Ambiente y sustentabilidad
Audiencia por la Autovía de Punilla: la UCR reclama que sea presencial
El legislador Dante Rossi presentó un proyecto a la Legislatura. Exigen que no se restringa la participación y que los afectados puedan hacerse escuchar.
En sintonía con el pedido elevado por las asambleas ambientales al Gobierno de la Provincia, legisladores radicales presentaron el jueves un proyecto que solicita que la audiencia pública por la Autovía de Punilla se lleve a cabo de manera presencial y no virtual. Así lo confirmó legislador Dante Rossi, autor de la iniciativa, luego de un encuentro informativo que reunió a una veintena de vecinos/as e integrantes de asambleas ambientales de Punilla en el playón del Instituto Superior Del Profesorado “Jorge Cavanna», en Huerta Grande. Allí participaron además la concejala local por la UCR, Natalia Ariza, y como expositores el periodista especializado en problemáticas ambientales Leandro Roso y el abogado ambientalista René Hamsler.
“Hemos presentado un proyecto para que la audiencia se haga de manera presencial, sugiriendo como espacio al anfiteatro de la plaza Próspero Molina. Creemos que hacer una obra sin escuchar a los habitantes de Punilla es un contrasentido”, señaló Rossi, quien adelantó que buscarán darle tratamiento sobre tablas el próximo miércoles. Y agregó: “El año pasado en la Legislatura habíamos alertado que el Gobierno quiere hacer la Autovía de arremetida, sin dialogar ni buscar acuerdos. La audiencia virtual busca eso: el menor impacto posible para avanzar en la obra”.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia lanzó para el próximo 9 de abril la convocatoria a una audiencia pública virtual para someter a análisis el proyecto de alternativa a la Ruta 38 “Variante Costa Azul – La Cumbre”. La modalidad de debate generó el repudio de los integrantes de las asambleas ambientales, quienes además cuestionaron los requisitos para participar como expositores, que incluyen el registro en el sistema Ciudadano Digital (CiDi) nivel 2. Por su parte, Hamsler advirtió que esta condición afecta de manera directa el “derecho a la participación” ciudadana, por lo que no descartó acciones de amparo ante la Justicia por parte de las asambleas.
“La convocatoria no ha respetado el derecho al acceso a la participación. Por un lado, con la exigencia del CiDi 2 SE reduce drásticamente la posibilidad de que muchas personas expongan, aún en el caso de que se logre que la audiencia sea presencial. Por otro lado, en lo que respecta a la virtualidad, los que más tienen que escuchar de que se trata el proyecto no tienen acceso a Internet”, manifestó Hamsler a este medio. Y cerró: “También se restringe el acceso a la información con la publicación de un estudio de impacto ambiental que permanentemente remite a anexos que no están publicados. La obra no garantiza menor impacto que el proyecto anterior y es por eso que no descarto que las asambleas avancen con una presentación judicial”.
Fuente: La Estafeta Online
