Aborto legal
El Senado trata hoy el proyecto de Interrupción del Embarazo
La discusión de la IVE, junto con la iniciativa para acompañar la primera infancia cerrarán el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzará hoy a las 16 y que se extendería hasta mañana. Ya obtuvieron media sanción de Diputados y, si se aprueban sin cambios, serán ley antes de que finalice el año.
El Plan de los 1.000 Días, para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera Infancia, fue dictaminado esta semana y obtendrá el aval de la Cámara alta ya que, durante su discusión en comisiones, obtuvo el apoyo de todos los bloques parlamentarios. El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar a la atención de cada niño o niña menor de tres años. Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
En tanto, el proyecto para legalizar el aborto en la Argentina cuenta casi con tantos apoyos como rechazos en el Senado, por lo que la definición recién se conocería durante el debate. La discusión, tal como ocurrió durante todo el año desde que se declaró la pandemia por coronavirus, volverá a ser a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas. El resto de los legisladores deberán pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de la pandemia de coronavirus.
Senadores cordobeses
El proyecto sobre la legalización del aborto atraviesa los bloques de manera transversal, separando a quienes apoyan la interrupción voluntaria del embarazo y quienes se oponen, sin distinguir banderías políticas. Durante los últimos días, la sanción de la iniciativa tal como llegó de Diputados fue puesta en duda luego de que uno de los senadores aliados del Frente de Todos, el rionegrino de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck, solicitó algunos cambios al proyecto porque, de lo contrario, dijo que se abstendría. La misma decisión tomarían, según dejaron trascender, algunos representantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Si así ocurriera, el proyecto debería volver a Diputados en segunda revisión. Weretilneck está a favor de la legalización del aborto, pero objetó varios aspectos de la sanción de Diputados y señaló críticas respecto de su aplicabilidad. A estas objeciones adhirió después el senador por Córdoba Ernesto Martínez (Frente Cívico-PRO). Este último confirmó su voluntad a favor pero firmó el despacho de Diputados en disidencia con algunos puntos porque considera que “el proyecto no es el mejor que se puede aprobar”. Concretamente, el senador cordobés refuta los artículos 11 (que establece la obligación de las obras sociales en la atención de la interrupción del embarazo) y 13 (que modifica el artículo 85 del Código Penal). Hace dos años, Martínez había votado a favor de la ley pero esta vez se negó a anticipar su postura. Idéntica actitud adelantó la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) quien señaló que su voto se conocerá durante la sesión. Rodríguez Machado también había apoyado la ley en 2018 pero esta vez quedó envuelta en una especulación electoral: el año que viene encabezaría la boleta de senadores por Córdoba junto a Mario Negri (UCR) en las elecciones de medio término y la alianza no quiere llevar una dupla donde ambos sean “verdes” (cabe recordar que el diputado Negri votó a favor en la cámara baja). El tercer senador por nuestra provincia –Carlos Caserio (Frente de Todos)- ya anticipó su voto positivo.
Cambios
Voceros del Frente de Todos aseguraron que no avalarán ninguna modificación en el expediente y que buscarán consensuar el apoyo del Senado para que sea ley. En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró en los últimos días que «no se está analizando introducir cambios en el texto» y endilgó una «mirada corta» a quienes atan la suerte de la iniciativa en la Cámara alta a una idea de victoria o derrota del Gobierno. «Está bueno aclarar que, en principio, no se está analizando introducir cambios en el texto del proyecto», respondió Gómez Alcorta al ser consultada sobre las versiones que circulaban en ese sentido.
Además de algunos legisladores que aún no comunicaron su decisión sobre el proyecto, como las opositoras Lucila Crexell y Stella Maris Olalla, está en duda la participación del riojano Carlos Menem, quien permanece internado en una clínica porteña a raíz de una descompensación que sufrió a fines de la semana pasada. Menem, al igual que el tucumano José Alperovich (de licencia y denunciado por presunto abuso sexual), son fervientes opositores a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
El recorrido del proyecto
El proyecto fue girado al Senado luego de haber sido aprobado en Diputados el 11 de diciembre, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018. Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica. El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto respecto de la objeción de conciencia.
Fuente: Telam
