Política y Economía
Agronegocios: la otra cara del lockout de la Mesa de Enlace
Por Informe especial ACNoticias • 13/01/2021 16:00 • Tiempo estimado de lectura: 9 minutos
El martes, el segundo día de la medida de fuerza dictada por las patronales agrarias, al escaso impacto del paro se sumaron denuncias de amenazas a camioneros, la anulación de las restricciones de parte del Gobierno Nacional y la suba del precio de la soja.
No resulta simple analizar, en estas últimas dos semanas, los vaivenes de la siempre tensa relación del Estado con el sector agroexportador. El 30 de diciembre se anunció la suspensión de las exportaciones de maíz hasta la próxima cosecha, en marzo. La idea fue, según se expresó desde el gobierno, garantizar el abastecimiento del grano al mercado interno. Quienes cuentan al maíz como insumo, en una cadena de producción que va desde el cerdo, el pollo, hasta aceites y bioetanol, habían trasladado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca la preocupación por el alto precio del grano en el mercado y la indefectible traslación a los precios finales en góndola, en especial de las carnes.
La respuesta de la Mesa de Enlace fue la habitual. Con la excepción de Coninagro (que dijo compartir el rechazo a la medida oficial, pero no la forma de la protesta), la Sociedad Rural, la Federación Agraria y Confederaciones Rurales decretaron un paro por 72 horas a partir del lunes 11. Denunciaron, como siempre, “intervencionismo estatal” y “desaliento a los productores”.
Como informó ACNoticias el martes, la medida de fuerza estuvo lejos de hacerse sentir. Miles de camiones confluyeron a los puertos cargados de maíz.
Los más exaltados ruralistas, entonces, buscaron el lunes y martes garantizar el lockout. Y recurrieron a métodos poco convencionales y violentos. La consabida “salida a las rutas” de los cerealeros importó en muchos casos el ejercicio de un poder de policía que no tienen: detención de camiones, amedrentamiento, amenazas a transportistas y control de la carga.
“En Pergamino y en Tucumán, los productores no están haciendo control de carga pero toman los datos de los camiones que se encuentran viajando e informan a los demás chacareros quiénes son los que venden los granos. En Bell Ville hubo mucho enojo de los productores contra Agricultores Federados Argentinos (AFA), vinculada a Federación Agraria, que según dicen, estaba enviando camiones al puerto. Hubo quema de neumáticos frente a la sucursal e incluso, colgaron un cartel que recriminaba ‘AFA traidor’» (Clarín, 12/01/20).
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que conducen Hugo y Pablo Moyano, denunció «aprietes y amenazas» a los choferes en varias rutas nacionales por parte de «chacareros» que adhieren a la medida de fuerza y que integran la denominada Mesa de Enlace.
El lunes, el primero de los días del cese de comercialización de granos, el Ministerio de Agricultura de la Nación, que venía negociando con el Consejo Agroexportador Argentino (CAA), emite un comunicado donde informa que “se decide dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz”, aunque poniendo un límite diarios de 30 mil toneladas.
El martes, en medio de las denuncias de aprietes a camioneros y violencia en las rutas, se conocieron varios videos a través de las redes sociales que reflejaban el comportamiento violento de los ruralistas. Desde la cartera que conduce Luis Basterra se comunicó que “se sustituirá el tope de 30 mil toneladas diarias por un monitoreo del saldo exportable del cereal, a partir de un acuerdo alcanzado con el CAA”.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la provisión del mercado interno y en ese esfuerzo se tensiona la relación con un sector clave de la economía, el que alcanza niveles extraordinarios de rentabilidad, que genera dólares cruciales para garantizar los insumos de la industria que se quiere reactivar y que impacta de manera directa en la economía doméstica, léase el costo de los alimentos que consume la población. Como si todo esto fuera poco, para desentrañar una salida posible, el precio de la soja parece no alcanzar un techo. Ayer subió 3,5 por ciento (U$S 17,5) en el mercado de Chicago. Al final del día estaba en los U$S 522,50 la tonelada. El valor máximo desde junio de 2014.
Posibles análisis
Con una relación dólar-peso que no presenta objeciones de parte de los exportadores (las presiones devaluatorias, exageradas por ciertos operadores financieros, por el momento están controladas), algunos analistas compararon el momento con lo sucedido en tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, en 2003. Contemplando que los exportadores de granos mantengan un nivel razonable de rentabilidad, se recurrió al instrumento más efectivo: aumento de los derechos de exportación o retenciones.
El alto precio alcanzado por los commodities en los mercados internacionales, obliga al Gobierno Nacional a tomar medidas. El riesgo de traslado a los precios de los alimentos es inevitable si no se actúa. Es responsabilidad del Estado cuidar los precios internos, el valor de los alimentos. Más allá de la simplificación de la frase “no es posible que un argentino o argentina pague el kilo de asado igual que un alemán”.
Se trata de garantizar que los productores del sector tengan su margen, pero que sea razonable y no castigue con incremento de precios al mercado interno.
Pero en este escenario 2021, no resulta fácil explicarse las idas y venidas de las autoridades. Las interpretaciones, según desde el lugar que se pronuncien, varían. Por un lado, la drástica medida ministerial de “suspender la exportación de maíz” dictada el 30 de diciembre, se leyó como una muestra de firmeza ante la insensibilidad de los productores de granos, que por privilegiar la exportación estaban desabasteciendo al mercado interno. Desde la Mesa de Enlace (que hoy tendrá una nueva reunión, donde quizás se levante el lockout), se respondió con una exagerada medida de fuerza.
El entrerriano Jorge Chemes, (presidente de Confederaciones Rurales, que llegó a ser legislador nacional, en el grupo de los “agrodiputados” de 2009, radical y muy cercano al Pro) declaró a los medios que, si bien analizan el último paso del gobierno, la medida de fuerza continúa. Reconoció el dirigente que la situación es mejor que la anterior, pero que “el que se quema con leche ve una vaca y llora”. En la Mesa de Enlace ya se jactan de haberle torcido el brazo al Gobierno.
Y otra interpretación: las autoridades buscaron demostrar su voluntad negociadora y determinaron que el interlocutor es el Consejo Agroindustrial Argentino.
Se supone que a partir de los altos precios internacionales de los granos (y con tendencia a la suba) habrá nuevos capítulos en esta puja que se arrastra desde los orígenes mismos de la Nación. Puja por definir si Argentina va hacia la producción primaria sin ninguna intervención estatal o si, como tantas veces se dijo, se alentará la diversificación y se irá por un desarrollo industrial. Lo que está en juego es, ni más ni menos, el futuro de la gran mayoría de argentinas y argentinos. Para superar el difícil momento, empujar al despegue de la economía, alentar la generación de puestos de trabajo genuinos y una distribución de ingresos que permita reducir los altísimos niveles de pobreza.
Es clave entender que, si bien es importante que se incrementen las exportaciones y los productores tengan garantizada su rentabilidad, los granos se venden al mundo en dólares y los argentinos y argentinas cobran su salario o el ingreso que tengan en pesos. Desacoplar los precios internos de los internacionales es, entonces, imprescindible.
Rutas violentas
La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, salió ayer en defensa de sus trabajadores. «No sólo fueron amenazados sino que esos chacareros arrojaron la carga en las rutas, lo que genera un grave perjuicio a todos los ciudadanos. Estos y varios otros hechos de violencia constituyen un claro apriete desestabilizador contra el Gobierno nacional y todos aquellos que defienden una Patria justa para los argentinos», señalaron.
Los sindicalistas denunciaron que los empresarios rurales «se movieron hoy en grupo a bordo de sus 4×4 para cazar camiones en las rutas, al estilo del Lejano Oeste», y aseguraron que «de esa forma operan los defensores de la República, los dueños de la tierra, los señores feudales que persiguen a quienes trabajan a diario por y para la Argentina», remarcaron.
Los “piquetes de huelga” de los ruralistas se produjeron en distintas rutas. En algunos casos, con un nivel de violencia que, si hubiera partido de un sindicato, era merecedor de grandes títulos en tapa en los diarios de mayor tirada.
Los videos caseros viralizados ayer, muestran a quien sería referente de la protesta rural cuando junto a otros obliga a un camionero a descargar los granos en la ruta, para así garantizar el lockout.
Esta mañana se conoció que el fiscal Nicolás Gambini, de la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, inició de oficio una investigación a partir de la difusión de los videos en las redes sociales.
El productor en cuestión sería Germán Suárez, dirigente rural, del grupo de “autoconvocados”, de Bell Ville.
Suárez es conocido por su activismo en defensa del “campo”. Medios lo presentaron como productor que pasó de sembrar 15 hectáreas a 500 hectáreas. En 2019 hasta se dio el gusto de subir a su tractor al gobernador Juan Schiaretti.
La Voz del Interior publicó en junio del año pasado: “En la nómina de acreedores que integra el expediente del Concurso Preventivo de Vicentín (…), Suárez figura con un crédito a favor de 295.682,40 pesos. Pero a pesar de haber quedado “enganchado” en este default, Suárez es uno de los referentes del movimiento de productores autoconvocados en Córdoba y uno de los principales impulsores de las protestas contra el proyecto de expropiación de Vicentín”.
Las razones que mueven a los productores a oponerse a cualquier injerencia del Estado para regular sus negocios –que tienen repercusión en la economía nacional, en la canasta alimentaria- no parecen ser solo económicas, sino más bien político-ideológicas.
