Ambiente y sustentabilidad
La paradoja del secretario de Ambiente condenado por delitos ambientales
Compartimos la nota de La Tinta, sobre el juicio a Raúl Costa, declarado culpable de haber permitido la construcción en zonas protegidas de bosque nativo, violando la ley que él, como funcionario, debía proteger y hacer cumplir.
El exsecretario de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Raúl Costa, fue declarado culpable de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber permitido la construcción de emprendimientos inmobiliarios privados y una estación eléctrica de EPEC en zonas protegidas de Punilla. Se trata del primer juicio en la provincia que lleva al banquillo de los acusados a un exfuncionario por cometer delitos contra el ambiente.
El jurado popular de la Cámara 10° del Crimen encontró a Raúl Costa responsable de haber permitido la construcción en zonas protegidas de bosque nativo, violando la ley que él, como funcionario, debía proteger y hacer cumplir. Los hechos sucedieron en 2010, mientras se desempeñaba como titular de la Secretaría.
La denuncia fue realizada por la ONG ADARSA (Asociación de Amigos del Río San Antonio), según la cual la autorización del emprendimiento inmobiliario benefició la construcción del proyecto “Dorados II”, de la constructora GAMA S.A.,en la Reserva Natural Recreativa “Valle El Cóndor” en la localidad de San Antonio de Arredondo, en el Valle de Punilla.
Por otra parte, Costa fue condenado de permitir y cambiar el uso de suelo para la construcción de una estación eléctrica de EPEC en la misma zona.
La causa tuvo inicialmente otro imputado además de Costa, el ex secretario de Ambiente, Federico Bocco, quien falleció en 2019.
Marcela Fernández es abogada de la querella y junto al geólogo Juan Carlos Ferrero llevan más de diez años aportando pruebas para llegar a juicio.
En diálogo con La tinta, la Dra. Fernández dio más detalles sobre los hechos por los que se lo encontró culpable a Costa: “Los dos proyectos que se le imputan son la obra de una subestación eléctrica de transformación de energía que se había construido en un predio donado por la empresa desarrollista, que la luz iba a ser para este barrio, más allá de que prometían que era para la ciudadanía. A su vez, el “Dorado 2”, que es un proyecto inmobiliario, a construirse ambos en San Antonio de Arredondo a la veda del río. La imputación es justamente el abuso de autoridad, que entendió el fiscal se configura desde que se autoriza en violación a las normas vigentes estos proyectos”.
En cuanto al accionar del funcionario, la abogada agregó: “El delito se configura cuando alguien que ocupa un cargo de autoridad firma, como en este caso, las autorizaciones en contra de las leyes y la Constitución Nacional. Como la máxima autoridad en política ambiental de la provincia de Córdoba, es la responsable de aplicación de esas leyes y, cuando no actúa, cuando no aplica esas leyes, configura un delito”.
El accionar del exfuncionario se repite en otra causa que todavía no llegó a juicio y que investiga un emprendimiento inmobiliario de la empresa Ticupil en Candonga. Desde la Asamblea Vecinos de Chavascate, señalan que las acciones que llevaron a juicio a Costa se repiten en su caso, que aún sufre de varias idas y vueltas en tribunales.
Lucía Castellanos, integrante de la Asamblea, destacó el fallo contra Costa y la posibilidad de que influya en el otro proceso: “Para nosotros, este fallo es muy importante, porque creemos que puede incidir en nuestro caso contra Costa. Estamos esperanzados en que, si lo han declarado culpable en esta causa, lo mismo lo sea para nuestro juicio”.
En el 2010, con Costa como secretario de Ambiente, la Provincia aprobó este emprendimiento en zona roja de monte nativo en Candonga, sin presentar estudios de impacto ambiental o audiencias públicas, según denuncian los y las vecinas.
En este sentido, Castellanos resaltó que se trata de una situación común en diferentes puntos de la provincia: “Hace unos meses, participamos de una acción conjunta de muchas asambleas provinciales que nos reunimos en Tribunales. Fuimos varios jueves a reclamar por nuestras causas y ahí nos dimos cuenta de que eran más de 140 las causas que la Justicia tiene cajoneada. No es casual, no son hechos aislados, parece que cajonear semejante cantidad de causas que tienen que ver con la defensa ambiental nos hace pensar en una complicidad del Poder Judicial, porque no hay posibilidad de que no avancen los delitos ambientales,sin complicidad de funcionarios públicos y la Justicia”.
Por esta razón, destacan la importancia de esta condena a Raúl Costa, como un acto que certifica la existencia de funcionarios provinciales actuando en perjuicio del ambiente y que esto no es un hecho aislado, sino que se repite en otras causas y se configura como una acción sistemática.
FUENTE: La tinta. Por Mauricio Díaz Mansilla.
