Córdoba, la Docta
UNC: Proyecto para modificar reglamento de eméritos
La Facultad de Ciencias Sociales ingresó al Consejo Superior un proyecto para excluir de la posibilidad de recibir esa distinción a quienes fueron funcionarios de la dictadura o hubieran legitimado su accionar.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) presentó ante el Consejo Superior un proyecto para modificar las condiciones que deben reunir los docentes titulares de esa casa de estudios (al jubilarse) para ser designados como profesores eméritos.
La iniciativa ingresa en el momento en que el Consejo Superior analiza un pedido de la Facultad de Derecho para que sean designados como profesores eméritos los abogados José Luis Palazzo y Edmundo Barbará, ambos docentes de esa unidad académica, que podría ser aprobado el próximo 15 de diciembre en la última sesión del año del máximo órgano de gobierno de la UNC.
El estatuto de la UNC dispone que pueden aspirar a ser nombrados eméritos los profesores titulares tras haberse jubilado en “virtud de haber revelado condiciones extraordinarias en la docencia, la investigación y la extensión”. La propuesta debe venir del Consejo Directivo de la facultad de origen o bien ser candidateados por el rector. Es el Consejo Superior de la UNC quien debe expedirse por mayoría para el otorgamiento del título.
El expediente que analiza actualmente el máximo órgano de gobierno de la UNC ha causado profundo malestar entre los consiliarios de distintas facultades debido a las condiciones de los profesores propuestos: tanto Palazzo como Barbará han sido funcionarios de la última dictadura cívico militar de 1976.
Derechos Humanos
El proyecto de Sociales establece que, para ser designado emérito, el docente “debe poseer una trayectoria de compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos”. Por lo tanto, quedarían excluidos quienes hubiesen desempeñado cargos durante gobiernos dictatoriales, como Palazzo y Barbará. Según la modificación de requisitos que elevó en su proyecto la mencionada facultad quedan fuera de la posibilidad de recibir esa designación “quienes se hubiesen desempeñado como funcionarios estatales con responsabilidades o asesoramiento político durante el Terrorismo de Estado (desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983)”. El apartado también excluye a aquellos profesores que se hubieran expresado públicamente a favor de la dictadura legitimando su accionar.
Previamente, se había pronunciado también la decana de la Facultad de Filosofía, Flavia Dezzutto, quien adelantó: “Más allá de los méritos académicos o científicos, ambos profesores tuvieron actuación en la última dictadura militar en organismos públicos”. “Esto –agregó la decana- está reñido con los valores que la universidad pública otorga a un profesor emérito: compromiso con la democracia y con las leyes y, por supuesto, con los Derechos Humanos”.
