecedentes de la movilización, las publicaciones en medios de comunicación y la estructura de las organizaciones y gremios a los que pertenecen los imputados».
Este tipo de acciones que criminalizan la protesta social y atentan contra la libertad de expresión no tienen lugar en un Estado de derecho. «Las prácticas ilegales de espionaje cuentan con la complicidad de la jefa de la Policía de Córdoba, comisario general Liliana Zárate Belletti, quien admitió públicamente la realización de tareas de inteligencia en manifestaciones», agregaron desde la Mesa.
Es por ello que, como defensores de los Derechos Humanos, le exigen al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, y al fiscal General de la Provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, que «ponga fin de inmediato a estas actividades ilegales y abusivas».
«Expresamos nuestra solidaridad con los dirigentes imputados y con todos los ciudadanos afectados por esta operación política y judicial que busca reprimir y penalizar a quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse por sus derechos sociales y constitucionales», concluyeron.
