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Una asamblea en la sede de la Coopi impidió el ingreso de funcionarios

Por Redacción ACN • 17/12/2020 00:20 • Tiempo estimado de lectura: 4 minutos

Tras la tensión vivida ayer, cuando una comitiva integrada por funcionarios municipales se presentó para relevar bienes de la Cooperativa Integral, hoy se espera que avancen las negociaciones entre las partes.

Una tensa jornada se vivió en la sede central de la Coopi cuando no se les permitió el acceso a funcionarios comunales.

El intendente  de Carlos Paz firmó el decreto 534/2020, que en lo central dispone que funcionarios municipales se apersonen a la sede de la Coopi para “proceder a verificar las condiciones de reintegro de los bienes que debe realizar el concesionario”. La intención era concurrir a la sede central de Moreno 78 y al Centro Operativo de calle Paraguay.

La comitiva estuvo compuesta por el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti; el subsecretario de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti; el Asesor Letrado Darío Pérez y el escribano Gastón Recalde.

El gerente General de la Cooperativa Integral, Rodolfo Frizza, y el abogado Juan Carlos Antonino, transmitieron a los funcionarios que se presentaron ayer por la mañana que impugnaban el procedimiento. La comitiva no pudo ingresar y todo quedó asentado en un acta.

Entonces, ambas partes, por distintos motivos, confluyeron en la Fiscalía N° 2. La Municipalidad de Carlos Paz denunció a la Coopi por “entorpecimiento en el cumplimiento de una orden judicial”. En tanto desde la cooperativa la denuncia contra los funcionarios fue por “abuso de autoridad”.

Para ese momento, ya cerca del mediodía, los trabajadores y trabajadoras de la Coopi, realizaban una asamblea en el edificio principal. Fue cuando retornó la comitiva oficial, esta vez alegando contar con una orden de allanamiento emitida por el fiscal Ricardo Mazzuchi. Los funcionarios, ahora estaban acompañados por el jefe de la Departamental Punilla, Cristian Cattaneo, y el subjefe, Elvio Agüero. Ya había agentes policiales, pero la dotación se vio reforzada con la llegada de un grupo de policías de la Guardia de Infantería, portando escudos y bastones.  

La asamblea

La asamblea de los trabajadores y las trabajadores, en el interior de la sede central de calle Moreno, recibió adhesiones de asociados a la Coopi, de vecinos y vecinas autoconvocados y de algunos concejales de la oposición, pertenecientes a los bloques minoritarios del Concejo de Representantes de Carlos Paz. Así, concurrieron Natalia Lenci (UCR), Gustavo Molina (Frente Capaz), Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente), Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos) y Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta).

Ya en horas de la siesta, retornaron al lugar el jefe y el subjefe de la departamental Punilla. Ahora sí portando la orden judicial escrita del fiscal Mazzuchi (el gerente de la Coopi había denunciado que la primera vez no estaba esa orden, que fue verbal y por esa razón había hecho la denuncia por abuso de autoridad).

Esta vez a la comitiva municipal se le permitió el ingreso. Ahora, más reducida, la integró el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, García Setti, el abogado Ramón Montenegro y  Aldo Lescano, de la subdirección de Agua y Saneamiento.

Tras una breve negociación, se firmó un acta con el compromiso de la Coopi de acceder al requerimiento y brindar la información que se le requería, que incluye datos de orden técnico referidos específicamente al servicio de provisión de agua que presta la concesionaria y también información de base de datos (cuentas de usuarios, consumos).

Rodolfo Frizza dijo al final de un miércoles agitado que, “más allá de dejarlos ingresar, les expresé que no nos oponemos a la orden del fiscal; que apenas se pueda se les brindará la información”. Argumentó que los empleados y empleadas de la Coopi se encontraban en estado de asamblea y movilización, con quita de colaboración.

Hoy se espera que los ánimos estén más calmos y se avance en la negociación. Aunque no aporte a aflojar las tensiones lo que dejó trascender el propio municipio y que sonó como amenaza: los concejales que estuvieron apoyando a la Cooperativa Integral “avalaron el estado de rebeldía y atentaron contra la institucionalidad”, por lo que les cabría una denuncia penal.

Foto: VillaNos Radio