Derechos Humanos
Y arriba quemando el sol
Por Miguel Apontes (PrensaRed) • 27/10/2021 15:43 • Tiempo estimado de lectura: 12 minutos
El lunes se cumplió un año del asesinato de Joaquín Paredes y nadie fue indiferente a la fecha en Paso Viejo. Es la siesta en este pueblo del noroeste provincial, y la inclemencia del tiempo estuvo lejos de atenuar el pedido de justicia. Por él y por tantos, demasiados chicos muertos por la acción de policías.
Hace exactamente un año, el 25 de octubre de 2020, por donde ahora camino junto a mucha gente (una multitud para este pueblo), una juntada de chicos adolescentes terminó de la peor manera. Pandemia, restricciones, escuelas cerradas. Calor, reunión en la plaza, policías que los intimidan, los apuran para que se dispersen.
Encuentro en la plaza. Qué otra cosa pueden hacer los jóvenes de este lugar una madrugada de octubre, encima domingo.
Calor, la juntada de siempre. Antes habían estado frente a una casa para tomar la señal de WiFi, no fue por mucho tiempo. Chanzas, risas, toman alguna bebida.
Se conocen los policías y los chicos. Once pibes conforman la junta. Rutinario, paliar el tedio. Alguno propuso ir a la casa de Mariano, que cumplía años. Después la discusión con los agentes crece y se van. Emboscada en un sitio baldío, casi contiguo al dispensario, ahí nomás. Balacera, 112 disparos. Y uno, el que segó la vida de Joaquín, de 15 años.
#Justicia por Joaquín – #Todos presos
A la convocatoria para marchar, se sumaron múltiples organizaciones (de derechos humanos, de lucha contra el gatillo fácil, partidos políticos). Acompañaron a los familiares y amigos de Joaquín, familiares y amigos de otros chicos, también muertos, también víctimas de disparos de armas policiales o con policías comprometidos de distintas maneras.
Son muchos, demasiados los casos que tienen a policías involucrados. Notable la red en torno a estas tragedias: los familiares coordinan actividades, la solidaridad es una bandera, viajan a cada acto, comparten experiencias. En Paso Viejo, estuvieron Lautaro Guzmán y Agustín Barrios (murieron en junio, en Colonia Caroya, tras una persecución); Blas Correas (asesinado en agosto, en Córdoba, tras un control); José Ávila (asesinado en julio, en Villa El Libertador). Son sólo las víctimas de 2020, en momentos de cuarentenas y restricciones. Pero también participaron muchos más y todos, todos, con la fuerza policial comprometida en sus muertes.
Los familiares y amigos de tantas víctimas, demasiadas víctimas en la provincia de Córdoba, viajaron, casi 200 kilómetros, para marchar bajo este sol abrasador.
Previo a que recorramos las calles de tierra que hasta hace un año caminó Joaquín, el acto en la plaza. “En mi casa hay un vacío que tengo, ha sido un chico que no tenía problemas con nadie, un niño, si no lo hablaban él no hablaba, iba a cumplir dieciséis, pensaba tenerlo al lado mío para que me ayude en la casa, le estaba enseñando. Nunca esperé que le haga eso la misma repartición donde trabajé yo, fueron 112 tiros”, dijo su abuelo, policía retirado.
Y hablan otros: los familiares de Rodrigo Sánchez, de Blas Correas, de Lautaro Guzmán, de Agustín Barrios… El papá de José Ávila, el muchacho de 35 años asesinado en Villa El Libertador en julio de 2020, clama por justicia y recuerda: “Nos cuidábamos del Covid, pero también de la policía”.
“A veces no nos acompañan en el pueblo, por miedo a perder el trabajo, muchos son parientes de los policías acusados… pero no nos vamos a callar, soy ahora la voz de mi hijo. Sufrimos amenazas, el padre del policía (Enzo Ricardo) Alvarado amenazó a mi tío en Villa de Soto, le dijo que lo iba a matar si quedaba preso”, me cuenta Soledad Paredes, la joven mamá del chico que hoy nos convocó.
La marcha y sus estaciones: el colegio donde Joaquín cursaba el tercer año, la casa de sus abuelos, el edificio de la comuna y la comisaría que aquel día fue blanco de la indignación popular, hasta llegar al sitio donde se montó una suerte de santuario con murales, escritos, frases… el lugar donde cayó muerto esa madrugada Joaquín. Ya traspusimos las cinco de la tarde, 40 grados.
Salir a trampear
Busco conversar con quienes conocieron a Joaquín. Indago, quiero acercarme al perfil de ese adolescente de Paso Viejo. Conocer algo más del chico asesinado. ¿Se puede morir así en este apacible pueblo?
“Uh, sí, le gustaban mucho los animales, los pájaros”. Los amigos, un tanto reacios a la inquisitoria. El pueblo está otra vez alterado después de un año de los hechos. Medios de la capital, cámaras, micrófonos, entrevistas. “Le encantaba salir a hondear y trampeaba, hay muchas ‘reinas moras’ por acá”. Y también “cabecitas negras, siete colores, todos los pájaros le gustaban”.
—¿Jugaba al fútbol?
—Sí, como era grandote, nadie lo pasaba. Jugaba de 2.
—Ah, pero también era bueno para el arco –agrega otro amigo que escuchó la conversación.
Su mamá estaba viviendo en Córdoba, pero Joaquín eligió regresar a Paso Viejo. “Le encantaba este lugar, sus amigos, quiso volverse a vivir en la casa de su abuelo”, amplían.
Leticia fue su profesora de Producción Animal en la Escuela Amadeo Sabattini, de orientación agrotécnica. “Era un chico que le gustaba mucho estar ‘gomereando’ a la siesta; los pájaros, los animales en general le encantaban”, me cuenta.
Y soñaba, como todos los pibes de su edad.
“Soñaba con cambiar su celular, soñaba con jugar al fútbol capaz en algún equipo… por esos días pensaba en el festejo de su cumpleaños… ah, y bailaba folklore, vestidito de gaucho con la academia del pueblo, imborrable su sonrisa, los hoyuelos que se le marcaban…”.
Gatos, chacareras, Joaquín bailando con gracia. Y en las coreografías estoy seguro que se manifestaban sus sueños… la libertad.
Estoy buscando a ese pibe, escrutando sus anhelos, qué horizonte se le presentaba para cuando creciera. No pudo crecer, no pudo. Y esta tarde transita las calles del pueblo con mucha gente. No se lo hubiera imaginado jamás.
El poder político ausente
Trato de hacerme una composición de lugar. Cómo es vivir en Paso Viejo, su cotidianeidad. De cómo pasan sus días los y las adolescentes. Y debo decir que es un lugar postergado, será porque está lejos de los centros de decisión. Pienso que, cuando por estos días el gobernador se refirió “al interior profundo”, no tuvo en cuenta el noroeste provincial, más bien habló de la pampa gringa. No sé, se me ocurre.
Y no entiendo la ausencia de las autoridades esta tarde. Pregunto a un caminante por el Jefe Comunal. Pero no. No asistió a la marcha Darío Heredia.
Heredia está al frente de la comuna, llegó por un partido vecinal, adhiere a Hacemos por Córdoba.
Pienso en el poder político, porque el rol del Estado debería ser el opuesto a la violencia policial. Porque cuesta entender la falta de espacios de contención para la juventud en estos pueblos. Pienso en playones deportivos, en clubes… muchas maneras de ofrecer alternativas para los chicos y chicas que en la era de la comunicación ven en las pantallas realidades demasiado ajenas. Pero no, entre tantas carencias, la de oportunidades debe ser la mayor.
Trabajar en el campo, en las cosechas. Se da en esta tierra el olivo, el algodón, la papa, el maíz. Y pregunto: ¿qué otra perspectiva de trabajo o estudio, qué manera de subsistencia perciben estos jóvenes para cuando crezcan?
“El plan para nuestros jóvenes es que sean policías o guardia cárcel. Para algún estudio superior, un profesorado, tenés que hacer 50 kilómetros con los gastos que eso demanda, estudiar cuatro años, con suerte entrar en la lista de orden de mérito… Pero si entrás a la Policía, en seis meses estás trabajando y cobrando; de los cinco policías involucrados dos estuvieron en mis aulas», amplía la profesora Leticia, señalando al edificio escolar, otras de las escalas de la movilización.
Tras la absurda muerte del chico aquélla madrugada, la escuela tuvo un gran papel de contención. “No fue fácil, la sociedad aquí está dividida, pero nos plantamos y abordamos el problema, generamos un espacio para discutir en las aulas lo que estaba pasando… e hicimos en las paredes un gran mural recordando a Joaquín”, completó la docente.
¿La responsabilidad es toda de la Policía de la Provincia? No, que se sepa, en tanto no es una institución autónoma. La seguridad es responsabilidad del Gobierno provincial, es el poder político el que debe dar respuestas. Y, desde ya, la Justicia.
Cómo entender que en este apacible pueblo del noroeste de Córdoba haya muerto un pibe inocente tras una feroz balacera policial. Un escenario propio de otro partido, escenas vistas en la tele, que transcurren en grandes ciudades, películas de acción.
“Las cámaras de seguridad captaron la persecución de delincuentes, dos cayeron abatidos”, repiten los noticieros a diario. Pero aquí no había delincuentes, ¡eran adolescentes en una calurosa madrugada reunidos en la plaza!
—¿Desde la Policía te ofrecieron ayuda, algún gabinete psicológico los contuvo?
—Derechos Humanos nacional (la secretaría de Derechos Humanos de la Nación) siempre nos apoyó, pedimos audiencia al gobierno (de la Provincia), pero no -me cuenta Soledad, la joven mamá de Joaquín.
Y escucho durante la caminata: “Cambiaron tres veces de comisario, que dejen de allanarnos, ahora queremos que todos estén presos”.
¿Tanto cuesta adoptar medidas desde la política, desde el Poder Judicial, para terminar con esta locura? ¿Es posible que se enseñe mejor a los policías en las escuelas lo que significa portar un arma? ¿Por qué no se hace una convocatoria amplia, a los partidos políticos, a todas las agrupaciones, organizaciones de lucha contra la violencia institucional, a los familiares de las víctimas, para cambiar de raíz esto y avanzar hacia una verdadera seguridad democrática?
Mirar las fotos de tantos chicos muertos que se hicieron ¡presentes! en esta calurosa tarde en Paso Viejo, destroza cualquier argumento de que se trató de un “caso excepcional”.
Pero no, no, el silencio oficial es la norma.
La causa judicial
“Desde septiembre, la causa tiene un decreto de la fiscal Fabiana Pochettino, imputando a los cinco acusados. Ahí nomás, y llamativamente un día sábado, es mandada esta funcionaria de vuelta a Deán Funes por (el fiscal general adjunto José) Gómez Demmel y (Héctor) David. Deja de ejercer como subrogante en Cruz del Eje, sin que se haya nombrado un nuevo fiscal de Cámara”, cuenta el abogado de la familia de Joaquín, Claudio Orosz.
A la fiscal ahora la reemplaza Daniel Raymundo Barrera, que retomó la actividad de la fiscalía de Cruz del Eje, tras una licencia. La defensa interpuso un pedido de nulidad del decreto de imputación, que fue rechazado por la fiscalía, y el juez de control declaró que es válido. Actualmente está en trámite de apelación en la Cámara de Villa Dolores.
Orosz agrega: “Algo que es básico: no existe la nulidad por la nulidad misma, justamente en una causa donde te llaman para que ejerzas el derecho material a la defensa. Entendemos que debe ser ratificado el decreto de imputación”. Solo hay dos policías detenidos, los otros tres están libres. “Deberían estar todos detenidos, porque hubo amenazas al abuelo, al tío abuelo, pinchaduras de gomas, amedrentamiento a testigos, estas cosas las hizo personal policial, o personal retirado”, amplía.
Tampoco deja pasar situaciones repudiables, como que al chico que sobrevivió, de 14 años, “ocho veces le allanaron su casa, por lo que la institución encubre a un grupo de cinco de ellos, está claro eso”. El abogado querellante insiste en que además de tomarles declaración, “deben estar todos detenidos, hay peligro procesal”.
La imputación es a los cinco policías. Homicidio doblemente agravado, para el caso de Joaquín, y tentativa de homicidio doblemente agravado por la balacera que hirió (y por fortuna no mató) a otros chicos.
El caso del asesinato a manos de policías de Joaquín Paredes, la madrugada del 25 de octubre de 2020 en la localidad de Paso Viejo, en el departament Cruz del Eje, dispara un debate que trasciende aspectos jurídicos. Desde el abordaje mediático de los hechos, la consideración de las víctimas según su pertenencia de clase, la percepción de la sociedad respecto a los organismos públicos, en particular los de seguridad. La argumentación de la Justicia negando que el crimen de Joaquín sea encuadrado como “violencia institucional” habilita a ponerla en cuestión.
“El hecho investigado no representaba un caso de violencia institucional por parte de la Policía de Córdoba que ameritara hacer lugar a la pretensión de la Secretaría sino que el suceso investigado resultó ser un caso aislado que empezó y terminó el mismo día”, dictaminó la Cámara de Villa Dolores.
Están acusados los agentes Maikel Mercedes López, Enzo Alvarado, Ronald Fernández Aliendro, Jorge Gómez e Iván Alexis Luna. Dos están detenidos y los tres restantes permanecen en libertad.
