Política y Economía
El Servicio de Agua de Carlos Paz, una transición complicada
Por Miguel Apontes • 19/05/2021 11:00 • Tiempo estimado de lectura: 4 minutos
En el breve lapso de gestión del Servicio de Agua y Saneamiento por parte de la Municipalidad de Carlos Paz, no han sido pocos los inconvenientes que se presentaron. El punto que más preocupa es la no regularización de los trabajadores y las trabajadoras absorbidos por el municipio.
El fin de la concesión del servicio de agua y saneamiento –que la Cooperativa Integral de Carlos Paz prestó por más de cinco décadas- no observa, hasta el momento, una transición prolija. Desde el 30 de abril, está a cargo de la Municipalidad de Carlos Paz.
Desde el momento en que el municipio de la villa serrana ratificó su decisión de hacer cesar la concesión, donde la Coopi sufrió sucesivos reveses judiciales, las negociaciones para el traspaso estuvieron marcadas por la defensa de la fuente de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras frente a la reticencia del Estado municipal a absorber a todos los empleados registrados de la Cooperativa. En el medio, la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia.
El reclamo de la Coopi, institución emblemática en el Valle de Punilla, en cuanto a lo que consideró su derecho a continuar con la prestación, pasó por todas las instancias judiciales, hasta que en noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo del concesionario y falló a favor de la municipalización del servicio de agua y saneamiento de Carlos Paz, dejando firme el decreto firmado por el ex intendente Esteban Avilés en 2017.
Las negociaciones entre el sindicato y el municipio no estuvieron exentas de tropiezos. Tras sucesivas audiencias en Trabajo, el ministerio que encabeza Omar Sereno dictó la Resolución N° 5, en febrero de este año. Allí, el organismo provincial reflejó, de manera taxativa, el procedimiento de incorporación de los trabajadores y las trabajadoras de la Cooperativa Integral (Coopi) a la órbita municipal. Expresamente se indicó que el traspaso se hacía “en las mismas condiciones en que estaban como trabajadores registrados”.
La Municipalidad de Carlos Paz no tenía forma de incorporarlos como empleados municipales. Los impedimentos partían de su Carta Orgánica, que especifica la condición de ingreso “por concurso”.
Desde ese momento, la discusión se centró en la necesidad de crear un “ente” municipal, autárquico, que ejerciera como empleador de todo el personal traspasado una vez asumido el control del servicio de agua y saneamiento por parte de la Municipalidad de Carlos Paz. Un “ente” con otra personería jurídica, otro CUIT, su propio patrimonio y receptor de los recursos obtenidos por recaudación.
La alternativa de creación del “ente” no era caprichosa: se fundaba en figuras similares existentes en el Estado en distintas áreas (y que existe en otros municipios, por caso la ciudad de Córdoba).
La Municipalidad de Carlos Paz, entonces, hoy solo los puede incorporar bajo el régimen de empleado público (si sorteara los impedimentos de la Carta Orgánica) y no como privados. Su inscripción en Afip no la habilita para otra cosa. Y aquí se presenta el conflicto: Afip no puede dar el alta temprana de estos empleados sino bajo el régimen de “estatales”.
La discusión que lleva adelante el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sipos), no se aparta de lo sostenido en un primer momento: el respeto a las condiciones laborales de cada trabajador y por ende del Convenio Colectivo bajo el que se encontraban como empleados registrados en la Coopi.
Lo concreto es que desde el 30 de abril, momento en que la Municipalidad se hizo cargo del servicio de agua y saneamiento, los 83 trabajadores otrora registrados en la Coopi y ahora absorbidos por el municipio, se encuentran en un limbo: no aparecen registrados, en tanto Afip no lo autorizó; en consecuencia no cuentan con obra social.
El tema no es menor y urge una solución. A partir de la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo para este miércoles en la sede Regional de Carlos Paz, las partes dejaron trascender sus expectativas de avanzar en una solución.
La negativa por aceptar el remedio del “ente” tiene sus razones. Y son políticas y económicas: la importante recaudación que genera el esencial servicio de agua y saneamiento (entre 50 y 60 millones de pesos mensuales) va a “Rentas Generales”, a partir de que esos recursos los percibe la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, creada por el intendente Daniel Gómez Gesteira a fines del año pasado.
La importante “caja” recaudadora, entonces, podrá ser utilizada con alguna discrecionalidad por el Ejecutivo; no sucederá lo mismo si el manejo de los recursos los hace un ente autárquico que, no solo debe abocarse a administrar exclusivamente lo referente al servicio que gestionaría y asignar los ingresos en función del mismo, sino que, además, estará sujeto al control del Tribunal de Cuentas Municipal, que hoy no controla el oficialismo carlospacense.
