Política y Economía
Juristas internacionales plantean que el acuerdo de Argentina con el FMI debería anularse
Un estudio sostiene que el mayor programa en la historia del Fondo «fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto ‘ultra vire'».
Por Redacción El Resaltador • 14/01/2022 08:00 • Tiempo estimado de lectura: 2 minutos
Los juristas internacionales Karina Patricio Ferreira Lima y Chris Marsh realizaron un estudio en donde plantearon que el último acuerdo del Fondo Monetario Internacional firmado con Argentina durante el Gobierno de Macri, debería anularse.
Por ese programa, el país hoy le debe 44 mil millones de dólares al FMI, de los cuales al menos 2700 millones vencen en los próximos meses.
El recurso mediante el cual sostienen su postura es el «ultra vires», un principio jurídico que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley. Según explicaron los especialistas, el mayor programa en la historia del Fondo «fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto de ‘ultra vires’.»
«Analizando los fundamentos macroeconómicos del Acuerdo Stand By, no se cumplieron los requisitos sustantivos para el ejercicio de la competencia funcional del FMI de prestar apoyo a la balanza de pagos de Argentina», sentenciaron Ferreira Lima y Marsh.
Los autores
Karina Patricio Ferreira Lima es profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Leeds, donde trata temas de derecho económico y financiero, mientras que Chris Marsh es un exfuncionario del FMI y actualmente actúa como consultor senior de Exante Data, una consultora internacional de análisis macroeconómicos y de mercado.
Ambos concluyeron en que «el Fondo no aseguró las garantías adecuadas para la provisión de sus recursos generales, ya que el programa financiero inicial no contemplaba un ajuste externo, tenía supuestos poco realistas y un «agujero negro» contable de al menos 20.000 millones de dólares».
Todo ello, continuaron, «hizo que los objetivos cuantitativos del programa fuesen imposibles de cumplir», con lo que «el análisis de sostenibilidad de la deuda estaba destinado al fracaso, y los criterios de acceso excepcional no fueron evaluados razonablemente.
Por todo esto, y considerando que el país no cuenta con los recursos para saldar el programa, los autores afirman que «el programa debería considerarse nulo».
