Córdoba, la Docta
Que el escándalo no tape el bosque
Por Dr. Alberto Edel León* • 10/04/2021 00:01 • Tiempo estimado de lectura: 3 minutos
* Profesor Asociado (FCA-UNC) Investigador Superior CONICET
El Dr. Luis Augusto Olmedo, profesor titular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología, fue detenido en setiembre del año pasado acusado de extorsión por el fiscal Maximiliano Harabeidián, específicamente por obligar a sus alumnos a asistir a su academia privada para aprobar la materia. En dicha academia no recibían ninguna formación, sino que se les daban las respuestas a las preguntas de los exámenes.
En esta semana las autoridades de la Facultad de Odontología -pese a que el proceso judicial sigue su curso- decidieron reponer al mencionado docente en el cargo de profesor, poniendo fin a la suspensión que habían decidido cuando el hecho tomó estado público.
Numerosas voces de adentro y afuera de la Universidad manifestaron su repudio y expresaron el escándalo que provocaban estos hechos; muchos genuinamente, otros porque no pierden oportunidad para denostar a la universidad pública.
En ese sentido es imprescindible que la UNC ponga en marcha los mecanismos con los que cuenta para hacer frente a estas situaciones, pero también es necesario revisar algunas decisiones que parecen burocráticas pero que en buena medida facilitan la existencia de los ilícitos.
En primer lugar, se observa una tendencia al desentendimiento de las autoridades respecto a los asuntos que están bajo su órbita: dicen desconocer lo que sucedía en esta cátedra, pero pocos meses antes de la acusación (febrero de 2020) el Consejo Directivo de la Facultad de Odontología le llamó la atención al profesor Olmedo y lo intimó a cumplir con la reglamentación general de exámenes finales para alumnos de la carrera. Es llamativo que no hayan trascendido los motivos de las irregularidades que habían conducido a tal resolución.
Entre los mecanismos que no funcionaron para evitar estas situaciones se debe mencionar que la Universidad tiene su Secretaría Académica, pero el actual rector, Dr. Hugo Juri, decidió que las diferentes áreas del rectorado quedaran bajo la responsabilidad de un decano, y en este caso quien ejerce ese rol es la decana de la Facultad de Odontología, Dra. Mirta Spadiliero de Lutri, que está imputada en la misma causa del Dr. Olmedo por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pero tampoco esto es producto del azar, sino la resultante de una tendencia creciente a priorizar las lealtades políticas por sobre las capacidades a la hora de designar autoridades. Veamos un ejemplo: el estatuto de la UNC, en todas sus versiones, siempre sostuvo que para ser autoridad unipersonal de nuestra universidad es necesario ser o haber sido profesor por concurso, y que para ser profesor es necesario tener título máximo. Debido a que determinadas áreas del conocimiento no contaban con la carrera de doctorado, se aceptó que se podían hacer excepciones, que debían quedar expresamente asentadas en las actas de concurso. Sin embargo en la actualidad, cuando todas las disciplinas tienen sus títulos máximos, esas excepciones se siguen aceptando y, lo que es peor, al permitir que adquieran la categoría de profesor concursado, la excepción se transfiere para ser autoridad unipersonal de nuestra universidad.
Frente a este tipo de actos de corrupción no basta con escandalizarse: hay que revisar los mecanismos que deberían haber funcionado, pero también cambiar las normativas que generan las condiciones para que nunca funcionen.
