Derechos Humanos
Secretaría de Derechos Humanos ¿de las fuerzas represivas?
Alberto Baños, ex juez reconocido por haber entrado en función en plena dictadura y ser cercano a las fuerzas de seguridad, es el reemplazante de Horacio Pietragalla Corti en la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
Por Redacción Enfant Terrible • 18/12/2023 13:41 • Tiempo estimado de lectura: 5 minutos
La Secretaría de Derechos Humanos no dejará de existir pero tendría un giro importante en su política de Memoria, Verdad y Justicia, al igual que sus acciones en post de erradicar la “violencia institucional”, dos de los ejes más emblemáticos que trabaja dicho organismo. La cartera ahora podría pasar a tener un rango menor de Subsecretaría, lo que implica un importante recorte en presupuesto para la ejecución de sus políticas.
El ex juez Alberto Baños, cuestionado por la misma Secretaría hace poco tiempo atrás por su ineficiente accionar frente al caso del policía porteño desaparecido Arshak Karhanyan, es su nuevo titular.
Las preocupaciones en los organismos de Derechos Humanos del país continúan aumentando a medida que el gobierno del libertario pro dictadura Javier Milei oficializa nombres y apellidos en áreas sensibles de la gestión, tal como lo representó la designación de Mariano Cúneo Libarona frente al Ministerio de Justicia, siendo este un defensor de genocidas y un íntimo amigo de Baños.
¿Baños de revanchismo?
A pesar de que en el día lunes, y después de 24 años, el Ministerio de Justicia dejó de incluir en su denominación oficial el término “Derechos Humanos”, el Ministro Cúneo designó en tal Secretaría al ex juez (jubilado en septiembre) que entró en funciones en plena dictadura y es conocido por su filosofía de “mano dura” y su amiguismo con las fuerzas de seguridad del país.
El día de ayer, el nuevo secretario asistió a la ex ESMA para comenzar con la transición junto al saliente Horacio Pietragalla Corti, hijo de Liliana Corti, desaparecida en la dictadura en 1976, un año antes que Baños ingresara a trabajar en el fuero civil porteño (1977), en pleno régimen de facto.
El desempeño como juez de Baños deja bastante que desear. Fue nombrado en la función que ocupó hasta este año por Carlos Menem en 1993, cuando no se rendía examen para la obtención de un juzgado. Un año más tarde reabrió la causa que investigaba el robo de las manos de Juan Domingo Perón, identificando a un grupo de agentes de inteligencia como responsables, pero nunca imputó a nadie. Más tarde le tocó hacerse cargo del vaciamiento de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas pero se excusó de resolverla alegando que había prescripto.
¿Cómplice de una desaparición forzada en democracia?
El año pasado, la Secretaría de Derechos Humanos criticó públicamente a Baños por no apartar a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el caso del uniformado desaparecido Arshak Karhanyan, siendo esta fuerza indicada como responsable de tal suceso, ya que la última persona que tuvo contacto con el joven de 27 años era un excompañero suyo en la División de Explosivos.
Hasta el día de hoy, la fuerza que ahora responde a Jorge Macri, sigue participando en la causa. Al mismo tiempo, el juez rechazó en su momento el planteo de la S.DDHH (querella en la causa) de considerar al caso como “desaparición forzada”. Finalmente, el magistrado dejó la causa sin una hipótesis firme ni imputados, prácticamente garantizó impunidad y dilató las investigaciones estando a cargo de la misma.
Ajeno al terreno de los Derechos Humanos, catalogado como un anti-garantista, Baños se hará cargo de la Secretaría que en la última semana fue víctima de hostigamiento político por parte de la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), que a través de un mensaje dirigido hacia el Presidente Javier Milei exigió el cierre de la Secretaría de DDHH al tiempo que calificó a los juicios contra los genocidas de la última dictadura cívico militar como acciones de “venganza”.
¿Será Baños quién junto a Cúneo efectivicen los deseos de los sectores pro dictadura?
En este sentido, si bien se espera que -como dijimos anteriormente- la Secretaría pase a Subsecretaría, la institución no dejaría de existir pero podría ser vaciada, o en el peor de los casos “llenada” con políticas contrarias a las que hasta hoy en día se estaban desarrollando. Tales últimas serían la asistencia jurídica, psicológica y política a las víctimas de la represión estatal/violencia institucional, el cumplimiento de las leyes de identidad y reparación para las víctimas de la última dictadura cívico militar, así como en el acompañamiento y presión en los juicios de lesa humanidad, entre otras.
¿Qué sucedería en Córdoba?
En la provincia, la Secretaría se abocó a la tarea de brindar acompañamiento jurídico a víctimas de gatillo fácil, como en los casos de Joaquín Paredes y Blas Correas, tanto como querellante o con amicus curiae, al tiempo que señalizó lugares dónde ocurrieron graves hechos de violencia institucional, como en los casos antes nombrados y también en sitios de memoria recuperados como la Casa de la Imprenta Roberto Matthews. Además, se hizo presente en los distintos juicios por lesa humanidad llevados a cabo este año en la provincia, aportando desde su lugar como querellante, rol clave para la obtención de sentencias favorables a las víctimas.
La institucionalización del negacionismo y de la ideología pro-dictadura conllevará un grave retroceso para un país reconocido mundialmente por ser uno de los pocos en juzgar con prisión y reparación a un proceso de genocidio.
Peligran los sitios de memoria, los juicios de lesa humanidad de la dictadura, pero también de la democracia y la posibilidad de que familias víctimas de gatillo fácil (asesinato estatal policial) cuenten con la garantía de una defensa digna y reconocida, frente a un poder judicial viciado de responsabilidades y complicidades con las fuerzas de seguridad.
FUENTE: Enfant Terrible.
