Córdoba, la Docta
«No es cierto que sea una fotocopia»
El abogado y docente de la UNC Esteban Rafael Ortiz desmiente las afirmaciones de Jorge Edmundo Barbará sobre su firma en una solicitada de apoyo a la dictadura militar.
El profesor e investigador universitario de la Facultad de Derecho, Esteban Rafael Ortiz, desmintió una afirmación expuesta por Jorge Edmundo Barbará en la carta que remitió al decano de Derecho rechazando su designación como emérito (El abogado Barbará rechaza el título de emérito que quiere otorgarle la Facultad de Derecho | ACN (acnoticias.ar). En esa nota, el abogado manifiesta que la aparición de su nombre en una solicitada que negaba la violación de los derechos humanos por parte de la dictadura militar, y que fue firmada por un grupo de docentes universitarios, no tiene validez puesto que solo “se trata de una fotocopia con una multitud de nombres carentes de firma”.
Sin embargo el profesor Ortiz –autor del libro “El derecho víctima del terrorismo de Estado. 1975-1980”– reveló que esa solicitada publicada en el diario Córdoba el 14 de octubre de 1978 y también en La Voz del Interior “es un documento histórico nunca desmentido del cual tengo su certificación del original por ante escribano público, por lo que no es cierto que sea una fotocopia. Además, el diario La Voz del Interior del 12/10/78 informó que las firmas de esa solicitada estaban certificadas por la escribana Encarnación Aguilar”.
En su libro -publicado por la editorial UniRio de la Universidad Nacional de Río Cuarto en marzo de 2015- Ortiz explica cómo desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se organizó la red de apoyo civil a la dictadura. En uno de los capítulos, titulado “Complicidad civil en la Facultad de Derecho de la UNC”, escribe: “Durante ese período, en la Facultad de Derecho, un grupo importante de profesores y de abogados fueron parte del apoyo civil que tuvo la dictadura militar, justificando sus métodos y avalando públicamente su proyecto, a la par de ocupar cargos públicos de relevancia”.
Respecto de la solicitada, que reprodujo el contenido de una carta enviada por los firmantes al Embajador de los EE.UU., Ortiz recuerda en su libro que “en la primera fila de suscriptores se ubicó la Facultad de Derecho”. El profesor indica luego: “Varias de las personas cuyos nombres y apellidos aparecían avalando ese documento negaron después que hubieran suscripto dicha solicitada, expresando que solamente si apareciera el original con su firma podría achacársele su participación”. Respecto de las expresiones de Barbará (“se trata de una fotocopia con una multitud de nombres carentes de firma”) Ortiz sostiene en su obra que “se trató de algo más que un acto privado, fue una posición política y pública que ha quedado registrada para la historia en un diario de circulación masiva. A su vez, obra en original y es de acceso público, lo que hace que constituya un documento válido”. El abogado advierte que –hasta el momento de la publicación del libro- no se conocen (salvo casos puntuales) “desmentidas ni autocríticas de dicho posicionamiento favorable al terrorismo de Estado”. “A esta altura –continúa- no parece haber lugar a dudas ni sospechas ya que no aparece falsedad ninguna en la inclusión de sus nombres”.
La solicitada
«Es nuestra estimación que al menos varios miles fueron asesinados y dudamos que alguna vez sea posible establecer una cifra más específica», advirtió en 1978 a sus superiores el entonces embajador de los EE.UU. en Buenos Aires, Robert Hill respecto de la represión en Argentina. En 2017, cuando se desclasificó una gran cantidad de archivos sobre la dictadura militar, el Departamento de Estado precisó que en 1979 su embajada había documentado 9.500 casos de personas víctimas de la dictadura, en su mayoría desaparecidos.
Los docentes de la UNC dirigieron la carta a Raúl H. Castro, embajador plenipotenciario desde 1977 hasta mediados de 1980, identificándose como «ciudadanos argentinos y docentes universitarios, por su propia iniciativa y responsabilidad individual”, según reproduce en sus páginas el libro de Ortiz. Después de pronunciarse en contra de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, las calificaron como “campaña antiargentina”. Según la publicación, la misiva mencionaba a las personas perseguidas por la dictadura como: “guerrilleros y activistas que huyeron del país a refugiarse junto a sus amos buscando nuevas directivas”, achacando a las propias víctimas el asesinato y los ataques a “personas y bienes norteamericanos”.
Washington apoyó firmemente la dictadura militar que se instauró en 1976 en Argentina, sin embargo durante 1977 y 1978, el presidente James Carter y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian (que visitó la Argentina en 1977), presionaron a la Junta Militar para que pusiera fin al terrorismo de Estado y enviaron una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se venía gestando desde dos años antes y que, en 1979, dio a conocer un informe en el que pedía cuentas a los jefes militares sobre violaciones a los DD.HH. Ese informe fue escasamente difundido en el país. Solo como una curiosidad, merece recordarse que una de las personas que entrevistó la CIDH en Córdoba fue Francisco Quintana Ferreyra, rector de la UNC por la dictadura en el período 1979-1982.
Justamente en ese período es que los profesores de la UNC hicieron pública su posición indicando que las actitudes críticas con la dictadura militar de un sector del gobierno de los EE.UU. “son una injerencia en los asuntos internos argentinos”. En la famosa solicitada “se arrogaron la defensa del espíritu occidental y cristiano” haciendo notar –al mismo tiempo- que habían estudiado en universidades norteamericanas y convivido con su pueblo “por lo que estaban compenetrados con sus valores”, reproduce el libro de Ortiz. Algunos de los firmantes de aquella solicitada ostentan, sin embargo, sus títulos como eméritos o consultos otorgados por el Consejo Superior de la UNC, el que hizo caso omiso de los planteos negativos que varios de sus integrantes expusieron en distintas oportunidades.
