Córdoba, la Docta
El abogado Barbará rechaza el título de emérito que quiere otorgarle la Facultad de Derecho
Por María José Quiroga • 14/12/2020 00:01 • Tiempo estimado de lectura: 6 minutos
Así lo expresó en una carta dirigida al decano, en la que se defiende de las acusaciones que lo señalan como un activo colaborador en la última dictadura militar.
En las últimas horas se conoció una carta firmada por el abogado Jorge Edmundo Barbará en la que solicita al decano de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) –Guillermo Barrera Buteler- que “retire la propuesta efectuada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, no sin antes agradecer el voto unánime hacia mis calidades personales y académicas que emitió oportunamente”. Barbará es, junto a José Luis Palazzo, uno de los docentes universitarios propuestos para la entrega de la distinción como profesor emérito, que causó profundo malestar en la comunidad universitaria por la vinculación de ambos al último régimen militar.
En la misiva, fechada el 7 de diciembre pasado, el docente fundamente su postura “en razón de que se han alzado algunas voces cuestionando mi persona para recibir aquella dignidad”. Seguidamente, acepta haber sido funcionario en la Municipalidad durante la última dictadura militar aunque no admite ser uno de los signatarios de la Carta Abierta de 1978 en la que un grupo de docentes universitarios se dirigió al Embajador de los Estados Unidos negando la violación de los derechos humanos en la Argentina. “Se trata de una fotocopia con una multitud de nombres carentes de firma, que no puede validar jurídicamente documento alguno”, justifica Barbará al referirse a esa solicitada que se publicó aquel año en el diario Córdoba. Respecto de sus funciones en la comuna cordobesa asegura que «ninguno de los dos Intendentes a quienes acompañé, hoy fallecidos, fueron mencionados jamás, en modo alguno, por cuestiones referidas a violación de los derechos humanos. Tampoco quienes ocupamos funciones durante ese período».
El docente relata a continuación una serie de hechos que lo “exculparían” de su compromiso con el accionar del terrorismo de Estado: haber defendido a despedidos del Banco Social, efectuar gestiones ante magistrados judiciales respecto de personas detenidas bajo calificación de “ser o encontrarse involucrados con la guerrilla”, la incorporación a su estudio particular de un profesor que había sido cesanteado de la Facultad de Derecho “por ser potencialmente subversivo” y pedir al delegado militar en la misma unidad académica la reconsideración de la expulsión de los profesores César Enrique Romero (radical) y Ricardo Smith (peronista) “quienes habían sido arbitrariamente despedidos de la Universidad”.
Respecto de la impugnación de su título para integrar la Convención Constituyente, hecho recordado por el ex convencional Carlos Vicente la semana pasada, Barbará se queja de que “no deja de ser hiriente que voces que en esta ocasión objetan mi dignidad, mientan descaradamente desvirtuando los conceptos con que me defendí cuando pretendieron cuestionarme en mi carácter de Legislador Constituyente en la Reforma Constitucional de Córdoba en setiembre de 2001. Fácil resulta demostrar tal mentira ya que mis palabras constan en la versión taquigráfica de la Constituyente. En esa ocasión señalé los errores de carácter jurídico constitucional en que se había incurrido al formular la pretendida impugnación”.
La carta finaliza diciendo “no obstante las aclaraciones precisas antes efectuadas y la convicción de que me asisten las calidades suficientes para investir la distinción de Profesor Emérito, las difíciles condiciones que a la fecha transcurre la vida de la educación y del país en general, me llevan a evitar profundizar discusiones dañinas para la Universidad Nacional de Córdoba”, por lo cual pide se desestime la nominación de la Facultad de Derecho.
Rechazos
Apenas se conoció que en la sesión de mañana, la última del año, el Consejo Superior de la UNC, otorgaría el título de emérito a Barbará, junto a su colega José Luis Palazzo (quien también ocupó cargos públicos durante la dictadura), las voces de rechazo de la comunidad universitaria no se hicieron esperar.
La semana pasada, desde la Facultad de Ciencias Sociales se presentó ante el Consejo Superior un proyecto para modificar la reglamentación que regula el otorgamiento de los títulos de eméritos y consultos a los docentes universitarios en el momento de jubilarse. La propuesta establece que, para obtener esos títulos, el docente “debe poseer una trayectoria de compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos”. Por lo tanto, quedarían excluidos quienes hubiesen desempeñado cargos durante gobiernos dictatoriales. Según la modificación de requisitos que elevó en su proyecto la mencionada facultad, quedarían fuera de la posibilidad de recibir esa designación “quienes se hubiesen desempeñado como funcionarios estatales con responsabilidades o asesoramiento político durante el Terrorismo de Estado (desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983)”. El apartado también excluye a aquellos profesores que se hubieran expresado públicamente a favor de la dictadura legitimando su accionar.
En el mismo sentido, se pronunció la Comisión Provincial de la Memoria, desde donde se repudió la nominación de Barbará y Palazzo por sus nexos con la dictadura. En relación al último de los nombrados, informa que integra la prueba documental en la denominada Mega causa La Perla, ya que –durante su rol como jefe de personal en la Empresa de Energía de Córdoba- se lo vincula con el secuestro y posterior desaparición de Tomás Di Toffino, trabajador se esa empresa. “Nos parece inadmisible y digno de repudio –dice el comunicado- que la comunidad universitaria en su totalidad, y más específicamente el rectorado- no se exprese contundentemente contra la postulación de estos hombres, cuya trayectoria está manchada de sangre ya que su distinción es una flagrante contradicción al juramento profesional de cada uno de los miles de egresados de la UNC”.
Además de estos rechazos, circuló el pasado fin de semana una carta de un tenor similar, que está siendo suscripta por docentes universitarios de distintas unidades académicas que han recibido oportunamente sus títulos de eméritos o consultos, y que rechazan la pretensión de la Facultad de Derecho de otorgarlos ahora a los dos profesores mencionados.
Desde distintas facultades de la UNC, además, se ha dado a conocer la negativa a votar favorablemente la distinción. Entre otras voces en contra se pronunció la decana de la Facultad de Filosofía Flavia Dezzutto, quien expresó: “más allá de sus méritos académicos o científicos, ambos profesores tuvieron actuación en la última dictadura militar en organismos públicos. Esto está reñido con los valores que la universidad pública otorga a un profesor emérito: compromiso con la democracia y con las leyes y, por supuesto, con los Derechos Humanos”.
