Derechos Humanos
Criminalizan la protesta en Córdoba: demagogia electoral antipopular
Dos proyectos de ley, tanto del oficialismo como de la oposición en Córdoba, están siendo tratados en la Legislatura con el fin de «reglamentar la protesta social» a través de una serie de sanciones que incluso conllevan pena de cárcel. La seguidilla de reclamos masivos contra las políticas de gobierno en un contexto de crisis, no caen bien a una clase dirigente que aprovecha el descontento generalizado para instalar el enfrentamiento de «pobres contra pobres». En esta nota Enfant dialogó con la docente y legisladora por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (FITU) Noelia Agüero y Federico Giuliani, secretario general de ATE y la CTA-A a nivel provincial, para profundizar sobre este escenario.
Por Redacción ACN • 28/10/2022 08:58 • Tiempo estimado de lectura: 3 minutos
En Córdoba la iniciativa de criminalizar la protesta social adquiere forma a través de la presentación de dos proyectos de ley en la Legislatura. Por un lado, el schiarettista Juan Manuel Cid, plantea modificar el Código de Convivencia Ciudadana, buscando que se apliquen sanciones que van trabajo comunitario, multa de hasta diez mil pesos, hasta pena de cárcel contra quienes «alteraren o interrumpieren el normal tránsito de las vías de circulación de personas y vehículos», bajo la figura de «desórdenes públicos». Además, el proyecto otorga potestad a la Policía y funcionarios judiciales de hacer cesar mediante palabra las manifestaciones. A su vez, también prevee otras penas para la «conducción peligrosa» y «deposiciones en espacios públicos o privados».
Por su parte, legisladores Dante Rossi y Verónica Garade Panetta (Juntos UCR) , presentaron un proyecto para direccionar las movilizaciones públicas, prohibiendo realizarlas en la Ciudad de Córdoba en el radio comprendido entre Marcelo T. de Alvear- Figueroa Alcorta, Humberto I°-Sarmiento, Avda, Maipú-Bv. Chacabuco- y Bv. Illia- Bv. San Juan; en todos los casos en ambas manos, aunque dejan excentas a movilizaciones como la del 24 de marzo de 1976, «o de reconocimiento de derechos vinculados a la igualdad».
De momento, tanto el proyecto oficialista Nº 35604/L/22, como el de Rossi y Garade Panetta Nº 35604/L/22, están siendo tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos que precide Cid, donde los sectores representativos trabajan en un«concenso» para unificar las propuestas. Durante una sesión el pasado 13/10 para debatir los proyectos, estuvieron presentes lo más altos representantes de la Cámara de Comercio de Córdoba y al presidente del Centro Vecinal de B° Centro, quienes expresaron su apoyo hacia ambas iniciativas.
En diálogo con Enfant Terrible, la docente y legisladora por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (FITU) Noelia Agüero, planteó que existen más proyectos además de los tratados en la comisión: “Hay otro proyecto que existe pero no está siendo tratado, e insiste en regular la protesta social a través de lo que son los servicios esenciales, es decir, la educación, la salud y el transporte, ponerles un corset para que tengamos que adecuarnos, que se nos diga cómo tenemos que hacer nuestras huelgas”. “Pero además -continuó Agüero-, Cid presentó otro proyecto provincial para suspender y dar de baja los planes sociales que participen en las protestas. También hay otro en el que instruye a los legisladores nacionales de Hacemos Por Córdoba para que lleven un proyecto de similares características al Senado de la Nación, es decir, va más allá. Ese es el panorama, aunque en teoría habría más comisiones para tratarlo, no es que esto se vaya a votar en lo inmediato, pero con esta gente nunca se sabe”.
FUENTE: Enfant Terrible.
